VILLAHERMOSA, Tab.- El secretario de Gobierno Gustavo Rosario Torres reconoció que la zona de Tamulté de las Sabanas se ha convertido en un foco rojo para el proceso electoral del 1 de julio, esto luego de los hechos suscitados en contra de presuntos responsables de robo en esa localidad, además de los ocurridos en Vicente Guerrero, municipio de Centla en la noche del domingo.

Cuestionado sobre los hechos del pasado lunes en que un hombre presuntamente delincuente perdió la vida como consecuencia de un linchamiento en la zona Yokot'an, indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) está a cargo de las investigaciones para fincar responsabilidades a los responsables.

Aunque no quiso revelar otros puntos en donde podrían darse conflictos en el desarrollo del proceso electoral, precisó que el llamado es a que no se repitan este tipo de actos. El funcionario insistió que pese a los hechos violentos, la seguridad para el proceso electoral, está garantizada, pues lo que se busca es que transcurra sin ningún sobresalto, y a nombre del gobierno del estado señaló que no se permitirán actos de justicia por propia mano.

Mientras los habitantes de la zona indígena de Tamulté de las Sabanas señalaron que ya los delincuentes habían sido advertidos desde hace una año y medio de ser linchados, el gobierno de Tabasco afirmo que no aceptara que se aplique la justicia por propia mano.

Los hechos de linchamiento ocurridos en la villa Tamulte de las Sabanas (Centro) y el intento de otro en la villa Vicente Guerrero (Centla), son los síntomas claros de que la ingobernabilidad está alcanzando a Tabasco y el reflejo de la incapacidad de las autoridades para brindarle seguridad a la población, consideraron abogados y asociaciones civiles defensoras de los derechos humanos.

Sin embargo, externaron que esa no es la solución a los problemas de inseguridad que se viven en la entidad, pues ahora los pobladores víctimas se convirtieron en victimarios y podrían enfrentar de 20 a 50 años de cárcel por el delito de homicidio doloso cometido en pandilla, específicamente en lo referido a la villa Tamulte de las Sabanas en donde sí se concretó el acto de linchamiento como tal, expuso Efraín Rodríguez León, asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB).

Lo anterior, al exponer que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco ya debió iniciar una carpeta de investigación que determinará quienes estuvieron implicados en los hechos ocurridos la noche del pasado domingo 29 de mayo en la ranchería ‘La Ceiba’ de Tamulte de las Sabanas, cuando un hombre intentó robarse una motocicleta siendo atrapado por los habitantes quienes lo desnudaron, golpearon y rosearon de gasolina, para posteriormente prenderle fuego en la plaza central y frente a los elementos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP).

“Los hechos van a desencadenar un proceso en contra de quienes privaron de la vida a esta persona, van a pasar de victimas a victimarios, es un delito grave. La fiscalía seguramente ya inició una carpeta de investigación para ver quienes participaron en estos lamentables hechos, los van a investigar por el delito de homicidio doloso cometido en pandilla y la sanción va de 20 a 50 años de cárcel”, indicó.

En este sentido, indicó que se trata de una responsabilidad compartida entre el Gobierno de Tabasco que no garantiza seguridad a los habitantes y los pobladores que perpetraron este acto de tomar la justicia en sus propias manos.

“Hay responsabilidad compartida de las personas que participaron en esos lamentables hechos y del gobierno. El gobierno por no tener la capacidad de garantizar seguridad a los ciudadanos, de que los ciudadanos no se sientan protegidos en sus bienes y familias, y por parte de los ciudadanos reprobable también, no se puede permitir que se haga justicia por su propia mano, independientemente que sea un delincuente tiene derechos y tiene que ser puesto a disposición de las autoridades”, apuntó.

A lo que continuó: Es un hartazgo de la sociedad ante la falta de capacidad del gobierno, ya la desconfianza de los órganos impartidores de justicia, eso es lo que refleja porque ya no consideran que es viable detenerlos y ponerlos a disposición de las autoridades porque quedan libres