El gobernador Carlos Joaquín González confió que el FiscalGeneral del Estado, Arturo Álvarez Escalera no presente“resistencias” para investigar las denuncias presentadas por laventa irregular de nueve mil 500 hectáreas del patrimonio estatalen contra del exgobernador, Roberto Borge Angulo quien fue su jefeel último año de la administración.
Las denuncias apuntan principalmente al exmandatario estatal y ala exdirectora del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE), ClaudiaRomanillos Villanueva, al vender a bajo costo la reservaterritorial que en algunos casos fue adquirida por la madre delexgobernador, Yolanda Angulo de Borge y personas de suconfianza.
“Yo espero que no haya resistencias. en primera instancia, yotengo confianza en que no haya resistencias, sino trabajo enconjunto para que podamos llevar a cabo y darle seguimiento a lasdenuncias correspondientes”, afirmó.
También dijo que estará atento al curso legal de la denunciaasí como los resultados que presente la Fiscalía General delEstado. Esta dependencia nació en junio pasado cuando el Congresodel Estado nombró a Álvarez Escalera como Fiscal por un periodode nueve años a fin de cuidarle las espaldas al exgobernador.
El mandatario estatal, dijo que sigue en proceso el avalúo delas nueve mil 500 hectáreas que fueron comercializadas de manerailegal, por lo que aún no cuentan con un monto específico delquebranto causado al erario público por vender los predios, enalgunos casos, al uno por ciento del valor comercial.
Reconoció que había “problemas” en la administración ypor eso, iniciaron las revisiones correspondientes en cadasecretaría a fin de contar con las pruebas suficientes parapresentar las denuncias.
“Todo ello enfocado, en la búsqueda de desigualdades enQuintana Roo, de evitar la impunidad, de acabar con la corrupcióny sobre todo, el esquema de rendición de cuentas”, dijo.
Recordó que conforme avanzara el proceso de entrega-recepcióny ahora con las auditorías a las diversas dependencias, en laspróximas semanas presentará los resultados de lo que haencontrado y con esos datos, iniciarán otros procesos legales.
En cuanto a los despojos de terrenos en Tulum, señaló que estecaso es distinto, porque éstos fueron realizados presuntamente porexfuncionarios de las juntas de conciliación y arbitraje en contrade empresarios, ejidatarios y particulares.
