Olga Sánchez Cordero, acusó que es inconstitucional la ley por la que se le permite al gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, ampliar su mandato de dos a cinco años.
Sin embargo, dijo que no intervendrá en el proceso para no violar la autonomía del Congreso local que aprobó casi por unanimidad la modificación a la Constitución estatal.
“En mi opinión como ministra en retiro, por supuesto que es una reforma inconstitucional, en mi opinión, pero yo como Secretaria de Gobernación tengo que ser absolutamente respetuosa del Congreso local, de los partidos políticos que van a interponer las acciones de inconstitucionalidad y, por supuesto, de lo que resuelva en su momento la Suprema Corte”, opinó en entrevista después de la conmemoración del 147 aniversario luctuoso de Benito Juárez, en Palacio Nacional.
Libra Bonilla recurso del PRD en tribunal de BC
Contestó que la única vía legal para impedir que Bonilla extienda su mandato es mediante la interposición de medios de impugnación y acciones de inconstitucionalidad, tras ser cuestionada sobre la viabilidad de la propuesta del presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, sobre la disolución de poderes en Baja California.
Adelantó que varios partidos políticos la han visitado para avisarle que presentarán impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre ellos el Partido Revolucionario Institucional.
Destacó que el asombro de su respuesta se debe a que en el país no estaban acostumbrados a que se respetara el Estado de Derecho, la división de poderes, autonomía e institucionalidad, pero en este caso acatará lo que finalmente resuelvan tanto en el Congreso local como en la Suprema Corte.
Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados presentó la tarde de ayer una demanda de juicio político en contra de los integrantes del Congreso bajacaliforniano que aprobaron la ampliación de mandato.
La demanda de juicio político la sustentan en los artículos 108 y 110 de la Carta Magna y los relativos y aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su Artículo 7, fracción quinta. “Queremos que se sancione lo antes posible”, dijo la legisladora.
LIBRA RECURSO EN TRIBUNAL
Mientras, en Baja California, al no encontrar suficientes elementos probatorios de que se hizo promoción de los programas sociales del gobierno federal en un acto de campaña, por dos votos contra uno el Tribunal de Justicia Electoral del Estado desechó el procedimiento especial sancionador presentado por el PRD contra Jaime Bonilla.
La presidenta del tribunal, Elva Regina Jiménez Castillo, fue quien presentó el voto particular y recordó que este proceso lo tenía ella pero finalmente no fue aprobado, y entonces que se turnó a otro magistrado, Leobardo Loaiza, quien consideró que no hay elementos probatorios en la violación de la propaganda electoral.
Jaime Bonilla ya ha presentado un incidente de requisación para que ella deje de conocer específicamente del asunto de a gubernatura de cinco años, ya que considera le tiene animadversión, pues Jiménez Castillo en dos ocasiones ha resuelto en contra de la ampliación de mandato del próximo gobernador, por lo que ya rindió un informe al respecto en el cual niega categóricamente lo que señala en los argumentos.
De proceder el incidente en su contra, el pleno para el resolver el tema sería conformado por el magistrado Jaime Vargas Flores, Leobardo Loaiza Cervantes y la secretaria general del Tribunal local, Alma Jesús Manríquez Castro, que tomaría las funciones de magistrada. Con información de Bertha Becerra y Rafael Ramírez