Un panorama sombrío sobre la libertad de prensa en el continente americano se presentó durante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Miami, donde este derecho fue violado en mayor o menor grado, desde asesinatos de periodistas hasta leyes restrictivas.
La lectura de los informes país a país sobre la situación de esa libertad fundamental, con la que se abrió la segunda jornada de la Asamblea en la que la SIP celebra sus 75 años, muestra que desde la anterior Asamblea General, celebrada en octubre de 2018, fueron asesinados 18 periodistas y contando solo los últimos seis meses, 13, de los cuales siete casos ocurrieron en México, el país que lidera la "lista negra" en este aspecto.
También se registran dos asesinatos en Colombia, dos en Brasil, uno en Honduras y otro en Haití.
A la lectura de los informes precedió la proyección de un video con la imagen y nombres de los periodistas asesinados y además los asistentes guardaron un minuto de silencio puestos en pie.
La lectura de los informes país por país se hará en varias sesiones, intercaladas por la proyección de vídeos de la campaña #Exprésate, que la SIP puso en marcha después de la Asamblea General de 2018 para concienciar sobre la importancia de la libertad de expresión.
También fue interrumpida la lectura de este sábado por paneles, como uno para presentar el nuevo Índice de Chapultepec, que se está elaborando para medir la actuación de los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial, en cada país en relación con la libertad de prensa y expresión.
México
Martha C. Ramos, directora general editorial de Organización Editorial Mexicana, leyó el informe sobre México, donde durante el actual Gobierno federal ha estado marcado por un alto nivel de violencia contra la prensa que derivó en seis asesinatos y por la ineficiencia gubernamental para el debido funcionamiento de un mecanismo de protección que no logra prevenir, investigar, sancionar ni contrarrestar la impunidad.
De los 131 asesinatos de periodistas registrados por Artículo 19 desde 2000, 11 de los casos ocurrieron durante el gobierno actual.
En realidad 11 periodistas han perdido la vida de manera violenta en México desde la asunción de Andrés Manuel López Obrador, pero en solo siete de los casos se ha podido establecer que su muerte estuvo ligada al ejercicio de su labor periodística, explicó Ramos.
Ellos son los periodistas Telésforo Santiago Enríquez, director de la radio comunitaria indígena Estéreo Cafetal 98.7 FM; Francisco Romero Díaz, reportero policiaco y dueño del portal digital Ocurrió Aquí; Norma Sarabia, periodista de 46 años, fue asesinada a balazos frente a su casa en Tabasco; Rogelio Barragán, director del medio digital Guerrero al Instante; Édgar Alberto Nava López, periodista y funcionario del Ayuntamiento de Zihuatanejo, Guerrero; Jorge Celestino Ruíz Vázquez, reportero del diario El Gráfico, en Xalapa, Veracruz; y Nevith Condés Jaramillo, director del portal informativo El Observatorio del Sur.
Ante este difícil panorama, una misión de la SIP viajó en septiembre pasado a la Ciudad de México y al estado de Veracruz, donde mantuvo reuniones con funcionarios nacionales y estatales, y de ante la Secretaría de Relaciones Exteriores buscó destrabar los casos de Víctor Manuel Oropeza y Héctor Félix Miranda, sobre los que la SIP ya había logrado recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y mantuvo negociaciones para buscar que el Estado reconozca su responsabilidad y se repare a los familiares de las víctimas.
En Veracruz, la SIP exigió al gobernador dar seguimiento a investigaciones sobre asesinatos de periodistas que están paralizadas.
La misión de la SIP se hizo eco de las denuncias y preocupación de organizaciones y sectores de la sociedad civil, respecto a las consecuencias violentas que pueden acarrear las constantes descalificaciones de periodistas y medios que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acostumbra hacer en forma cotidiana.
El 22 de julio el presidente discutió con el reportero Arturo Rodríguez de la revista Proceso porque "no se portó bien" con su gobierno. AMLO recordó el papel instrumental del periodista Francisco Zarco en las disputas sobre la libertad de expresión entre liberales y conservadores en el siglo XIX, afirmando que "todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones".
En entrevista con EFE, Ramos dijo que desde que en diciembre de 2018 asumió la presidencia López Obrador, "la violencia en general ha aumentado" en el país y, en el caso de la dirigida a la prensa, hay "ineficiencia" por parte del Gobierno para atajarla.
Esa distinción es la que hace que las cifras de asesinatos de periodistas varíen según las distintas fuentes, agregó.
La responsable del informe sobre México también destacó la mala relación y el "desinterés" de López Obrador por los medios.
