La Unión Europea (UE) está ultimando la adopción de sanciones contra siete personas, entre ellas responsables de seguridad y de servicios secretos de Venezuela, acusadas de "torturas y otras violaciones de derechos humanos", indicaron este martes dos fuentes diplomáticas.
Los embajadores de los 28 países europeos deben dar el visto bueno el miércoles a elevar hasta 25 el número de funcionarios venezolanos sancionados, una decisión que el Consejo de la UE deberá confirmar formalmente más adelante.
"La mayoría son miembros de los servicios de seguridad y de inteligencia de Venezuela involucrados en casos de torturas y de otras violaciones de derechos humanos", indicó una de las fuentes, sin revelar su identidad.
Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE. Además del embargo de armas, los europeos impusieron en 2018 una congelación de activos y prohibición de visados para 18 funcionarios.
En julio, el canciller español Josep Borrell pidió a la UE "sanciones" contra responsables de torturas en Venezuela, tras la muerte de Rafael Acosta, un militar venezolano, en un hospital por presuntas torturas durante su detención.
Borrell también destacó entonces el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que detalla, en su opinión, "la gravedad de las violaciones de los derechos humanos" en el país.
Los europeos son blanco de las críticas de los opositores al gobierno de Venezuela por no aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, al nivel de Estados Unidos, que incluso congeló los activos venezolanos.
De visita en Bruselas, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, urgió a principios de mes a la UE a sancionar a más responsables venezolanos y criticó su estrategia.
Los embajadores europeos también deben dar su visto bueno el miércoles a la creación de un régimen de sanciones por la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua.
A principios de septiembre, fuentes diplomáticas explicaron que, por el momento, no se incluirían personas en este marco de sanciones que busca presionar de cara a la continuación del diálogo nacional en el país centroamericano.
Nicaragua vive una grave crisis desde abril de 2018 cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social, que derivó en una demanda de salida del poder de Daniel Ortega y en la represión de los manifestantes.