Sandra Castañeda, una mujer mexicana con residencia permanente en Estados Unidos desde que era una niña, podría ser deportada como criminal, pese a que fue anulada la sentencia que la ha mantenido tras las rejas durante 20 años.
Castañeda soñaba con regresar a su casa en Los Ángeles después de que su condena por un asesinato fue anulada por una corte, pero la ilusión se desvaneció cuando la detuvieron para deportarla como parte de las prioridades de EU de expulsar a migrantes considerados criminales.
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La mujer ha pasado 20 años tras las rejas por conducir un automóvil desde el cual un hombre inició un tiroteo, que dejó una persona muerta, mientras llevaba a unos amigos a comprar comida.
"Sandra es una persona increíblemente resistente y fuerte. Pero la detención por parte de inmigración realmente afecta a las personas, y obviamente, eso le ha costado mucho", explicó a Efe su abogado, Anoop Prasad.
Sandra "no estuvo involucrada en el tiroteo, no tocó un arma, y no tenía idea de que el amigo iba a disparar", asegura Prasad, de la organización Immigrant Rights at the Asian Law Caucus.
En 2021 una jueza de California anuló la condena contra Castañeda con base a una nueva ley estatal que eliminó ciertos cargos agravados de asesinato a personas que no son responsables directas de muertes. Asimismo, en 2020 ya había logrado que el gobernador Gavin Newsom conmutara su sentencia.
ICE y prisiones, una criticada alianza
Pero cuando Castañeda creía que regresaría a la libertad, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) la detuvieron para deportarla a México al considerarla una criminal, explica Prasad.
"ICE ha tomado una posición en este caso, y otros casos similares, de que no están obligados a reconocer las leyes estatales y las órdenes estatales que anulan las antiguas sentencias, todavía la tratan como si hubiera sido condenada por asesinato", explica el abogado.
La mexicana, que llegó a Estados Unidos como residente permanente cuando sólo era una niña, terminó en manos de ICE gracias a la polémica colaboración del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) con esta agencia.
No es un caso único
Castañeda no ha sido la única inmigrante trasladada a ICE bajo esta práctica: en octubre de 2020, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Asian Americans Advancing Justice-Asian Law Caucus presentaron varias acciones legales por daños y perjuicios en nombre de cuatro reos que tras cumplir sus condenas habían sido trasladados a las autoridades de inmigración en plena pandemia, entre ellos el ciudadano estadounidense Brian Bukle.
El inmigrante Kao Saelee también fue entregado a ICE a pesar de ayudar a apagar poderosos incendios en California como parte del programa que permite a los reos prestar servicios como bomberos por no representar un riesgo para la comunidad.
La detención de Saelee, nacido en Laos, originó una oleada de apoyos , que incluyó casi 200 mil firmas y el respaldo de docenas de legisladores de California, como también de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y más de 130 organizaciones que instaron al gobernador Newsom a perdonarlo y poner fin a la dolorosa práctica de transferir a ICE a miembros de la comunidad que cumplieron sus condenas, se rehabilitaron o se anularon sus sentencias.
Aunque ICE liberó a Saelee bajo fianza en 2021, la agencia mantiene las detenciones de personas con sentencias anuladas.
Castañeda ya casi completa 10 meses tras las rejas. El calvario ahora es aún más pesado porque fue enviada a un centro de detención de ICE en Lumpkin (Georgia), alejada de su familia que vive en Los Ángeles.
ICE tampoco ha autorizado una fianza porque la considera un riesgo, algo que su abogado debate ya que los mismos funcionarios de CDCR concluyeron lo contrario.
Prasad asegura que la estrategia de ICE en estos casos "tiene que ver con castigar a los migrantes y tratar de obligarlos a rendirse y no pelear".
Piden a la Casa Blanca trabajar con estados para conseguir cambios
Desde California y otras partes del país, los defensores de los migrantes están presionando a la Administración del presidente Joe Biden para detener las deportaciones de migrantes con condenas desestimadas o antecedentes penales antiguos.
"Realmente necesitamos que la Administración Biden deje de luchar contra los estados para abordar la reforma de la justicia penal y, en cambio, trabaje con ellos" señaló Prasad.
En ese sentido, Christine Newman-Ortiz, directora ejecutiva de la organización Voces de la Frontera en Wisconsin, dijo a Efe que los esfuerzos también se enfocan en que se termine con los acuerdos 287g que permiten la colaboración entre ICE y las autoridades locales.
"Esta alianza está haciendo mucho daño a los migrantes, cosas tan simples como una infracción de tráfico puede originar una deportación", advirtió.
En el caso de California, Prasad recordó que CDCR no tiene un acuerdo 287g, pero a pesar de esto "llaman repetidamente a ICE para informar sobre los migrantes que saldrán en libertad".
El grupo pidió la ayuda del gobernador Newsom y espera que ICE reconozca el fallo que exonera a Castañeda y la libere, mientras presionan a través de la campaña #FreeSandra con el apoyo de la comunidad.
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