Por otra parte, la SIP observó con optimismo la formación de un grupo de medios para contrarrestar la violencia contra la prensa, integrado en esta primera etapa por El Universal, Organización Editorial Mexicana, Televisa, TV Azteca, Cadena Fórmula, Milenio y La Silla Rota. Este grupo tiene como principal motivación investigar asesinatos, dar seguimiento a los temas que los periodistas asesinados estaban denunciando y combatir la impunidad.
Cuba
La situación en Cuba fue expuesta por Lucila Morales, del medio "a Hora de Cuba, de Camaguey, cuyo responsable, Henry Constantin, no pudo viajar a Estados Unidos.
El informe de Cuba es uno de los que más expectativas e interés despierta junto a los de Venezuela y Nicaragua en las asambleas de la SIP.
Morales subrayó que la "única reforma" que el Gobierno cubano ha puesto en marcha en materia informativa en 2019 ha sido mantener la presión y censura sobre la prensa independiente, incluyendo amenazas de enjuiciamiento a un amplio número de periodistas.
La periodista cubana criticó el megaoperativo realizado contra Yoani Sánchez, del digital 14ymedio; José Jasán Nieves, de El Toque, y Abraham Jiménez Enoa, de El Estornudo, a los que se prohibió salir de sus domicilios.
En el informe se asegura que se producen casos de "agresión digital", como intentos de hackeo y suplantación de identidad, así como el hostigamiento y prohibición de acceder a lugares donde se producen noticias.
Ecuador
Mientras en Ecuador se "diluyó en parte" la censura del gobierno de Rafael Correa, se siguen registrando agresiones a los periodistas, que sufren además trabas para realizar su trabajo.
El 1 de agosto quedó desintegrada la Superintendencia de la Comunicación (Supercom), órgano censor oficial de la época del correísmo. Asimismo, un fallo de la Corte Constitucional revocó sentencias contra el diario La Hora sobre rectificaciones ordenadas por el anterior gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado a resarcir moral y económicamente a los directivos y un ex columnista del diario El Universo por haber sido perseguidos y hostilizados por Correa.
Los familiares de los periodistas de El Comercio asesinados en abril de 2018 en Mataje, en la frontera colombo-ecuatoriana, criticaron la lentitud de las investigaciones por parte de la Fiscalía General y el silencio del gobierno ecuatoriano, al momento de presentarse un nuevo vídeo donde aparecían las víctimas y que se habría enviado como prueba de vida por parte del frente Oliver Sinisterra. La Fiscalía recién está llamando a rendir versión a altos oficiales que tuvieron que ver con la información del secuestro.
Continúa impune el caso del periodista Fausto Valdiviezo, asesinado el 11 de abril de 2013. Recibió tres disparos cuando salía de la casa de su madre. Para el 18 de abril estaba prevista la declaración de 52 testigos; sin embargo, la audiencia falló debido a que solo llegaron cinco testigos. El fiscal sigue investigando los móviles del crimen.
El 10 de mayo se anunció que "ningún funcionario o servidor está autorizado a dar declaraciones a medios o periodistas sobre operativos, investigaciones previas o asuntos de interés institucional o similares." El Protocolo para la Vocería y Entrevistas con los Medios de Comunicación de la Fiscalía establece que la única persona autorizada a hablar con la prensa es la Fiscal General y a quien se designe en cada provincia. Si un funcionario es abordado por un periodista, deberá excusarse de hacer declaraciones.
Nicaragua
En Nicaragua, la libertad de prensa y la situación político social y económica del país, se han agravado. El diálogo entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el régimen de Daniel Ortega se rompió ante el incumplimiento del gobierno por varios acuerdos que se habían firmado y por no aceptar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como garante.
Continúa invariable en este período, desde que se instaló el gobierno en 2007, el secretismo oficial en torno a la información pública, donde solo la primera dama y vicepresidente Rosario Murillo está autorizada a hablar, lo que contradice la Ley de Acceso a la Información aprobada en 2007.
El gobierno mantiene su hegemonía comunicacional a través de un oligopolio de la televisión, agravado por el cierre de la televisión 100% Noticias y de todos los programas de opinión del canal 12, así como lo clausura de Confidencial. Mantiene, además, la discriminación en materia de publicidad oficial la que destina exclusivamente a medios de la familia Ortega.
Los medios escritos están en una crítica situación y en peligro inminente de desaparecer ante el bloqueo aduanero para obtener sus insumos. Sus versiones en línea también tienen dificultades de subsistencia debido a escasos ingresos que generan las suscripciones pagadas y la publicidad en la web.
