- Aseguran que es más barata que la manutención actual de losreos
Violeta Huerta / El Sol de Toluca
TOLUCA, Edomex. (OEM-Informex).- La inyección de castraciónquímica -para violadores sentenciados que hayan purgado trescuartas partes de su condena- ha sido probada en otros países,cuesta unos 300 pesos y se aplica cada tres meses a quienes laaceptan para inhibir el deseo sexual, por lo cual podría ser máseconómica que la manutención de los reos, o la colocación debrazaletes electrónicos.
La diputada María Mercedes Colín consideró que esainiciativa, planteada por el PRI y sus aliados tiene el apoyo de lamayoría de los legisladores mexiquenses y podría salir en elsiguiente periodo ordinario de sesiones, como una medida queaplique a violadores primo delincuentes que no hayan incurrido enotro ilícito y no sean reincidentes, siempre y cuando ellosacepten.
“La iniciativa de la inhibición sexual ya está en lacomisión, se presentó en la permanente y seguramente habrácondiciones para aprobarla en el siguiente periodo de sesiones, lahemos estado consensando. Yo por ejemplo platiqué con los gruposparlamentarios, me atrevo a decir que hay 50 diputados consensadosen esta iniciativa, que es muy viable porque permite al inculpadoen cuestión de violación, que en la tercera parte de su penapueda optar a través de la inhibición sexual, como castraciónquímica”.
La legisladora del PRI refirió que esa medida ha funcionado enotros países como Estados Unidos, se acaba de aprobar enIndonesia; por lo cual es importante valorarla, ya que tanto elestado de México, como Chihuahua son las entidades donde más secometen violaciones a mujeres, pero también a niños, niñas yadultos mayores. Sin embargo, advirtió, esa inyección no podríaser aplicada a todas los imputados por el delito de violación;sino solamente para quienes no hayan incurrido en otro delito, nisean reincidentes; por lo cual consideró que es una oportunidadpara inhibir esos ilícitos y adelantó que no será obligatoria,pues requiere que el imputado lo acepte, a fin de no violar susderechos.
“Invitaremos a derechos humanos, veremos esa parte, peroprecisamente es opción del inculpado no es obligación que en latercera parte de la pena opten por ella. Creo que es para que ellospuedan decidir.
“En otros países es obligatorio, las penas son másdrásticas y duras es incluso pena de muerte o la mutilación desus miembros, son penas drásticas; estamos tratando de cuidar lasituación de los derechos humanos y por eso es una opción;queremos que el imputado decida: es un método por medio deinyección probada que cuesta 300 pesos, que se acompaña desituación psicológica, terapias (…), la inyección se aplicacada tres meses”.
Aun cuando el gobierno tendría que asumir el costo de lavacuna, la diputada local advirtió que es más caro el brazalete;por lo cual lo ven como una opción viable y una propuesta positivaque ha dado resultados en otros países, y que hasta ahora no seconoce que tenga consecuencias.
“Estamos analizando que no tenga consecuencias de todas formasla inyección se ha aplicado y no ha habido consecuencias, segurose harán estudios antes y que la persona que decida se hagaestudios clínicos para que corrobore que no habrácomplicaciones”.
