La autorización del Congreso del Estado para causar daño a los sospechosos que se introduzcan en sus viviendas o comercios ha destapado una Caja de Pandora que será difícil de controlar.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes (CEDH), Jesús Eduardo Martín Jáuregui, expresó que las modificaciones de ley, conocidas popularmente como “licencia para matar”, son solo un reflejo de la desesperación oficial ante su incapacidad para detener el avance de la delincuencia.

En entrevista, el ombudsman local recordó a legisladores y autoridades que ni la ley es mágica ni el alto índice de robos a casas-habitación que registra Aguascalientes va a resolverse por decreto.

“Lo único que va a pasar en este caso es que la gente, los ciudadanos, van a comenzar a tomar más la justicia en su mano y lo se acarreará con ello una espiral de violencia que después no la vamos a poder contener. Se ha destapado la Caja de Pandora”, consideró.

El día de ayer, legisladores locales aprobaron modificaciones al Código Penal del Estado de Aguascalientes, mediante las cuales se autoriza que, ante la intrusión de un presunto delincuente en sus hogares o negocios y si consideran que la integridad de su familia o patrimonio se encuentra en riesgo, puedan agredir al sospechoso en el grado necesario para detenerlo, sin descartar la muerte del presunto delincuente.

Para el titular de la CEDH, la solución al aumento de la delincuencia en la entidad no es facilitar a los aguascalentenses que puedan tomar venganza, sino que los policías se preparen adecuadamente.

Martín Jáuregui hizo énfasis en que la legítima defensa se encontraba ya contemplada en la ley y ampliar las presunciones para configurar la tipificación de la misma no es conveniente.

Reconoció por último que, al entregar de manera indiscriminadas a la ciudadanía estos instrumentos legales podría propiciarse la existencia de excesos y de más violencia entre la sociedad.