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CANCÚN, Q. Roo.- Mientras autoridades de Cancún luchan contra el consumo de alcohol entre los jóvenes y menores de edad, se estima en el principal destino turístico de México la existencia de al menos un centenar de pandillas en diversas zonas, conformadas especialmente en las “regiones”, que son colonias ubicadas en la periferia de la ciudad.
Los miembros de algunas de estas agrupaciones de jóvenes reconocen que en su mayoría han consumido algún tipo de droga, casi todos fuman y beben alcohol, pero reprueban que la gente generalice y los estigmatice como delincuentes.
Los Terkos, de la región 100, señalan que desde hace años se juntan para “pasar el rato”, incluso para jugar una “cascarita” en la calle, y si bien muchos de ellos no estudian ni trabajan “tampoco nos dedicamos al robo, asalto o narcomenudeo, por el contrario, a veces tenemos tanto miedo a las organizaciones de criminales como a la misma policía”, dijo uno de los integrantes de esta pandilla.
Sin embargo, algunos jóvenes, sobre todo menores de edad, han sido relacionados con actos violentos como la reciente sentencia a tres menores de edad por descuartizar a un joven de 21 años, y la aprehensión de un menor de 14 años con armas hechizas de cartón negro.
Por la parte gubernamental todo pinta de colores: “Garantizar la seguridad y derechos de la infancia quintanarroense es y ha sido una prioridad para el gobierno del estado y para la presidenta del Sistema Estatal DIF Quintana Roo, Gaby Rejón de Joaquín, destacó la subdirectora de Atención y Protección a la Infancia y Adolescencia, Norma Salazar Rivera, en la primera sesión extraordinaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) Quintana Roo”.
Y añade que la institución efectúa acciones y estrategias para brindar más y mejores oportunidades de desarrollo a la infancia, por lo que en esta reunión se abordaron temas relevantes sobre el artículo 113 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, que en su tercero transitorio emite que los órganos deben contar con el reglamento, manual de organización y procedimiento administrativo en referencia.
Es por ello que a fin de contar con habilidades de apoyo que emitan recomendaciones sobre las políticas y programas para la defensa e integridad de la niñez y adolescencia quintanarroense, de manera permanente y en coordinación con las instituciones se trabaja en la vigilancia y cuidado de los mismos.
Asimismo, el DIF Quintana Roo como integrante del SIPINNA busca mecanismos para generar políticas públicas con las que los infantes puedan exigir y ejercer sus derechos de manera responsable y así contar con una mejor calidad de vida, finalizó”.
En contraparte, apenas la semana pasada tres menores de edad (entre ellos una mujer) fueron sentenciados como responsables de un homicidio con descuartizamiento de un hombre ocurrido en septiembre de 2017, cuyos restos fueron embolsados y arrojados a un contenedor de basura en el Fraccionamiento Paraíso Maya de Cancún.
La Fiscalía General del Estado informó que derivado de la integración de la carpeta administrativa 11/2017, por el delito de homicidio, los fiscales de la Dirección del Ministerio Público Especializado para Adolescentes en la zona norte, obtuvieron del juez una sentencia condenatoria en contra de tres adolescentes y en agravio de una persona de 21 años de edad.
El juez especializado en justicia para adolescentes otorgó cuatro años de internamiento en contra de los dos varones de 17 y 16 años de edad, y para la adolescente de 15 años le dieron dos años, quienes ya fueron trasladados al Centro de Internamiento en la Ciudad de Chetumal.
Los representantes sociales asignados al caso aportaron los datos de prueba donde demostraron la participación directa de los menores de edad.
Hace dos semana fue aprobada en el Congreso local la iniciativa para evitar la violencia contra los infantes. La diputada (hoy con licencia) Leslie Hendricks presentó la propuesta para reformar y fortalecer la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Quintana Roo.
Hendricks Rubio afirmó que la violencia física o psicológica utilizada como método para corregir ciertas conductas de menores, puede tener el efecto contrario, “violencia puede generar violencia”.
Resaltó que lo que busca es difundir entre los padres de familia; de los encargados de menores como maestros, tutores, educadores y en general a toda la sociedad, el uso de métodos distintos a los golpes o castigos físicos para educar y formar a los pequeños.
Se define como castigo “corporal” o “físico” todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar para corregir alguna conducta, esto a decir de la legisladora.
