El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha decretado el "toque de queda" y "militarización" en el distrito metropolitano de Quito para ayudar a las fuerzas de seguridad a sofocar las protestas de este sábado por el recorte a los subsidios de los combustibles.
"He dispuesto el toque de queda y la militarización del Distrito Metropolitano Quito y valles. Empezará a regir a las 15.00 (20.00 GMT). Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia", dijo el presidente.
En otro mensaje, el Ministerio de Gobierno (Interior) pidió a la ciudadanía que "acuda a sus viviendas".
"Esta medida estará vigente hasta nuevo aviso. Informarse a través de canales oficiales", agregó.
La circulación por las calles en condiciones de militarización estará permitida únicamente con salvoconducto.
La decisión la ha tomado Moreno a raíz de un recrudecimiento de las protestas del movimiento indígena, que este sábado tomó y paralizó la ciudad de Quito mediante una masiva operación de marchas y piquetes, a la vez que miles de militantes se enfrentaban a las fuerzas del orden en el centro de la ciudad.
El resultado ha sido la paralización de la ciudad mediante el bloqueo de sus carreteras.
Curiosamente, ha seguido a una notificación por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) en la que ha aceptado la mano tendida por el presidente para sentarse a negociar.
A pesar de que inicialmente se había negado en rotundo a conversar con Moreno si este no reponía los subsidios a los combustibles, principal exigencia de las protestas, la Conaie cambió de postura en "un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales", se indica en un comunicado.
Ecuador vive una grave ola de protestas desde hace diez días a raíz de un decreto firmado por el presidente en el que eliminaba el subsidio a las gasolinas en el marco de una serie de ajustes ligados a un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El acuerdo con el FMI, que aportó 4 mil 200 millones de dólares, venía acompañado de una serie de demandas para reducir el gasto público e incrementar los ingresos del Estado, lo que despertó la indignación de grupos de trabajadores, indígenas y otros sectores sociales.