Ante presuntas amenazas de la delincuencia organizada, laComisión de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de BajaCalifornia implementar medidas cautelares en favor de directivos,colaboradores e instalaciones del Semanario Zeta, con sede enTijuana.
El organismo también destacó que la persistencia de lasagresiones en contra de periodistas y medios de comunicación en elpaís, dificulta la transición hacia la democracia a la que todoslos ciudadanos aspiran y merecen.
Resaltó que el Semanario Zeta es un medio de comunicación conuna amplia trayectoria y reconocimiento en esa ciudad fronterizadel Estado de Baja California y que no es la primera ocasión querecibe amenazas.
Indicó que el viernes 7 de abril envió un oficio al secretariode Gobierno de Baja California para que de común acuerdo con losbeneficiarios se implementen las medidas necesarias deseguridad.
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Ello, agregó, para salvaguardar la integridad, seguridadpersonal y la vida de los directivos y colaboradores del semanario,así como para resguardar sus instalaciones y garantizar el libreejercicio de su actividad periodística.
Refirió que tuvo conocimiento de diversas notas de que unpresunto líder de la delincuencia organizada regresó a Tijuanacon la intención de restablecer una organización criminal y“acabar con el semanario Zeta”.
En un comunicado, dijo que esa información la difundió ungrupo de investigadores de México y Estados Unidos.
Recordó que en noviembre de 2017 también se divulgóinformación relacionada con algunos integrantes de la delincuenciaorganizada que pretendían atentar contra el medio decomunicación.
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Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comentóque solicitó en su oportunidad a las autoridades localesimplementar las medidas cautelares correspondientes.
La Comisión refirió que la libertad de expresión en Méxicoenfrenta desde hace muchos años una situación de especialgravedad ante las amenazas, atentados y homicidios cometidos encontra de periodistas en distintas regiones.
Por lo que todas las autoridades deben cumplir con susobligaciones en materia de prevención, investigación y sanciónde este tipo de agresiones, pues de lo contrario, "no podremostransitar como país hacia la democracia a la que todas y todosaspiramos y merecemos".
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