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Irapuato.- Tras intensificarse los hechos violentos en Michoacán, Guanajuato reforzó la vigilancia y los operativos en la frontera con ese estado para evitar que grupos criminales pudieran llegar a la entidad, informó el gobernador guanajuatense, Diego Sinhue Rodríguez.
La madrugada del pasado domingo se registró un enfrentamiento entre individuos armados que viajaban a bordo de camionetas rotuladas con las iniciales del Cártel Jalisco Nueva Generación, que chocaron a tiros con elementos policiacos en Zamora, y también fue baleada la casa del regidor con licencia y secretario del ayuntamiento, David Martínez Gowman, además de que incendiaron varias camionetas en un autotianguis.
“Sin duda estamos nosotros con el secretario de Seguridad revisando la frontera, nosotros también estamos en comunicación con el gobernador de Michoacán, para trabajar en fortalecer estos trabajos coordinación en materia de seguridad”, dijo en entrevista el gobernador de Guanajuato.
Diego Sinhue añadió que hace unos días tuvo comunicación directa con el mandatario michoacano, Silvano Aureoles,, para precisamente ver cómo fortalecer las fronteras de ambos estados; incluso, ayer Silvano acudiría a Irapuato a la instalación de la Mesa de Seguridad y Justicia de este municipio, pero no llegó.
ZAMORA ERA PRÓSPERA
El municipio de Zamora se extiende en un valle fértil de más de 19 mil kilómetros, y hasta antes de 2010 era considerada la segunda ciudad económicamente más importante del estado y una zona próspera, conservadora y colonial que los gobiernos veían como polo de desarrollo.
Luego de la desintegración de autodefensas en Tierra Caliente, los grupos criminales en la zona se atomizaron para dar paso a una nueva reconfiguración y reparto de territorios entre el crimen organizado.
En este contexto, para el investigador y especialista en crimen organizado, Jerjes Aguirre Ochoa, “la entidad es un laboratorio para la delincuencia organizada de la zona occidente del país, con resultados pesimistas y poco calculados por los gobiernos federal y estatal”.
La ola de violencia que se ha dejado sentir en las últimas semanas, con un saldo cercano a las 20 personas muertas, “no es otra cosa que el resultado de los vacíos de poder y la ambigüedad de los gobiernos, que los grupos criminales aprovechan magníficamente para sembrar el caos”.
Para el investigador de tiempo completo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, los enfrentamientos entre presuntos grupos del crimen organizado, suscitados la semana pasada en el municipio de Uruapan y ahora en Zamora, son también el reacomodo, reparto y lucha que buscan los cárteles para las plazas del narcomenudeo, principalmente de drogas como el cristal, las metanfetaminas y otros derivados de las drogas sintéticas.
EL COMIENZO DEL DESASTRE
Para las autoridades de inteligencia militar y de seguridad nacional, el municipio de Zamora comenzó a ser campo de guerra desde 2014, cuando el cártel de Los Viagras, originario de Tierra Caliente, se vio desplazado de su territorio “natural” por el Ejército y las fuerzas federales, una vez que disolvieron a los grupos de autodefensas.
Los Viagras entonces decidieron asentarse y tomar el control de la zona cercana a la Ciénega de Chapala, que además es punto de tránsito para el Cártel Jalisco Nueva Generación, con el cual mantienen desde hace años una disputa cruenta y despiadada por el control de las zonas limítrofes entre los estados de Jalisco y Michoacán.
La otrora ciudad agroindustrial por excelencia de frutos rojos como la zarzamora y la fresa se ha visto envuelta en los últimos cinco años en una marea de sangre y cadáveres que ningún gobierno municipal se atreve a frenar.
El presidente municipal Martín Samaguey Cárdenas, de Morena, quien ganó las elecciones locales el año pasado, considera que su administración ha hecho en materia de seguridad “lo que le ha correspondido" en el ámbito de sus atribuciones, pero admite que sin apoyo de la federación y el gobierno estatal, “Zamora, como otros municipios, está indefenso ante la fuerza de los criminales”.
Sin embargo, y desde el pasado 1 de septiembre de 2018, cuando tomó posesión, los homicidios violentos han acumulado 200 víctimas.
Actualmente, y desde el año pasado, la dirección de Seguridad Pública se encuentra acéfala debido a la falta de recursos, según ha argumentado el propio alcalde.
