El Consejo de Administración Legislativa (CAL) del Parlamento de Ecuador suspendió el sueldo a varios asambleístas (golpistas) que permanecen desde hace más de una semana en el interior de la embajada de México, que los acogió para "brindarles protección y resguardo".
El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, explicó en su perfil de la red social Twitter que también se le ha suspendido el sueldo del asambleísta a Yofre Poma, detenido desde el 7 de octubre por el presunto delito de paralización de servicios públicos.
Poma fue detenido en el contexto de las protestas sociales, algunas de ellas violentas, que durante once días se produjeron en el país contra un decreto que eliminó el subsidio a los combustibles, ahora derogado.
Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional también anunció que "los alternos serán principalizados", es decir, que los asambleístas que sustituyen a quienes se les ha suspendido los sueldos, tomarán las funciones de sus titulares.
Los otros legisladores cuyo salario ha sido suspendido son Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri, Soledad Buendía y el asambleísta alterno Luis Fernando Molina, que se encuentran actualmente en la legación diplomática.
Todos los legisladores son afines movimiento Revolución Ciudadana, cercano al expresidente Rafael Correa (2007-2017), y que se formó el año pasado como escisión del partido oficialista, Alianza País (AP), después de que el actual gobernante, Lenín Moreno, asumiera el cargo.
Los líderes de los indígenas que protagonizaron las protestas atribuyeron el alto nivel de agresividad en las mismas a infiltrados, mientras que el Ejecutivo también maneja la tesis de que políticos de oposición, entre ellos Correa, presuntamente intentaban desestabilizar la democracia, extremo negado por el exgobernante.
Los asambleístas no son las únicas autoridades que han solicitado protección en la embajada mexicana tras las protestas que sacudieron el país durante once días.
A ellos se sumaron el procurador síndico de la Prefectura de la provincia de Pichincha, Leónidas Moreno, así como los cónyuges de Buendía y Viteri, Edwin Jarrín y Tania Pauker, respectivamente, quienes trabajaban en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).
El 14 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló en un comunicado que "en concordancia con su tradición diplomática", México acogió a estas seis personas para "brindarles protección y resguardo".