Washington.- La política migratoria de Donald Trump y su decisión de abandonar el consejo de Derechos Humanos de la ONU han provocado un rechazo prácticamente unánime dentro y fuera de Estados Unidos y han situado al mandatario en uno de los momentos más complicados desde su llegada a la Casa Blanca, hace año y medio.
Las imágenes de los niños solos y encerrados en recintos, en algunos casos divididos a modo de jaulas, han generado un repudio sin precedentes a la decisión de Trump de separar a los hijos de los padres de inmigrantes indocumentados en la frontera sur, además de provocar una fuerte indignación en la opinión pública mundial.
Las mayores críticas al Gobierno, que reconoció la semana pasada haber separado de sus padres a 2.000 menores de edad que cruzaron de forma irregular la frontera entre el 19 de abril y el 31 de mayo, proceden de la oposición demócrata y grupos de defensa de derechos humanos, pero también de dirigentes republicanos y países vecinos.
Los últimos en rebelarse han sido varios gobernadores, que han cancelado su aportación a la militarización de la frontera con México ordenada por Trump.
Aunque la mayoría son demócratas, como los de Carolina del Norte, Connecticut, Delaware, Pensilvania, Nueva York o Rhode Island, también hay republicanos, como los de Massachusetts, Maryland, Nebraska o Florida, Rick Scott.
Este último instó a Trump a "detener" la separación y pidió información sobre la reapertura de un albergue para estos menores en Homestead, al sur de Miami y donde ayer se impidió la entrada al senador Bill Nelson.
Mientras, el estado de Nueva York anunció que demandará al Gobierno federal por violar los derechos constitucionales de padres e hijos separados en la frontera, de los cuales más de 70 han sido trasladados a la "Gran Manzana" desde abril pasado.
"Los niños están siendo usados básicamente como moneda de cambio ante el Congreso para obtener lo que la administración quiere", dijo el gobernador del estado, Andrew Cuomo, a la prensa.
También han sido muy críticos destacados dirigentes republicanos, como su líder en el Senado, Mitch McConnell.
"Yo y todos los miembros de la conferencia republicana apoyamos un plan que mantenga unidas a las familias mientras se determina su estatus migratorio", señaló McConnell, que espera un rápido acuerdo con los senadores demócratas sobre una ley que ponga fin a estas rupturas familiares.
Horas antes, Trump había reafirmado su apoyo a la política de "tolerancia cero" y asegurado que los culpables son los demócratas, que pretenden que la inmigración ilegal "infeste" el país.
El Gobierno ha admitido que la separación de los niños de sus familias en la frontera tiene como fin disuadir la inmigración ilegal, una táctica que ya había adelantado hace un año el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, que podría adoptar.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) reclamó por su parte que si el Gobierno continúa con las medidas, asegure al menos la reagrupación de las familias separadas.
El pasado fin de semana, el Gobierno permitió el acceso de periodistas al centro de detención de Casa Padre en Bronwsville (Texas), donde comprobaron cómo los niños conviven en un antiguo almacén con habitaciones sin puertas ni techos.
En el extranjero, las mayores críticas proceden de los países de origen de los inmigrantes, como México, El Salvador o Guatemala, cuyo presidente, Jimmy Morales, aseguró hoy que la "grandeza y nobleza" de EEUU están en juego con una política que ha separado a 2.000 niños, de los cuales 465 son guatemaltecos.
También México plantó cara a Trump al calificar de "inhumana y cruel" las medidas, mientras Honduras pidió un cambio ante lo que calificó de situación "alarmante" y dijo que contra quien hay que luchar es contra los "traficantes y tratantes de personas".
En medio de toda esta polémica, EEUU anunció anoche su retirada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una decisión "decepcionante, pero no sorprendente" para la ONU.
En una rueda de prensa sin preguntas en Washington, la embajadora ante la ONU, Nikki Haley, justificó la decisión por las posturas de países como China, Venezuela, Cuba o la República Democrática del Congo, que, a su juicio, "no respetan" los derechos humanos.
Esta retirada es el último rechazo de EEUU a sus compromisos multilaterales tras abandonar la Unesco, el Acuerdo climático de París y el pacto nuclear con Irán, y aleja cada vez más al país más industrializado del mundo del consenso internacional.
