La historia de la humanidad está plagada de conflictos armados, y de la mano de ellos va el reclutamiento de menores para participar en ellos. Conforme las tecnologías militares han avanzado, el armamento se ha vuelto más económico y fácil de usar, lo que facilita su uso por niños, así como la escalada de enfrentamientos sociales hasta choques entre grupos paramilitares.
A partir de las Segunda Guerra Mundial, la concepción de los conflictos bélicos se revolucionó. Contrastando las guerras anteriores, que se realizaban en campos abiertos, un ejercito contra otro, los enfrentamientos posteriores a la segunda mitad del Siglo XX adquirieron la dimensión de "guerra total".
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La participación de niños en conflictos armados ocupa los primeros lugares de la agenda de organismos internacionales en pro de la infancia. De acuerdo con UNICEF, en el mundo existen alrededor de 300 mil niños soldados.
Niños armados en Latinoamérica
Si bien la historia de Latinoamérica está marcada por movimientos armados, el reclutamiento de niños en ellos puede datarse en la segunda mitad del Siglo XX. El contexto de desigualdad social y la constante crisis económica y política son el caldo de cultivo perfecto para este mal que arrebata la infancia a los niños de América Latina.
Los grupos paramilitares en Colombia, que llevaron la guerra de guerrillas a todo el país a partir de los años 70'; las pandillas, conocidas como "maras" en el triángulo de norte de Centroamérica –El Salvador, Honduras, Guatemala–, que surgieron en los 80' como consecuencia de la deportación masiva de migrantes desde Estados Unidos, son algunos de los motores que mantienen andando la formación de niños soldados.
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México no es la excepción en este problema, aunque quizá el tema cobró relevancia hacia el final de de la primer década de los 2000 y el inicio de la segunda, con la formación de las llamadas "autodefensas", principalmente en los estado de Michoacán y Guerrero, donde el Estado se ha visto abrumado por el poderío de los grupos de la delincuencia organizada que operan en esas entidades.
Guerrillas en Colombia
Los conflictos armados en Colombia comenzaron en la década de 1970, una década después del triunfo de la Revolución Cubana, con el propósito de llevar la justicia social al pueblo. Sin embargo, las guerrillas terminaron convirtiéndose en un núcleo de violencia para el país, al igual que los grupos paramilitares que el Estado puso en marcha para contrarrestarlos.
De acuerdo con un informe de Human Rights Watch (HRW), al menos uno de cada cuatro combatientes en los conflictos colombianos son menores de edad. A pesar de que la Convención de Ginebra y la Convención sobre los derechos del Niño prohíben el reclutamiento de menores de 18 años, esta práctica continúa, tanto por los movimientos insurgentes como por los grupos auspiciados por el Estado.
La mayoría de los niños son reclutados alrededor de los 12 años, aunque existen registros de casos de menores reclutados con apenas ocho. Las primeras tareas que realizan consisten principalmente en vigilancia, recolección de insumos y obtener información; sin embargo, en ocasiones se les usa de avanzada o para transportar explosivos.
Cuando cumplen 13 años, la mayoría de los niños soldado han recibido entrenamiento con armas automáticas, granadas y explosivos. En el mismo sentido, tanto guerrillas como paramilitares instruyen a los menores en el ensamblajes de minas terrestres, y su primer contacto directo con e combate suele ser la siembra de estos dispositivos en algún campo.
El trato que reciben los menores de edad en los conflictos armados no se diferencia en nada con el de los adultos. De acuerdo con declaraciones recopiladas por HRW, los niños que incurren en alguna falta a los códigos del grupo al que perteneces son obligados a cavar trincheras, despejar el campo o recolectar madera. Las transgresiones más graves se tratan en consejos de guerra, donde la posibilidad de una sentencia de muerte en cosa seria.
Según testimonios de ex niños soldado, cuando se lleva a cabo una ejecución, suelen ser otros niños quienes la ejecutan. En ocasiones, los mandos superiores escogen deliberadamente a los ejecutores por ser amigos del sentenciado.
De la misma manera, los menores son obligados a participar en las torturas aplicadas a los miembros de otros grupos que son capturados: clavar agujas bajo las uñas, cortar dedos y extremidades, o lacerar caras.
Las maras en Centroamérica
Las pandillas en el Triángulo Norte de Centroamérica tienen su origen en las colonias de migrantes en Estados Unidos. En este sentido, el caso particular de El Salvador es particularmente ilustrativo.
Con el estallido de la guerra civil en los años 80', las comunidades más pobres del país salieron con rumbo a Estados Unidos en busca de seguridad y un mejor futuro para sus familias. Sin embargo, al llegar al Norte, lo que encontraron fue dificultades económicas y sociales, falta de oportunidades y discriminación.
La mayoría de las familias migrantes se instalaban en barrios pobres, generalmente dominados por pandillas. Uno de los casos más conocidos es el de la Pandilla 18, conformada por mexicoamericanos. Para hacer frente a los hostigamientos de las pandillas, los jóvenes centroamericanos crearon La Mara Salvatrucha (MS13).
En la década de los 90', tras la culminación del conflicto en El Salvador y el endurecimiento de la política migratoria en EU, el ritmo de las deportaciones se incrementó notablemente.
Las secuelas de la guerra civil en su país natal fueron tierra fértil para la proliferación de las pandillas: arraigo de la cultura de la violencia, débiles estructuras de seguridad estatales y el libre tránsito de armas entre civiles.
Entre los más jóvenes, las pandillas se convierten en la estructura que sustituye el inexistente tejido social, producto de la precarización de las clases más bajas. Se sabe que las maras tienen estrictos códigos internos, así como una fuerte identidad colectiva, que llega a los extremos de dar la vida, si es necesario, por defender a su grupo.
