Nuevo León.- La noche de este jueves, al considerar que no tuvo el apoyo para tomar el control de la dependencia, Aldo Fasci Zuazua, renunció a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública en Nuevo León.
Sin embargo, esta mañana Fasci reculó y siempre no renuncia a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, pues “El Bronco”, le dio manga ancha para hacer una limpia en la dependencia y hasta investigar a siete funcionarios presuntamente implicados en corrupción y 80 elementos que podrían estar coludidos con el crimen organizado.
Apenas la tarde del jueves el funcionario había presentado la renuncia al gobernador Jaime Rodríguez Calderón al argumentar que no le dejaban tener el control de la dependencia ni tener gente de su confianza en los mandos.
Por la noche del jueves advirtió que hablaría la mañana del viernes con el gobernador y si le daba el control total de la Secretaría de Seguridad, seguiría en el cargo.
Esto se dio y anunció al Gobernador Jaime Rodríguez la decisión de destituir a siete funcionarios implicados en posibles actos de corrupción en el área administrativa y de gestión penitenciaria, además de la investigación de 80 elementos que podrían estar vinculados con el crimen organizado.
Al término de la reunión diaria de seguridad, Fasci dio a conocer las destituciones y procesos de investigación en la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
"Ordené la destitución de siete servidores públicos de la Dirección General de Administración, también el resguardo de las oficinas y la documentación, y se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles actos de corrupción de ex funcionarios de la Administración Penitenciaria", informó.
"También vamos a presentar denuncias para la investigación de personal que tiene relación con el crimen organizado, vamos a hacer limpia completa en la Secretaría, estamos hablando de 80 personas que serán entre separados, cesados e investigados".
Algunas de las presuntas acusaciones contra funcionarios penitenciarios son el permitir que entraran armas a los penales pero declinó dar mayores informes para no afectar la investigación que se ha iniciado.
También rechazó dar nombres de los siete funcionarios destituidos por sospecha de corrupción ya que, dijo, legalmente no se puede hacer imputaciones públicas por lo que su deber es presentar la renuncia respectiva.
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