La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos presentó ayer en el Congreso estatal una solicitud de juicio de procedencia contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco por tres presuntos delitos que se le imputan desde 2014.
Aparte, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos tiene abiertas otras cinco carpetas de investigación contra el mandatario morelense.
Entre estas cinco pesquisas se encuentra la que corresponde a la fotografía en la que posó el mandatario estatal con tres presuntos líderes de la delincuencia organizada en la oficina parroquial de la iglesia de La Asunción de María, en Yautepec, como ha dado cuenta El Sol de México desde el pasado 4 de enero.
Edgar Núñez Urquiza, vicefiscal de la Fiscalía Anticorrupción, quien presentó la solicitud, detalló que los presuntos delitos por los que se solicita a los diputados locales iniciar juicio de procedencia a Cuauhtémoc Blanco son los de ejercicio ilícito de funciones y falsificación de documentos.
También, por fraude procesal y falsificación, así como por enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante la autoridad.
En entrevista exclusiva con El Sol de México, expuso que la solicitud de juicio de procedencia se da porque “existen elementos probatorios concretos” respecto a la posible comisión de delitos del exfutbolista profesional.
De acuerdo con el documento entregado en el Congreso de Morelos, del cual este medio tiene una copia, familiares y amigos de Cuauhtémoc Blanco, así como servidores públicos de la entidad, estarían involucrados en el presunto delito de enriquecimiento ilícito por parte del llamado “último ídolo del barrio”.
Entre ellos aparece su medio hermano, Ulises Bravo Molina, actual dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario (PES); Edgar Riou Pérez; primo y secretario particular del gobernador; Ricardo Bravo Molina, medio hermano, y Jaime Tamayo Godínez, amigo del exfutbolista, entre otros.
Núñez Urquiza puntualizó que el procedimiento legislativo es que en la próxima sesión del pleno del Congreso de Morelos se turne este asunto a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, que preside el morenista Arturo Pérez Flores, para que se inicie el juicio de procedencia.
Una vez que se defina un acuerdo en ese órgano parlamentario, ya sea a favor o en contra –detalló–, lo siguiente es la redacción de un dictamen para discutirse y votarse en el pleno, aunque aclaró que “no existen plazos que determine la ley para que esta solicitud pueda desahogarse en un tiempo determinado”.
Al respecto, el presidente del Colegio de Abogados del Estado de Morelos, Enrique Paredes Sotelo, aseguró que con esta solicitud de juicio de procedencia a Cuauhtémoc Blanco se da un “gran paso” en el combate a la corrupción y a la impunidad en la entidad.
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En entrevista, el abogado comentó que para que avance el juicio de procedencia del mandatario se requiere mayoría calificada en el Congreso local, es decir, que avalen esta solicitud 14 de los 20 diputados locales.
Paredes Sotelo fue quien presentó las denuncias sobre presunto delito de enriquecimiento ilícito de Blanco Bravo y funcionarios de su gobierno, así como la de falsificar documentos que lo acreditaron como ciudadano morelense para competir, en 2015, por la alcaldía de Cuernavaca por el extinto Partido Socialdemócrata (PSD), y en 2018, por la gubernatura de Morelos bajo las siglas del desaparecido Partido Encuentro Social (PES), Morena y el PT.
Detalló que la actual composición del legislativo morelense está dividida en dos partes: la que conforman Morena, el PES y el PT, que suman en total nueve legisladores, y el bloque conformado por el PAN, PRI, PRD, MC, Nueva Alianza y Redes Sociales Progresistas, con 11 diputados, por lo que “no se alcanzará mayoría calificada de ninguna de las partes”.
Aparte, Gerardo Becerra Chávez de Hita, exasesor anticorrupción en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, dijo estar satisfecho por esta solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, aunque también manifestó su temor por las posibles represalias que pueda tomar el mandatario.
Becerra Chávez de Hita fue el que presentó la tercera denuncia que sirvió a la Fiscalía Anticorrupción para presentar el juicio de procedencia, referente a la presunta falsificación de firmas del gobernador en la solicitud de licencia que realizó en diciembre pasado para separarse temporalmente de su cargo e irse de vacaciones a Brasil.
El que hasta septiembre de 2021 era llamado el “zar anticorrupción” en Morelos puntualizó que de avanzar el juicio de procedencia en contra del gobernador en el Congreso local, Cuauhtémoc Blanco, por ley, “tiene que pagar su defensa con recursos propios, no del estado (de Morelos)”.