Tras un extenso debate, la Cámara de Diputados de Chile aprobó un juicio político en contra del presidente, Sebastián Piñera, por su vinculación en la polémica venta de la empresa minera Dominga a través de un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes, que se reveló en los Pandora Papers.
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Los diputados reunieron los 78 votos que necesitaban para que la acusación que busca destituir al presidente avance al Senado. Tres diputados se abstuvieron en la votación y 67 rechazaron el juicio.
Tras la decisión, el mandatario no puede salir del país, aunque seguirá ejerciendo sus funciones hasta que la acusación llegue a la Cámara de Senadores, que fungirá como jurado para sellar el futuro de Piñera, el primer presidente que enfrenta un juicio político en los 31 años de la democracia chilena.
En el Senado se necesitan 29 votos para que la acusación progrese. Sin embargo, según diversos analistas políticos, ésta no contaría con el respaldo necesario para que el presidente sea destituido porque la oposición tiene 24 escaños.
"Estamos viviendo un momento histórico y ha sido posible con la unidad de la oposición", dijo el diputado socialista Jaime Naranjo, quien realizó un discurso de 15 horas para leer mil 300 páginas de argumentos a favor de la acusación.
La táctica dilatoria buscaba dar tiempo a que se sumara otro diputado, Giorgio Jackson, que estaba en cuarentena hasta la medianoche por haber sido contacto estrecho del candidato presidencial de izquierda Gabriel Boric, quien dio positivo a Covid-19.
"Lo que hemos visto ha sido un show", dijo Juan José Ossa, ministro secretario general de la Presidencia. "Sentimos mucha tristeza por esta herida que se le ha hecho al país".
"Un golpe que puede dejar heridas"
El abogado de Piñera, Jorge Gálvez, cerró su defensa expuesta durante cinco horas ante el plenario y enfatizó: "Les ruego, honorables diputados y diputadas, rechazar esta injusta e improcedente acusación constitucional".
"Esta acusación puede ser un un golpe que puede dejar heridas para los siguientes gobiernos", advirtió el abogado del mandatario.
La acusación constitucional, como se conoce en Chile este recurso que busca la destitución del presidente Piñera –quien está en la recta final de su segundo gobierno iniciado en marzo de 2018–, fue presentada la primera semana de octubre por el arco de la oposición socialista y de izquierda.
El debate empezó a las 10:25 horas de la mañana del lunes por el diputado socialista Naranjo, quien en su larga exposición pidió que en Chile "se termine la impunidad" de quienes tienen poder. Esta fue una de las frases más escuchadas y su contenido tiene un enorme eco en este país tras la crisis social que estalló en 2019.
Al destacar que en el caso de la minera Dominga se realizó una supuesta negociación incompatible, Naranjo dijo: "Actuando como Presidente se benefició (a sí mismo) y a su familia de modo directo, con información que tenía en el ejercicio de su cargo".
"Y siguió negociando e hizo subir el precio de Dominga", sostuvo sobre la operación realizada en 2010, cuando el mandatario asumía su primer gobierno.
Dominga sin protección ambiental
La investigación de los medios locales CIPER y LaBot, incluidos en los Pandora Papers, reveló que los hijos del mandatario vendieron Dominga en 2010 al empresario Carlos Alberto Delano –íntimo amigo de Piñera– por 152 millones de dólares.
La transacción, que en su mayoría se realizó en Islas Vírgenes, tuvo lugar durante el primer gobierno de Piñera (2010-2014).
La operación se tenía que hacer en tres cuotas, y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a "que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas".
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Gálvez negó que Piñera "haya intervenido en la decisión de venta del proyecto" y también descartó que haya favorecido a Dominga al no concretar ninguna acción de protección ambiental.
Piñera, un rico empresario de 71 años, quien fue el primer presidente de derecha (2010-2014) después de 20 años de gobiernos de izquierda tras el retorno a la democracia, enfrenta la acusación con un rechazo a su gestión del 79% según últimas encuestas.
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