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Activistas de derechos humanos en Venezuela encendieron alertas por la nueva ley de fiscalización de oenegés, aprobada el jueves por el Parlamento, al considerar que "profundizará la persecución" de críticos del presidente izquierdista Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude en su reelección.
El unicameral parlamento, controlado por el gobernante chavismo, votó unánimemente a favor de esta ley que ordena a las Organizaciones No Gubernamentales a inscribirse en un registro que será manejado por el Ministerio de Interior y hacer una "relación de donaciones" para su funcionamiento, en la que deben precisar si los fondos vienen de fuentes nacionales o extranjeras.
Esta Ley forma parte de un paquete legislativo solicitado por Maduro tras la crisis por las denuncias de fraude en su reelección el pasado 28 de julio. Las protestas que estallaron la noche de los comicios dejaron 25 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2 mil 400 detenidos.
Es "un golpe que busca finalmente controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y el país (...), amenazando con disoluciones y multas millonarias a las ONG que ya estamos consolidadas y cumplimos decenas de leyes e impuestos", criticó en un comunicado en la red social X la organización de derechos humanos PROVEA.
La ONG Acceso a la Justicia, por su parte, consideró en X esta ley como un "golpe definitivo contra la sociedad civil organizada y el espacio cívico en Venezuela". Mientras que, Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, sostuvo que se trata de "una norma que concreta la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil".
Las oenegés son claves en las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela, entre la opacidad de las fuentes oficiales, y a su vez son blanco frecuente de ataques de altos funcionarios del gobierno, que suelen acusarlas de funcionar como "fachadas" para conspirar contra Maduro con financiamiento de Estados Unidos y otros países.
Esta ley fue planteada en enero de 2023 por el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, quien acusó a más de 60 oenegés de "desestabilizar" el país. La aprobación fue pospuesta en dos ocasiones en medio de críticas.
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El abogado de los derechos humanos, Eduardo Torres, expresa que el gobierno de Maduro "busca eliminar una línea de defensa que tienen los venezolanos, que en estos 25 años de chavismo ha acompañado a las víctimas".
Dicha ley se aprueba en un contexto de profundización de la represión poselecciones, y deriva a que el incumplimiento de la misma genere multas que pueden llegar a 10 mil dólares. en países como Cuba, Nicaragua, Guatemala y Bolivia, existen normas similares
Gobierno venezolano acusa campañas de odio
El paquete de leyes pedido por Maduro incluye también una para "castigar" al "fascismo", término con el que el oficialismo suele calificar a sus detractores.
Se planteó igualmente en la Asamblea Nacional una ley de redes sociales, que según Maduro son utilizadas para generar violencia y lanzar "campañas de odio". El mandatario ordenó suspender X por 10 días y promueve un boicot contra WhatsApp.
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Plataformas de información y entretenimiento han sido bloqueadas por proveedores de Internet.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, había instado a las autoridades a frenar la aprobación de "leyes que socaven el espacio cívico y democrático" y expresó preocupación por las masivas detenciones.
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Su portavoz, Ravina Shamdasani, describió un "clima de miedo" en el que "es imposible aplicar los principios democráticos y defender los derechos humanos".
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