A mediados de agosto se cumplió un año del bloqueo aduanero a los medios de comunicación La Prensa, Hoy, El Nuevo Diario y Q' Hubo. En consecuencia, La Prensa se está publicando con solo ocho páginas y con papel bond comercial, el diario Hoy con ocho páginas tabloide y El Nuevo Diario con 16 páginas tabloide, pero sin sus publicaciones de sábado y domingo; el diario Q'Hubo dejó de publicarse.
Venezuela
El clima de libertad de prensa en Venezuela se ha deteriorado, haciendo más incierto y peligroso el trabajo periodístico. Continúan afianzándose varias tendencias degradantes para la libertad de prensa, entre ellos, estos son los más importantes:
Una política restrictiva de Estado que se ejecuta con programas sistemáticos de presión en los que participan varios órganos, incluyendo a grupos paramilitares aliados.
Se utilizan tribunales militares para enjuiciar a periodistas o a reporteros ciudadanos, derivando en el aislamiento total de los detenidos y un estado de desinformación absoluta.
Los protagonistas de ataques físicos, sean militares, funcionarios policiales o miembros de grupos paramilitares, gozan de total impunidad. Se repiten en las calles donde bandas armadas, a pie o en moto, golpean o disparan contra ciudadanos y contra periodistas que informan sobre las protestas, delante de unidades militares que no impiden la acción de los delincuentes.
Continúa la complicidad del sistema judicial que persigue a los periodistas y no castiga a los responsables de las agresiones.
Bolivia
En Bolivia se mantiene la política desde el gobierno de bloquear la asignación de avisos estatales a medios independientes, mientras se privilegia a medios con agenda informativa favorable al gobierno.
El matutino centenario El Diario denunció ser víctima de un cerco tributario que, en 20 años, le impidió cumplir con sus obligaciones, alertando sobre su alta fragilidad financiera.
En mayo, el periodista Juan Pablo Guzmán, denunció que el Ministerio de Comunicación elabora la agenda de entrevistas de una parte de los canales privados de televisión, excluyendo temas y preguntas que generan incomodidad a funcionarios entrevistados.
El periodista del diario El Deber de Santa Cruz, Guider Arancibia, denunció que sufrió amenazas verbales del ministro de la seguridad interna, Carlos Romero Bonifaz, por publicaciones relacionadas a la detención y vinculaciones del presunto narcotraficante Pedro Montenegro.
Por si fuera poco, la realización de las elecciones generales, el 20 de octubre, está marcada por una censura previa aplicada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la difusión de encuestas que incumplen una ley promulgada en el año 2010, y que según observadores políticos y organizaciones defensoras de las libertades ciudadanas es contraria a convenciones internacionales y la propia Constitución Política del Estado (CPE).
Colombia
En Colombia, el creciente asedio por parte de grupos armados a líderes sociales y a personas reconocidas por su trabajo en aras de la comunidad tocó de forma trágica a la prensa en este período. Dos periodistas, Libardo Montenegro y Mauricio Lezama, fueron asesinados, según indicios confiables, por su trabajo como periodistas y en particular en temas de paz y derechos humanos.
Estas muertes se complementan con las amenazas a periodistas, en particular, en territorios escenario de disputa entre ilegales.
Otra tendencia creciente es que se recurre a la justicia para intentar silenciar denuncias periodísticas, obligando a los medios a emprender costosas batallas legales.
Además, continúa en aumento la tendencia por parte de ciudadanos y entidades de recurrir a vías judiciales, denuncias penales, tutelas y acciones por responsabilidad civil en contra de los medios. También se apela al derecho al olvido aprovechándose de los vacíos legales para eliminar noticias de los archivos digitales de los medios.
Asimismo, causó preocupación un fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Cali que ordenó al diario El País distorsionar el rostro del protagonista de un accidente vehicular que registró un video ciudadano que publicó el medio. Este fallo podría generar un precedente de obligar a los medios a buscar la autorización previa de quienes participen en hechos noticiosos. Se espera que la Corte Constitucional acoja la solicitud de revisión del fallo.
Brasil
En los últimos seis meses ha empeorado la situación de la libertad de prensa en Brasil, especialmente la postura agresiva del presidente Jair Bolsonaro hacia la prensa, los profesionales del periodismo y las empresas de noticias.
En las redes sociales creció la ola de intolerancia contra el libre ejercicio del periodismo, que comenzó en las elecciones presidenciales del año pasado y se ha afianzado después de la toma de posesión del nuevo gobierno.
El presidente Bolsonaro ha dejado en claro su disposición a debilitar financieramente a los periódicos, al derogar la legislación que requiere la publicación de balances de empresas y documentos de licitación del gobierno.
