Monterrey.- La Comisión Anticorrupción del Congreso local acordó este jueves que es procedente iniciar un nuevo juicio político contra el Gobernador de Nuevo León, Samuel García por presuntas violaciones a las leyes, además estableció que el jefe del Ejecutivo estatal rinda un informe presencial o escrito el próximo 22 de agosto.
Los legisladores señalaron que García Sepúlveda ha violado reiteradamente la Constitución, diversas leyes y mandatos de la Suprema Corte de Justicia.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad por los diputados del PAN y PRI que asistieron a la sesión de la Comisión Anticorrupción, mientras que los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), Sandra Pámanes, Iraís Reyes y Raúl Lozano, así como Anylú Bendición Hernández, de Morena, no acudieron.
Se establece en lo acordado que la denuncia que hicieron los diputados federales Annia Gómez, del PAN y José Luis Garza Ochoa del PRI, tiene elementos de prueba, que una vez verificados, hacen presumir la existencia de las infracciones que contienen las fracciones 6 y 7 de la Ley de Juicio Político del Estado y la probable responsabilidad del Ejecutivo en los hechos que se le señalan.
También se determinó que el próximo 22 de agosto a las 16:00 horas, en el vestíbulo del Congreso, el gobernador haga un informe al respecto, además se solicita que informe quién será su defensor en el juicio o si requerirá de un defensor de oficio.
"Se inicia el procedimiento de juicio político en contra del ciudadano Samuel Alejandro García Sepúlveda, titular del Poder Ejecutivo del Estado", dictaminaron en la sesión de la Comisión Anticorrupción que pide a la Oficialía Mayor del legislativo emplace al gobernador.
"Se instruye a la Oficialía Mayor para que a través de la Dirección Jurídica del Congreso, se emplace al denunciado para que informe a esta Comisión lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copias de la de denuncia y de los demás documentos que la integran”.
El juicio fue solicitado el viernes pasado y el miércoles 14 de agosto se le dio entrada en la diputación permanente, la cual lo turnó con carácter de urgente a la Comisión Anticorrupción que sesionó este jueves.
De acuerdo con la denuncia, hay violación de 18 artículos de la Constitución, cinco artículos de leyes secundarias en siete resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y tres resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la no publicación de decretos, entre ellos uno de la Unidad de Inteligencia Financiera, la no presentación del Presupuesto 2024, la intención del Secretario General de Gobierno de asumir de forma interina la Gubernatura, uso indebido de recursos públicos en fallida campaña presidencial y uso de símbolos religiosos, entre otros.
"El Gobernador sigue sin publicar 23 decretos y más de 100 acuerdos de este Legislativo, además de 56 decretos denunciados ya en otro juicio político", informó Carlos de la Fuente, coordinador de los diputados del PAN en el Congreso.
Por su parte, José Alfredo Pérez Bernal, diputado de Movimiento Ciudadano, advirtió que la Comisión Anticorrupción está cometiendo fraude, en su intento de proceder con un juicio político en contra del titular del Ejecutivo, debido a que, además de ser un tema caduco, el Poder Legislativo y el Judicial actúan en comparsa para dañar al Poder Ejecutivo.
Es decir, el Poder Legislativo y el Judicial pretender aplicar un golpe de Estado disfrazado de legalidad.
“Es un fraude lo que están haciendo. Estamos a escasamente 15 días de que concluya la Legislatura, se presenta un expediente el día de ayer, son más de 800 páginas, lo analizan en 10 minutos, y ya tenían un acuerdo”, acusó Pérez Bernal.
“Es toda una comedia, es un show montado del PRI y del PAN por tratar de conseguir por la vía de una coalición que están haciendo ellos, destituir al gobernador”.
Sin embargo, Pérez Bernal advirtió que estas con ductas por parte del PRI y PAN pueden calificarse como delito federal por tratarse de un Poder Legislativo, que intenta dañar al Ejecutivo en comparsa con el Poder Judicial.
“No le pudieron ganar en las urnas y ahora lo quieren quitar desde el Poder Legislativo y el Poder Judicial”, indicó.
“Eso se constituye en un delito federal, tanto de conspiración como de abuso de funciones y de rebelión. Desde el Poder Legislativo, el Poder Judicial, junto a los órganos autónomos, que ellos mismos han designado, no nada más para obstaculizar, en este caso es algo más grave, quitar a un gobernador”.
Pérez Bernal puntualizó que el juicio político que el PRI y PAN intenta aplicar al Ejecutivo “se tiene que caer, está totalmente desapegado a la Ley”.
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