Nuevo León niega fianzas a feminicidas

Diputados homologan el criterio que considera delito grave el homicidio doloso y el asesinato de mujeres

David Casas / Corresponsal

  · martes 25 de febrero de 2020

En Sonora, el pasado domingo, mujeres salieron a las calles de Hermosillo para exigir justicia y poner alto hacia el acoso, abuso sexual y feminicidios / Foto: Anny Peñuñuri / El Sol de Hermosillo

MONTERREY. El delito de feminicidio ya es considerado grave en Nuevo León, por lo que los presuntos responsables de este crimen no tendrán derecho a fianza y llevarán sus procesos encarcelados, gracias a las modificaciones que el Congreso local hizo a la Constitución del estado.

La iniciativa, planteada por la diputada Karina Barrón y aprobada por unanimidad, reforma al artículo 18 de la Constitución el cual consideraba el homicidio doloso como delito grave, pero no el feminicidio, situación que resultaba incongruente, ya que en los dos delitos se priva de la vida, informó la legisladora.

De esta manera, se impide el que los presuntos responsables de feminicidios huyan y el delito quede impune, pues según datos de la Fiscalía de Delitos Contra la Mujer, sólo 20 por ciento de los casos llegan a una sentencia, dijo Karina Barrón.

Barrón Perales expuso que, en el feminicidio, la privación de la vida se comete por razones de género, su tipificación responde a una finalidad constitucional, pues busca lograr un mayor alcance y protección de los derechos de las mujeres, en especial, el derecho a vivir libres de cualquier tipo de violencia.

La también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género informó que ahora

insistirá para que, en el corto plazo, se aprueben las reformas para contemplar la paridad de género total.

La legisladora Karina Barrón presentó un conjunto de iniciativas para obligar a organismos autónomos estatales a cumplir con el principio de paridad en la elección de sus titulares al imponer la alternancia de género en la elección de los titulares de éstas instituciones , a través de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del estado, a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y a la Ley que Crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos.