Los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) desconocieron este viernes las elecciones presidenciales de Nicaragua realizadas el domingo pasado, en las que el actual presidente, Daniel Ortega, consiguió un nuevo mandato, al advertir que "no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática".
Con 25 votos a favor, uno en contra, 7 abstenciones –México entre ellas– y una ausencia, las delegaciones que participan en la 51 Asamblea General del organismo interamericano aprobaron una resolución promovida por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay sobre "La situación en Nicaragua".
La resolución deplora el caso omiso que el Gobierno del país centroamericano ha hecho a las iniciativas diplomáticas y técnicas emprendidas desde junio de 2018 por la OEA para promover la "democracia representativa y la protección de los derechos humanos" en Nicaragua.
Además, concluye, con base en los principios de la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, que las instituciones democráticas en el país centroamericano "han sido seriamente socavadas por el Gobierno".
En ese contexto, instruye al Consejo Permanente de la OEA a realizar una "evaluación colectiva inmediata" de la situación en ese país, de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, que deberá completarse "a más tardar el 30 de noviembre".
Tras ese periodo, esa instancia deberá tomar las "acciones apropiadas".
Previa a la votación de la iniciativa, el representante de Nicaragua, Michael Campbell, rechazó "de la manera más categórica el proyecto de resolución" que, aseguró, "se quiere imponer" en contra de su país en esta Asamblea General.
Además, denunció que entre sus proponentes se encontraba "un impostor, que usurpa el lugar de Venezuela", en alusión a la delegación del líder opositor Juan Guaidó, y advirtió que ello se suma la "ilegalidad y nulidad" de la resolución.
El pasado domingo, el líder sandinista fue reelegido para su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo en unos comicios generales que no han logrado el reconocimiento de la mayoría de la comunidad internacional.