El expresidente peruano Pedro Castillo pidió a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo visite "de manera urgente" en la prisión de Lima, pues asegura está "privado arbitrariamente" de sus derechos.
El exmandatario cumple 18 meses de prisión preventiva tras haber sido destituido por intentar cerrar el Congreso y gobernar por decreto, por lo que decidió publicar un comunicado ante la visita de la CIDH en el Perú, suscrito por su abogado, Wilfredo Robles Rivera.
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"Expreso mi preocupación ante lo sucedido y solicito que se concrete, de manera urgente, tan importante reunión de la comisión de la CIDH y mi defensa legal", sostuvo Castillo.
En el comunicado, Robles se dirige "a la comunidad internacional y al pueblo de Perú" para señalar que este martes se solicitó a la CIDH, por gestiones de la organización Red Nacional de Derechos Humanos, "una reunión con el presidente Pedro Castillo con presencia de su abogado defensor".
Agregó que la secretaria ejecutiva del organismo respondió que "dentro de la agenda del equipo técnico de la CIDH, está programada una visita" al exgobernante encarcelado.
Indicó, sin embargo, que al momento de publicar su comunicado la CIDH "no ha contactado" con la defensa de Castillo "a los fines de concretar detalles de la reunión" y manifestó su temor de que ese encuentro "no se dé por posibles presiones políticas".
Robles también expresó su preocupación "ante el silencio y retardo de este organismo" sobre una solicitud de medida cautelar que presentó a favor de su patrocinado.
El abogado aseguró que publicó el comunicado para hacer "del conocimiento público esta situación, para estar alerta y no se politice la visita de la CIDH a favor de los intereses del Gobierno" que preside Dina Boluarte, al que calificó de "de facto".
La visita de la CIDH a Perú
Boluarte reemplazó a Castillo, por sucesión constitucional, el pasado 7 de diciembre, el mismo día en que el exgobernante fue destituido por el Congreso por intentar disolver el Legislativo, gobernar por decreto, intervenir en la Judicatura y convocar a una asamblea constituyente.
Tras la detención de Castillo y su reemplazo por Boluarte, quien era su vicepresidenta, estallaron protestas en varias regiones del país, sobre todo en el sur, que la semana pasada desencadenaron en manifestaciones violentas que han dejado 27 muertos.
Los manifestantes, que durante esta semana han realizado protestas pacíficas, reclaman la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente.
La jefa de Estado recibió este martes en el Palacio de Gobierno, junto con la canciller, Ana Cecilia Gervasi, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, a una comitiva liderada por la secretaria ejecutiva de la CIDH, María Claudia Pulido.
El Gobierno peruano invitó a la CIDH a visitar el país el pasado jueves, cuando entró en vigor el estado de emergencia nacional para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía en el control del "orden interno" en respuesta a las protestas.
La Presidencia de Perú indicó que la invitación a la CIDH buscó "contribuir a la paz, al diálogo y a la transparencia de los actos del Estado ante la situación que vive el país".
La CIDH señaló, por su parte, que la visita técnica tiene como objetivo "dialogar sobre la actual crisis institucional y las protestas en el país".
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