A 12 meses de que se registrará la masacre en contra de la familia LeBarón, en los límites del estado de Sonora y Chihuahua, el caso ha tenido un nulo avance en las investigaciones toda vez que, a pesar de que han sido capturadas 12 personas, a ninguna de ellas les han fincado cargos por el homicidio de nueve personas y lesiones a seis menores de edad.
La comunidad mormona, en específico las familias Langford, Miller y LeBarón, exige justicia por cada una de las víctimas, incluso Adrián LeBarón, familiar de las víctimas, pidió al exsecretario Alfonso Durazo que rinda cuentas sobre los detenidos y cuestionó que haya sólo una persona procesada por la masacre y el resto por otros delitos. “No se ofenda, los muertos no fueron suyos” le publicaron en redes sociales.
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El Estado tiene la obligación de brindar seguridad y de privilegiar el derecho a la vida de todo ciudadano, más si se trata de niños y mujeres inocentes, como los que perdieron la vida el 4 de noviembre de 2019.
La masacre de Bavispe, Sonora, donde seis niños y tres mujeres perdieron la vida, ha sido una de las tragedias violentas que con más dolor se recuerda en la entidad y el país, por la naturaleza del suceso y final que tuvieron las víctimas.
Sin embargo, lejos de haber resultados concretos que satisfagan a los deudos de quienes perecieron, estos han mostrado su descontento por la pobre actuación de las autoridades mexicanas y han decidido acudir a las norteamericanas pues tienen la doble nacionalidad.
¿Qué ocurrió ese día?
Según la cronología presentada durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 5 de noviembre por el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, hoy aspirante a la gubernatura de Sonora; entre las 09:30 y las 13:00 horas los integrantes de la familia LeBarón, unidos en matrimonio con los Langford y Miller, viajaban de Galeana, Chihuahua a Bavispe, Sonora.
Se trataba de tres mujeres y 14 niños que se trasladaban en tres vehículos alrededor de las 13:00 horas, cuando fueron emboscados y agredidos en el límite de ambos estados por un grupo armado.
La ayuda fue solicitada a las 13:18 horas a la Guardia Nacional por Julián LeBarón, quien se enteró por una llamada telefónica; fue cuando se inició la búsqueda junto a la Fiscalía General de Justicia de Sonora. Se enviaron tres grupos, uno de 32 elementos de la Sedena y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP); otro de 41 agentes de la PESP y Guardia Nacional; y un tercero con 18 efectivos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Posteriormente, a las 17:00 horas llegaron más militares provenientes de Agua Prieta.
Para las 18:00 horas, familiares y pobladores de la localidad se trasladaron al lugar de los hechos para buscar sobrevivientes, pero no fue hasta las 20:30 horas que agentes de seguridad de Sonora y Chihuahua establecieron un operativo de búsqueda y blindaron la zona de conflicto.
A las 21:05 horas fue cuando la Sedena confirmó que había siete personas con vida, pero había algo peor, el primer vehículo línea Tahoe se encontró incinerado con cinco restos, el de una mujer y sus cuatro hijos… A dos kilómetros de la localidad de San Miguelito.
A unos 18 kilómetros de distancia estaba el segundo auto tipo Suburban, con una mujer y dos niños muertos; mientras a 2 kilómetros del límite estatal entre Sonora y Chihuahua estaba otra Suburban y otra mujer sin vida a unos 15 metros.
Pero no fue hasta las 23:00 horas que la Fiscalía de Sonora informó que en total eran nueve los muertos, tres mujeres adultas y seis menores; además de que habían recolectado más de 200 casquillos calibre .223 y 7 milímetros.
Para localizar a los siete niños que estaban con vida se hizo una búsqueda, que fue positiva y encontraron a cuatro lesionados que se trasladaron en ambulancia para recibir atención médica.
Sin embargo había una menor -de 8 años de edad- desaparecida, quien fue encontrada ilesa por Julián LeBarón, quien no quiso dar más detalles del hecho.
El 7 de noviembre, fueron enterradas las víctimas en el rancho La Morita, perteneciente a la familia LeBarón.
Éxodo de la población y temor a que se repita
El 28 de noviembre de 2019, el alcalde de Bavispe, Cornelio Vega Vega, declaró que alrededor de 70% de los habitantes de Bavispe decidieron abandonar el municipio después del ataque que sufrieron los niños y mujeres por temor a que se repitiera; a pesar de que ya había refuerzos policiacos, así como de la Sedena y Guardia Nacional.
Este temor persiste, pues el 19 de abril de este año, Adrián LeBarón aseguró que había miedo entre miembros de la familia de que se repita un ataque similar.
¿Cuántos detenidos van?
Casi de inmediato a estos hechos violentos, las autoridades informaron que detuvieron a una persona en Agua Prieta, en un operativo donde liberaron a dos personas privadas de su libertad; el imputado al parecer había participado en la masacre de Bavispe.
