El periodista Marlon Powell, considerado por la oposición como un "preso político" del Gobierno de Nicaragua, fue trasladado a "El Infiernillo", el peor calabozo del país, informó este domingo una fuente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
Powell, conocido por emitir opiniones antigubernamentales en una radioemisora de la ciudad de Masaya (Pacífico), fue trasladado a "El Infiernillo" junto con otros 5 "presos políticos" el sábado, afirmó el abogado de la CPDH, Julio Montenegro.
"El Infiernillo" es una celda aislada en el centro penitenciario más grande de Nicaragua, conocido como "La Modelo", que las autoridades utilizan como calabozo de castigo, según los presos, debido a las pésimas condiciones en su interior.
Las personas que han pasado por dicho calabozo afirman que es un lugar oscuro, donde apenas entra el aire, con temperaturas sofocantes durante el día y frías en la noche, insalubre, con acceso limitado al agua, y plagado de insectos, cucarachas, zancudos, alacranes.
Junto con Powell fueron llevados Lenín Antonio Salablanca Escobar, Emmanuel Dávila Largaespada, Roberto José Cruz Altamirano, Moisés Cáceres y Róger Espinoza Méndez, todos considerados "presos políticos", según detalló Montenegro.
Algunos de los "presos políticos" más conocidos de los que han estado o se encuentran en "El Infiernillo" son el líder campesino Medardo Mairena, el dirigente juvenil Yubrank Suazo y el periodista Miguel Mora.
Los reos forman parte de una lista de al menos 809 convictos que, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, son utilizados como "rehenes" por el Gobierno del presidente Daniel Ortega, en medio de la peor crisis sociopolítica de Nicaragua en décadas.
La CPDH ha denunciado que los "presos políticos" sufren actos de tortura y trato inhumano dentro de las cárceles de Nicaragua.
El Gobierno, que reconoce 468 reos, a quienes llama "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes", ha prometido excarcelar a todos a más tardar el 18 de junio, no obstante, el Comité exige la liberación absoluta, con base en que la Constitución de Nicaragua garantiza el derecho la libertad de expresión.
La crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 ha dejado 325 muertos en los últimos 13 meses, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos humanitarios locales elevan la cifra hasta 568 víctimas, y el Gobierno reconoce 199.
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