WAHINGTON. El Gobierno del presidente Donald Trump continuó con su política antiinmigración con nuevas regulaciones que hacen casi imposible que los extranjeros obtengan asilo en Estados Unidos y que entrarían en vigor nueve días antes de la inauguración del presidente electo Joe Biden el 20 de enero próximo.
La nueva reglamentación ordena a los funcionarios y jueces de inmigración que rechacen las solicitudes de asilo de las personas que hayan ingresado ilegalmente al país, que hayan usado documentos falsos, o que hayan pasado por otros países sin pedir primero asilo en otras partes.
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Desde que llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, Trump ha dirigido de manera constante una política que restringe la inmigración, rechaza a quienes buscan asilo y hace más complicada y costosa la obtención de residencia legal y la adquisición de la ciudadanía estadounidense.
Según el Consejo Estadounidense de Inmigración, el Gobierno de Trump ha modificado unas 400 regulaciones en los sistemas de inmigración y asilo que presentarán un desafío a la Administración de Biden, quien ha prometido medidas urgentes en materia de inmigración.
Desde 2019, el Gobierno de Trump ha rechazado a decenas de miles de personas que llegaron a la frontera sur, se presentaron a las autoridades y solicitaron asilo, enviándolas de regreso a México y América Central a la espera de la audiencia de inmigración que les provee la ley de EU.
Mientras tanto, el presidente electo, Joe Biden, anunció varios nombramientos de su administración, que contará con funcionarios de la era de Obama, como la exasesora de seguridad nacional Susan Rice para dirigir el Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, y el exjefe de gabinete Denis McDonough como secretario de Asuntos de Veteranos.
Los nombramientos son una muestra del compromiso de diversidad que Biden se comprometió a reflejar en su gabinete.
Rice fue candidata a secretaria de Estado. Pero se esperaba que enfrentara una intensa oposición de los republicanos en el proceso de confirmación del Senado por su papel en la crisis de Bengasi de 2012.