El emblemático caso de la defensora de derechos humanos, asesinada mientras exigía justicia para su hija víctima de feminicidio, inició su trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al notificar al Estado mexicano sobre la denuncia interpuesta en su contra.

Chihuahua, México y San José, Costa Rica, 2 de noviembre de 2020- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado mexicano la denuncia interpuesta en su contra por el feminicidio de Rubí Fraire Escobedo y por el asesinato de Marisela Escobedo, éste último acontecido en diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, cuando desarrollaba una fuerte campaña exigiendo justicia para su hija Rubí y otras víctimas de feminicidio.

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Este caso se ha dado a conocer ampliamente con la emisión del documental “Las tres muertes de Marisela Escobedo”, el cual se estrenó este mes de octubre a través de la plataforma Netflix. Su historia cobra especial relevancia en el contexto actual mexicano, que tan sólo en el mes de junio registró cifras récord de femicidio, con un promedio de 10.3 crímenes de mujeres por día.

La petición (denuncia internacional) fue presentada ante la CIDH en junio de 2019 por la familia de Marisela Escobedo, y las organizaciones acompañantes: el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la organización Mexicanos en el Exilio. Al trasladar al Estado mexicano la petición, la Comisión le otorgó un plazo de tres meses para remitir sus observaciones.

Para las representantes, el inicio del trámite en la CIDH es un avance en un largo camino por la justicia. “Llevar el caso de Marisela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un compromiso con su familia y con su lucha; pero también es la vía para exigir al Estado que reconozca su responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos que se vienen cometiendo particularmente en el Estado de Chihuahua”, indicó Ruth Fierro, directora de CEDEHM.

“El pronto traslado de la petición por parte de la Comisión muestra que este caso es prioritario y emblemático de las deudas del Estado mexicano en materia de derechos de las mujeres. No sólo porque refleja la continua impunidad persistente en los casos de feminicidio, sino también por la falta de garantías de protección de las familias de las víctimas que buscan justicia, quienes se convierten en defensoras de derechos humano enfrentando un sistema corrupto y cruelmente articulado con poderes fácticos”, agregó Vanessa Coria, coordinadora jurídica de CEJIL.

Las organizaciones esperan que, tras la respuesta del Estado, la CIDH decida admitir el caso y que posteriormente encuentre responsable internacionalmente a México por la violación de los derechos humanos de Rubí Fraire, Marisela Escobedo y su familia. Con ello, esperamos que la caminata por el fin de la impunidad, que emprendió Marisela en 2010 continúe avanzando hasta alcanzar justicia.

Los hechos del caso

Rubí Fraire, de 16 años, desapareció a fines de agosto de 2008. Ante la falta de avances en la investigación, su madre, Marisela Escobedo, dejó todo para convertirse en investigadora y defensora de derechos humanos. A partir de los antecedentes que recabó de manera independiente, se determinó que Rubí fue asesinada por su pareja sentimental, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien por entonces ya había huido de Chihuahua.

Gracias a los esfuerzos de Maricela se logró capturar a Barraza, sin embargo, el proceso judicial terminó absolviéndolo. Posteriormente, en la Sala de Casación se logró una sentencia condenatoria, pero Sergio había vuelto a escapar. Fue entonces cuando Marisela comenzó una lucha incansable para exigir la aprehensión del asesino de su hija y emprendió una serie de acciones para conseguirla. La lucha de Marisela atrajo la atención del país sobre las deficiencias del sistema de justicia mexicano y sobre la violencia contra las mujeres en el país.

El 16 de diciembre de 2010, mientras demandaba el esclarecimiento del feminicidio de Rubí, Marisela fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, y en presencia de sus familiares.

Tras el crimen, las amenazas que recibía Marisela se extendieron a su familia: su cuñado Manuel Monge fue asesinado y su familia nuclear tuvo que huir de México para solicitar asilo político, problemática que tampoco ha sido atendida por parte del Estado mexicano.