Francia prohibe las terapias de conversión; ¿dónde más se castiga el Ecosig?

Aquí te damos a conocer qué otros países prohíben este tipo de terapias, que incluso atentan contra los derechos humanos de quienes son sometidos a ellas

Fernanda Avila | El Sol de México

  · miércoles 26 de enero de 2022

La comunidad LGBT + celebró la decisión de los diputados franceses. | Foto: AFP

El mundo está dando nuevos pasos a favor de la comunidad LGBT+, que sigue en su lucha por ser aceptada y respetada, pues hoy Francia demostró su apoyo al aprobar una ley en su beneficio: prohibir las ECOSIG o también llamadas terapias de conversión.

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Pero, ¿sabes lo que significa y qué otros países se han sumado para aprobar leyes en contra de estos procedimientos? Aquí te explicamos los detalles de lo que está sucediendo a nivel mundial en relación a este importante tema.

¿Qué significa ECOSIG?

De acuerdo con la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA, por sus siglas en inglés), ECOSIG significa Esfuerzos por Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género, popularmente conocidas como terapias de conversión, que atentan contra la salud, el bienestar y los derechos humanos de las personas que son sometidas a ellas.

¿Qué es la terapia de conversión?

ILGA define a la terapias de conversión como una práctica pseudocientífica y dañinas utilizadas para intentar alterar la expresión de género, la identidad de género o la orientación sexual de una persona.

Durante mucho tiempo, la experimentación y el abuso estuvieron presentes en dichas prácticas caracterizadas por la aplicación de terapias de electrochoque, internamientos forzados y hasta supuestos exorcismos para obligar a las personas a cambiar su orientación sexual.

Sin embargo, desde 1990, la Organización Mundial de la Salud determinó que la homosexualidad no es una enfermedad y desde 2018 se dejó de considerar la transexualidad como un trastorno mental.

Países que prohiben las terapias de conversión

Francia

Francia es el país que más recientemente se sumó a la lista. El 14 de diciembre de 2021, el Senado francés aprobó una ley para sancionar a quienes impartan ‘terapias de conversión’ con hasta 2 años de cárcel. Asimismo, a los responsables de dicho delito se les impondrán multas de hasta 30 000 euros.

Canadá

Canadá aprobó 7 de diciembre de 2021 una reforma al Código Criminal para establecer sanciones de hasta 5 años de prisión a quienes impartan dichas terapias.

También se contemplan sanciones para quienes promuevan este tipo de prácticas o envíen a alguien al extranjero para recibirlas. La reforma entra en vigor el 7 de enero de 2022

Alemania

Alemania aprobó el 5 de junio de 2020 una reforma impulsada por el Ministerio de Sanidad para castigar con 1 año de prisión a quienes impartan los Ecosig.

Malta

En 2016, Malta fue el primero en Europa que aprobó una ley que sanciona con 1 año de cárcel a quienes impartan Ecosig. La prohibición aplica tanto para profesionales de la salud como a quienes no lo son. Además, permite a las víctimas exigir la reparación del daño.

Ecuador

En 2012, el Ministerio de Salud Pública de Ecuador emitió un acuerdo para prohibir a las instituciones de salud impartir Ecosig.

Posteriormente, en 2014 el Congreso reformó el Código Penal para considerar las ‘terapias de conversión’ como una agravante al delito de tortura.

Brasil

De Latinoamérica, Brasil fue el pionero cuando en 1999 el Consejo Federal de Psicología (CFP), organismo autónomo vinculado al Ministerio del Trabajo, prohibió la patologización de la homosexualidad, es decir, que psicólogos con licencia no tenían permitido impartir tratamientos coercitivos no solicitados a las personas LGBT+.

En 2017, un juez avaló la impartición de Ecosig. Sin embargo, en 2019 la Corte Suprema revocó la decisión.

Por otro lado, hay países donde los Ecosig solo se prohíben en algunas provincias, estados o entidades.

Tal es el caso de México, donde siete estados sancionan la impartición de dichas prácticas.

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En España se prohíben las ‘erapias de conversión en las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, Valencia y Aragón, además de la región de Murcia y en Estados Unidos 21 estados también lo castigan.