Se le aseguraron tres armas largas, dos de ellas calibre .223; otra calibre .308; diez cargadores calibre .223; un cargador abastecido .308 y un rifle largo Barret calibre 50; además de dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo en Phoenix, Arizona.
El 3 de diciembre de 2019, la FGR, Sedena, Marina y Guardia Nacional, detuvieron en Chihuahua durante cateos a tres hombres presuntamente involucrados en la masacre, quienes al parecer eran integrantes del grupo criminal La Línea, que perteneció al Cártel de Juárez.
El 17 de septiembre en la mañana, López Obrador dio a conocer que había 10 detenidos en total relacionados con el caso, pero se reservó más datos al respecto.
Las líneas de investigación
Cuatro días después, el 21 de noviembre, la Sedena indicó que una de las primeras líneas de investigación es que se podría tratar de enfrentamientos entre miembros del grupo delictivo La Línea y Los Salazar.
También se habló de que se trataba de sicarios vinculados al Cártel del Pacífico, pero hasta el momento no se ha aclarado nada.
Julián LeBarón ha señalado en múltiples ocasiones que el ataque fue premeditado hacia su familia y no acepta versiones de fuego cruzado o de alguna equivocación por parte de los sicarios, pues los vehículos fueron calcinados.
Asimismo, se ventiló en la prensa por parte de Adrián LeBarón, que existe un video donde se ven los hechos; está en poder de las autoridades y se ve el ataque y la orden de incendiar el vehículo.
Piden apoyo al gobierno de Estados Unidos
La familia LeBarón solicitó apoyo al gobierno de Estados Unidos y estos enviaron agentes del FBI para investigar los hechos, pero para esto se necesitaba una invitación, la cual fue solicitada a la FJE por la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, presumiblemente después de la reunión que sostuvo con el embajador del vecino país en México, Christopher Landau; y el gobernador de Arizona, Doug Ducey, pero también lo había hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por lo que el 11 de noviembre se hizo presente el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
El 17 de noviembre la familia LeBarón envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump a través de Doug Bugum, gobernador de Dakota del Norte, donde señalan que ese tipo de ataques no sólo los afecta a ellos, sino a todos. Posteriormente partieron en caravana hacia Washington, donde se manifestaron a las afueras de la Casa Blanca, el 8 de julio de 2020.
Las reuniones entre familiares de las víctimas y López Obrador
La primera reunión entre familiares de las víctimas de la masacre y López Obrador se dio el 2 de diciembre de 2019 en Palacio Nacional; en aquella ocasión, Adrián LeBarón declaró que hasta cierto punto estaba conforme con lo visto, aunque no les habían revelado información de las investigaciones, por cuestiones de seguridad.
El 12 de enero de 2020, AMLO visitó la comunidad de La Mora, Bavispe, donde se reunió en privado con las familias LeBarón, Langford y Miller; al igual que la vez anterior, no se señalaron los temas tratados, pero sí se reveló que se haría un memorial en honor a las víctimas de la masacre.
Ahí se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) tenía bajo arresto y arraigo a siete presuntos responsables de los asesinatos, mientras que otros dos fueron detenidos en Estados Unidos.
La siguiente reunión fue el 12 de marzo, en la ciudad de Hermosillo, después de un encuentro con padres de las 49 niñas y niños víctimas del incendio de la Guardería ABC. Aunque de esa junta nada se supo formalmente.
El mandatario nacional había prometido reuniones cada dos meses pero, al parecer debido a la agenda y la contingencia no se pudo realizar otra hasta el 3 de octubre, de otra vez en la comunidad de La Mora, Bavispe.
El encuentro fue privado en la casa de Kenny Miller, suegro de Ronitha LeBarón, una de las víctimas, donde informó sobre los avances de la investigación; lo único filtrado es que ya hay 10 detenidos por la matanza. Posteriormente, López Obrador inauguró un cuartel de la Guardia Nacional para que tengan presencia constante en la zona.
El Presidente también reiteró su palabra de que habrá justicia y se comprometió a una nueva reunión entre los familiares el próximo 15 de diciembre.
¿El caso resuelto?
De nueva cuenta las declaraciones de López Obrador molestaron a la familia LeBarón, pues el mandatario afirmó en su conferencia matutina del 25 de agosto del 2020, que el caso estaba casi resuelto.
Ante tales argumentos, Adrián LeBarón rechazó mediante un comunicado las afirmaciones, pues aseguró que sólo está detenida una de las 100 personas que se presume participaron, por lo que el caso no está ni cerca de ser resuelto.
En el documento argumentó que hay personas que han sido procesadas por delitos diferentes y aunque hay varias órdenes de aprehensión, no han sido ejecutadas.
A final de cuentas, aunque las autoridades afirman que el caso está por resolverse, todavía queda mucha tela de dónde cortar, pues son varias familias unidas por lazos matrimoniales que están en desacuerdo con la conclusión, además de que el gobierno de Estados Unidos está involucrado en las pesquisas.
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