Aunque en abril, el presidente aprobó una ley del Congreso que promovía una transición en la obligación de publicar los balances de empresas de los periódicos impresos a los sitios web de los periódicos, dicha ley fue revocada a principios de agosto. Bolsonaro explicó irónicamente que estaba "retribuyendo" a los periódicos por el trato injusto que él y su gobierno recibían. Explicó que la decisión perjudicará financieramente a los periódicos, y citó en particular a Valor Econômico, un diario del Grupo Globo especializado en economía y finanzas.
Un mes después, a principios de septiembre, en la misma línea de debilitar financieramente a los periódicos, Bolsonaro emitió otra norma legal. Determinó que los documentos de licitación del gobierno ya no necesitan publicarse en periódicos impresos, ignorando el debate que se lleva a cabo sobre el tema en el Congreso, donde también se examina la transición del modelo impreso actual al modelo digital.
A ello hay que agregarle que desde marzo a septiembre hubo dos asesinatos de periodistas: Robson Giorno y Romário Barros.
El 25 de mayo, el periodista Robson Giorno, del periódico impreso y portal en línea O Maricá, fue asesinado en la ciudad de Maricá, en el estado de Río de Janeiro. Ambos medios de comunicación son conocidos por sus acusaciones contra políticos de diferentes grupos y partidos en la región. Robson fue muerto a tiros en su camino a casa.
En la misma ciudad, el 18 de junio, el periodista Romário Barros, del portal Lei Seca Maricá, fue asesinado. Al igual que Robson, se destacó por cubrir temas de corrupción e irregularidades cometidas por las autoridades locales. Romario se hallaba en su auto cuando le dispararon.
Estados Unidos
Las dificultades para la libertad de prensa se repiten también en Estados Unidos, con la administración de Donald Trump "abiertamente antagónica" hacia la prensa, que ha sufrido el "menosprecio" del mandatario, que ha declarado a los periodistas como el "verdadero contendiente" en las elecciones de 2020.
El gobierno de Trump ha mostrado favoritismo hacia personalidades de las redes sociales y medios que lo apoyan, mientras limita drásticamente el acceso de la prensa a la Casa Blanca. Al mismo tiempo, los periodistas han recibido agresiones físicas de parte del público, así como acciones agresivas de la policía.
Los esfuerzos continuados del Departamento de Justicia para investigar y enjuiciar las "filtraciones" a miembros de los medios de noticias, y su decisión de acusar, por ejemplo, a Julian Assange por la "pura publicación" de secretos gubernamentales, ponen en peligro la capacidad de los periodistas para obtener información de fuentes confidenciales y la protección para publicar material de interés periodístico.
Además, la Corte Suprema de los Estados Unidos dio a conocer que restringiría el acceso de la prensa y el público a información sobre empresas vinculadas con el gobierno, que anteriormente estaba disponible en virtud de la Ley de Libertad de Información.
No ha cesado el usual menosprecio del presidente Trump hacia los medios de noticias en Twitter, en mítines de campaña y otras declaraciones públicas. A través de tuits, califica a menudo a la prensa de engañosa y poco confiable, considerándola "Fake News Media", "LameStream Media" y "Enemy of the People".
Desde hace poco ha comenzado a llamar "corrupta" a la industria de los medios de noticias y declarado que la prensa es su "verdadero contendiente" en las próximas elecciones. En respuesta a las recientes preocupaciones sobre la posibilidad de una crisis financiera, Trump acusó a la prensa (junto con sus opositores políticos) de intentar "fabricar una recesión", a pesar de lo que considera el fuerte crecimiento económico del país.
Normalmente señala periódicos, cadenas de televisión específicos y reporteros individuales como particularmente deshonestos o dignos de desdén, una conducta que se hace eco de los partidarios que cantan "CNN apesta" en sus mítines de campaña de reelección. Los ataques del Presidente a los medios de noticias se ven reforzados por los esfuerzos de varios aliados del gobierno que realizan investigaciones con el objetivo de desenterrar y divulgar información embarazosa sobre periodistas considerados críticos de Trump, a fin de socavar su credibilidad.
El 11 de julio el Presidente organizó una "cumbre de redes sociales" en la Casa Blanca, durante la cual proclamó que las redes sociales han superado en importancia a los medios tradicionales y lanzó una afirmación no respaldada de que los gigantes de los medios en línea, entre ellos Google, Twitter y Facebook, muestran sesgos anticonservadores, censuran puntos de vista conservadores y prohíben "en la sombra" cuentas de orientación conservadora.
Los periodistas continúan enfrentando ataques físicos y amenazas del público, así como arrestos injustos y confiscaciones de equipos a manos de la policía.
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