La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) teme que "el gobierno de Cuba esté en vías de justificar una nueva Primavera Negra" que termine por ahogar la voz de una nueva generación de disidentes, tras la fuerte represión en contra de artistas, intelectuales y periodistas independientes pertenecientes al Movimiento San Isidro.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expresó que "el gobierno de Cuba reprime, censura, encarcela y ahoga la voz de sus ciudadanos frente a una comunidad internacional silenciosa que parece haberse acostumbrado a las atrocidades y violaciones a los derechos humanos en la isla".
➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias
Canahuati, presidente de Grupo Opsa, en San Pedro Sula, Honduras, agregó que la represión al Movimiento San Isidro tiene lamentables similitudes en sus orígenes y en su contención con aquella ola de violencia estatal en 2003, "por lo que tememos que el gobierno de Cuba esté en vías de justificar una nueva Primavera Negra".
Quince personas –entre ellas, los periodistas independientes Iliana Hernández, de CiberCuba; Esteban Rodríguez, colaborador de ADN, y Carlos Manuel Álvarez, de la revista literaria El Estornudo– fueron desalojadas por la fuerza el pasado jueves de una casa del barrio de San Isidro en la Habana Vieja, sede del Movimiento San Isidro (MSI). Los activistas mantenían una protesta pacífica para pedir por la excarcelación del rapero Denis Solís, condenado a ocho meses de prisión por desacato.
Luego del desalojo, la Seguridad del Estado mantiene una estricta vigilancia en los domicilios de los disidentes, a quienes se les prohíbe salir de sus casas, arguyendo que pudieran propagar el Covid-19. Justifican tal acción acusando al periodista Álvarez de violar controles sanitarios desde que regresó del extranjero y se unió a la protesta. El régimen también ha bloqueado Facebook, Instagram, Youtube, así como el acceso a medios internacionales tales como el Miami Herald y El Nuevo Herald, y el sitio de internet de la SIP.
El viceministro de Cultura, Fernando Rojas, en un hecho sin precedentes, accedió a dialogar el viernes pasado con representantes del MSI que reclamaban por libertad de expresión y la excarcelación de Solís, entre otras peticiones. Sin embargo, dos días después, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, negó el diálogo y acusó a los artistas y miembros del MSI de ser mercenarios al servicio de Estados Unidos y de crear un “show mediático” con la protesta y las huelgas de hambre y de sed que protagonizaron algunos disidentes.
El MSI agrupa a jóvenes artistas, periodistas independientes y académicos. Fue creado en 2018 en oposición al Decreto 349 de ese año, que regula la política cultural, la prestación de servicios artísticos y exige la aprobación de las autoridades para que los artistas puedan presentar su trabajo al público.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet –director del diario La Voz del Interior de Córdoba, Argentina–, dijo que "no es sorpresa para la SIP que la dictadura cubana obstruya e impida el derecho a la libertad de expresión, lo que desnuda más de 60 años de censura directa contra periodistas independientes y disidentes".
Canahuati y Jornet reiteraron el compromiso de la SIP de mantenerse vigilante y seguir luchando para que el régimen cubano empiece a ser tolerante con las libertades de prensa y expresión.
El informe y la resolución de la SIP de octubre último establecen que el gobierno de Cuba ha incrementado la represión y la censura contra medios y periodistas independientes, activistas y ciudadanos, colocando al país en los últimos puestos del Índice Chapultepec, estudio sobre la vigencia de la libertad de prensa en las Américas.
En 2003, en lo que se denominó la Primavera Negra, el régimen del fallecido presidente Fidel Castro frustró una convocatoria a favor de la libertad de expresión condenando a la cárcel a 75 disidentes, entre activistas, médicos y 32 periodistas independientes.
Todos fueron sometidos a juicios sumarios y sentenciados a penas de entre 6 y 27 años de prisión, tras acusarlos de violar la Ley 88 (conocida como ley mordaza) que castiga a quienes conspiren con ayuda extranjera contra la independencia nacional y la economía. Años después, la mayoría fueron liberados debido a sus malas condiciones físicas y muchos se vieron obligados a salir del país.