Washington.- La política migratoria de Donald Trump y su decisión de abandonar el consejo de Derechos Humanos de la ONU han provocado un rechazo prácticamente unánime dentro y fuera de Estados Unidos y han situado al mandatario en uno de los momentos más complicados desde su llegada a la Casa Blanca, hace año y medio.
Las imágenes de los niños solos y encerrados en recintos, en algunos casos divididos a modo de jaulas, han generado un repudio sin precedentes a la decisión de Trump de separar a los hijos de los padres de inmigrantes indocumentados en la frontera sur, además de provocar una fuerte indignación en la opinión pública mundial.
Las mayores críticas al Gobierno, que reconoció la semana pasada haber separado de sus padres a 2.000 menores de edad que cruzaron de forma irregular la frontera entre el 19 de abril y el 31 de mayo, proceden de la oposición demócrata y grupos de defensa de derechos humanos, pero también de dirigentes republicanos y países vecinos.
Los últimos en rebelarse han sido varios gobernadores, que han cancelado su aportación a la militarización de la frontera con México ordenada por Trump.
Aunque la mayoría son demócratas, como los de Carolina del Norte, Connecticut, Delaware, Pensilvania, Nueva York o Rhode Island, también hay republicanos, como los de Massachusetts, Maryland, Nebraska o Florida, Rick Scott.
Este último instó a Trump a "detener" la separación y pidió información sobre la reapertura de un albergue para estos menores en Homestead, al sur de Miami y donde ayer se impidió la entrada al senador Bill Nelson.
Mientras, el estado de Nueva York anunció que demandará al Gobierno federal por violar los derechos constitucionales de padres e hijos separados en la frontera, de los cuales más de 70 han sido trasladados a la "Gran Manzana" desde abril pasado.
"Los niños están siendo usados básicamente como moneda de cambio ante el Congreso para obtener lo que la administración quiere", dijo el gobernador del estado, Andrew Cuomo, a la prensa.
También han sido muy críticos destacados dirigentes republicanos, como su líder en el Senado, Mitch McConnell.
"Yo y todos los miembros de la conferencia republicana apoyamos un plan que mantenga unidas a las familias mientras se determina su estatus migratorio", señaló McConnell, que espera un rápido acuerdo con los senadores demócratas sobre una ley que ponga fin a estas rupturas familiares.
Horas antes, Trump había reafirmado su apoyo a la política de "tolerancia cero" y asegurado que los culpables son los demócratas, que pretenden que la inmigración ilegal "infeste" el país.
El Gobierno ha admitido que la separación de los niños de sus familias en la frontera tiene como fin disuadir la inmigración ilegal, una táctica que ya había adelantado hace un año el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, que podría adoptar.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) reclamó por su parte que si el Gobierno continúa con las medidas, asegure al menos la reagrupación de las familias separadas.
El pasado fin de semana, el Gobierno permitió el acceso de periodistas al centro de detención de Casa Padre en Bronwsville (Texas), donde comprobaron cómo los niños conviven en un antiguo almacén con habitaciones sin puertas ni techos.
En el extranjero, las mayores críticas proceden de los países de origen de los inmigrantes, como México, El Salvador o Guatemala, cuyo presidente, Jimmy Morales, aseguró hoy que la "grandeza y nobleza" de EEUU están en juego con una política que ha separado a 2.000 niños, de los cuales 465 son guatemaltecos.
También México plantó cara a Trump al calificar de "inhumana y cruel" las medidas, mientras Honduras pidió un cambio ante lo que calificó de situación "alarmante" y dijo que contra quien hay que luchar es contra los "traficantes y tratantes de personas".
En medio de toda esta polémica, EEUU anunció anoche su retirada del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una decisión "decepcionante, pero no sorprendente" para la ONU.
En una rueda de prensa sin preguntas en Washington, la embajadora ante la ONU, Nikki Haley, justificó la decisión por las posturas de países como China, Venezuela, Cuba o la República Democrática del Congo, que, a su juicio, "no respetan" los derechos humanos.
Esta retirada es el último rechazo de EEUU a sus compromisos multilaterales tras abandonar la Unesco, el Acuerdo climático de París y el pacto nuclear con Irán, y aleja cada vez más al país más industrializado del mundo del consenso internacional.
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