Ante el beneficio del Poder Judicial de Oaxaca para quitar cargos y minimizar una pena a la expresidenta municipal de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, acusada de desaparecer a la activista Claudia Uruchurtu, la familia de ésta anunció que apelarán el fallo, que demuestra la intervención del gobierno en el caso.
De acuerdo a la ley, debido a una sentencia los agraviados tienen 10 días hábiles para inconformarse contra la sentencia de un juzgado, plazo que se vence el 29 de diciembre.
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El 7 de diciembre, la juez principal del Tribunal de Enjuiciamiento de Huajuapan de León, María Teresa Quevedo Sánchez, declaró culpables de la desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu a la ex alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta y a tres de sus empleados en el ayuntamiento de Nochixtlán. Sin embargo, el 15 de diciembre la misma juez cambió el delito de desaparición forzada, del que habían acusado a la exalcaldesa, por el de obstrucción de búsqueda, por lo que la sentencia pasó de 40 a 70 años de prisión a sólo cuatro años y dos meses de cárcel. Lizbeth Victoria Huerta ya cumplió un año y medio en la cárcel, por lo que el beneficio del Poder Judicial podría dejarla libre antes del 2025.
La reclasificación del delito se efectuó tras haber aplazado en dos ocasiones la audiencia de individualización de sentencia.
En tanto, a los otros tres implicados, la misma juzgadora los halló penalmente responsable de la desaparición forzada de Uruchurtu, ocurrida el 26 de marzo de 2021.
A Juan Antonio H. M., guardaespaldas de la ex edil lo condenó a 60 años de prisión en calidad de autor material del acto criminal, y, en calidad de partícipes o cómplices, condenó a 40 años de cárcel a Rolando A. B. y a la misma pena a Nelci Yanet V. J., ambos también cercanos a Victoria Huerta.
La familia de Claudia Uruchurta emitió un pronunciamiento en el que reiteró que “es claro que tanto la juez María Teresa Quevedo Sánchez como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Eduardo Pinacho Sánchez, han sucumbido a otros intereses y has desvirtuado, una vez más, el significado de la justicia y la verdad".
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En la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, del 14 de diciembre, el subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja había advertido que la jueza de Oaxaca había presionado al Ministerio Público desde el pasado 12 de diciembre cambiar el delito, pese a las investigaciones de la Fiscalía General de Oaxaca y la Unidad Nacional Antisecuestros. El funcionario dijo que esto sería un acto de impunidad, por lo que el Ejecutivo federal intervendría en el caso.
La apelación de la familia Uruchurtu obligaría a que el caso sea asignado a una sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), en la que tres magistrados analizarían la sentencia para afirmarla o cambiarla.
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