Las pandillas encontraron en las zonas marginales de las metrópolis el semillero perfecto para sus nuevos reclutas. Allí, los niños y adolescentes de ambos sexos son amenazados para integrarse en las clicas –subestructuras de las maras–, células conformadas para ejercer un mejor control territorial.
Además de la coacción mediante amenazas a las familias, los menores generalmente son orillados al consumo de narcóticos, para facilitar su control. El interés que muestras las pandillas en los menores de edad se fundamenta principalmente en el trato que reciben ante la ley.
En El Salvador, los menores de edad pueden pasar un máximo de 15 años en prisión, mientras que los menores de 12 años no están sujetos a ninguna clase de fuero judicial.
Como suele suceder con los grupos delicuenciales organizados, las maras han penetrado las estructuras sociales más básicas. Mientras extienden su territorio, más escuelas quedan bajo su dominio, y en ellas presionas a los menores para formar parte de ellas.
Las estructuras educativas públicas se ven fácilmente superadas por la influencia de las pandillas, que imponen, incluso dentro de las aulas, la ley del más fuerte. Representada en este caso por los niños miembros de una mara. De esta manera, la cultura de las pandillas se incrusta desde uno de los espacios que debería propiciar la formación de nuevos ciudadanos.
Lo mismo ocurre en las comunidades. Las decisiones y las rutinas de la sociedad obedecen a los designios de las maras. Las actividades nocturnas en los territorios dominados por alguna pandilla están vetadas, ya que representan un riesgo inminente para la vida.
Los padres en muchas ocasiones abandonan sus empleos para poder cuidar de sus hijos, ya que existe el temor de que sean reclutados por algún grupo. En el caso de las niñas el riesgo es aún más grande, pues no sólo su edad las vuelve presas de las pandillas, sino las construcciones sociales de género.
Tanto en las guerrillas y los grupos paramilitares de Colombia, como en las maras de Centroamérica, las niñas se convierten en esclavas sexuales, destinadas a tareas del "hogar", sometidas a una doble violencia desde temprana edad.
Autodefensas en Michoacán y Guerrero
México tiene una larga historia con los cárteles de la droga. Algunas de las organizaciones delictivas más peligrosas a nivel mundial tienen su origen en el trasiego de droga a través del país hacia Estados Unidos.
En este contexto, a partir de la implementación de una estrategia militar durante el sexenio de Felipe Calderón, algunas de las zonas rurales del país se vieron asoladas por enfrentamiento entre las fuerzas del Estado y grupos delicuenciales que se mostraban cada vez más violentos con el fin de controlar los territorios.
Estados como Michoacán y Guerreo concentran la mayoría de las agrupaciones civiles que tomaron las armas en un intento de contener el avance de los cárteles en sus comunidades. Los niños no lograron escapar al olor de la pólvora.
Para los menores en estas comunidades existen sólo dos opciones: tomar las armas de las autodefensas o las del narco.
Como ya vimos en el caso de las pandillas en Centroamérica, los narcotraficantes en México ocupan la violencia ara amedrentar a las comunidades, particularmente a los más jóvenes, bajo amenazas de muerte.
En los casos menos extremos, los menores son deslumbrados por el despilfarro de dinero que presumen los cárteles de la droga. Cercados por la marginalidad y la falta de oportunidades para el desarrollo, muchos niños se unen a las filas de las organizaciones criminales, en las que pueden recibir hasta 500 pesos diarios como pago, el doble del salario promedio nacional.
Las motivaciones para integrarse a las autodefensas son igualmente brutales. La cantidad de comunidades desplazadas debido a la violencia ejercida por la delincuencia organizada es inverosímil. En este marco, los niños se unen a los hombre de mayor edad para intentar defender sus comunidades.
Recientemente salió a la luz el caso del municipio de José Joaquín Herrera, en la Montaña de Guerrero. Las fotografías divulgadas mostraban a un grupo de cerca de 30 menores portando armas, luego de haber entrenado para integrarse a la policía comunitaria.
Guerrero es uno de los estados más pobres y violentos de la República. Sus montañas son el lugar perfecto para la siembra de amapola, por lo que los cárteles de la droga se disputan constantemente los territorios de la zona y dejan en medio del fuego cruzado a las comunidades que ahí se asientan.
Apenas hace unos meses, el 30 de abril, un grupo de niños salió a protestar, exigiendo al Estado mexicano la salvaguarda de sus derechos.
Durante la manifestación, los niños cambiaron sus armas por juguetes y pancartas en las que se leían algunas consignas, como "Ni pistolas, ni amapola, queremos conocer las olas".
Menores en grupos de choque y el estallido de protestas en Cuba
El tema del uso de menores en conflictos armados en Latinoamérica volvió a ponerse sobre la mesa luego de las denuncias en varios medios de comunicación y redes sociales en contra del gobierno cubano, pues supuestamente recluta menores de edad en las comunidades de la isla para reprimir las protestas en su contra.
De acuerdo con los señalamientos, los "voluntarios" no pueden negar, ya que podrían ser detenidos por las autoridades. Si las familias de los jóvenes llegaran a oponer resistencia, en el mejor de los casos serían detenido, pero podrían simplemente desparecer o perder la vida.
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Dentro de la isla se maneja el Servicio Militar Obligatorio como la principal excusa para reclutar a los menores y formarlos dentro de los grupos de choques para reprimir las protestas contra el Estado.
Según la información, para evitar que escapen o reciban ayuda, son trasladados a otras comunidades diferentes a donde fueron reclutados, donde no pueden ser reconocidos por ninguna persona.
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