COLOMBO. Las iglesias católicas de Sri Lanka permanecerán cerradas hasta que mejore la situación de seguridad tras los atentados de Pascua, cuya "responsabilidad" asumió el máximo responsable del ministerio de Defensa al presentar su dimisión.
Esta dimisión se produce después de que el Estado de Sri Lanka reconociera esta semana "fallos" en su misión de garantizar la seguridad nacional, al haber estado en posesión de informaciones previas sobre el riesgo de atentados suicidas.
Hemasiri Fernando entregó su carta de dimisión al presidente Maithripala Sirisena, que es también ministro de Defensa. "Dijo al presidente que aceptaba la responsabilidad" de los atentados, indicó una fuente ministerial que requirió el anonimato.
Las autoridades redujeron en más de un centenar el balance de muertos y anunciaron que el saldo es de 253 y no de 359 como se había informado anteriormente, debido a que algunos cuerpos de víctimas mutiladas habían sido contados varias veces.
Los kamikazes atacaron a la minoría cristiana de la isla de Asia del Sur el domingo por la mañana en tres iglesias que oficiaban la misa de Pascua, provocando un baño de sangre. Paralelamente se produjeron explosiones en tres hoteles de lujo.
"Por consejo de las fuerzas de seguridad, mantendremos todas las iglesias cerradas", anunció un alto responsable de la Iglesia local, que añadió que "no habrá ninguna misa pública hasta nueva orden". Los funerales de las víctimas pueden realizarse en ceremonias privadas.
Las autoridades atribuyen su autoría al grupo extremista local National Thowheeth Jama'ath. La organización yihadista Estado Islámico reivindicó los ataques en un video.
Los primeros datos de la investigación revelan que dos hermanos esrilanqueses musulmanes, hijos de un rico comerciante de especias, tuvieron un papel clave en los atentados.
Se hicieron estallar en los hoteles Shangri- La y Cinnamon Grand Hotel, durante el buffet del desayuno. Su padre está entre los detenidos, confirmó Wijewardene.
El Ministerio de Defensa desplegó a casi 4 mil militares en todo el país con poderes especiales de búsqueda y detención sin orden judicial a petición del presidente, Maithripala Sirisena.
"Tenemos el poder de buscar, confiscar y detener gracias a la legislación del estado de emergencia", activado desde el lunes a medianoche, declaró el general de brigada Sumith Atapattu.