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A quien buscaban era una persona de nombre Francisco. Eran tres hombres armados los que irrumpieron ese primero de julio de 2020 en el centro de rehabilitación “Buscando el camino a mi recuperación”, ubicado en la comunidad de Arandas, en el municipio de Irapuato, y preguntaron por él, pero les dijeron que no había nadie con ese nombre en ese lugar.
Uno de los hombres armados habló por teléfono. “No está”, le dijo a quien estaba del otro lado de la bocina. Tras un par de minutos, asintió con la cabeza y colgó. Entonces les dijo a sus dos cómplices que la orden era matar a todos los hombres que hubiera en ese lugar; 24 murieron en el sitio y tres más cuando recibían atención médica.
A un año de la masacre de 27 personas en Irapuato, la herida sigue abierta para muchos, sobre todo porque a pesar de que tres personas fueron detenidas por este hecho que cobró relevancia mundial, ninguno de ellos ha sido sentenciado.
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Jesús Morales y Mayra López son padres de Jesús, un adolescente de 16 años que fue internado en ese centro de rehabilitación tras haber iniciado el consumo de drogas mientras estudiaba la secundaria, y ambos en el último año no sólo han tenido que lidiar con que su hijo no está más con ellos, sino también con que no han encontrado la justicia que ellos quisieran.
“Ha sido un año en donde las audiencias para conocer la sentencia se han suspendido por diferentes razones, unas que porque hubo cambios de jueces, otras que porque volvieron a cambiar de abogados y mientras tanto el tiempo pasa y nosotros no vemos el castigo a los culpables”, señaló Jesús Morales en entrevista con Organización Editorial Mexicana.
Además, los propietarios de los anexos, como se le conoce también a estos centros de rehabilitación, aseguraron que en el último año tampoco han encontrado eco en sus demandas de regularizar a estos lugares, para que haya un padrón real de éstos, sepan quiénes los operan, en dónde están, pues durante 2020, de los 13 anexos que fueron atacados en Guanajuato, 12 eran clandestinos, es decir, nadie sabía siquiera que existían.
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“Ya han cerrado unos 150 anexos en el estado, entre por miedo y otros porque la autoridad los cerró por operar clandestinamente, pero sí sería necesario que nos tomaran más en cuenta. El tema de las drogas no sólo tiene que verse desde el punto de vista coercitivo, de castigar a quien consuma, también hay que pensar en la rehabilitación y nosotros podemos sumar a eso, pero como que aún estamos estigmatizados”, dijo Nicolás Pérez Ponce, presidente de la asociación civil Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío.
Ataques a anexos continuaron
Nicolás Pérez Ponce señaló que a un año de la masacre ocurrida en la masacre del anexo de Irapuato, los ataques a estos lugares no cesaron.
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“Hay miedo porque no sabemos a quién más le pueda tocar. Por eso queremos que las autoridades sepan quiénes somos, dónde estamos, para poder operar con seguridad”.
De acuerdo con un recuento de Organización Editorial Mexicana, después de la masacre en el anexo de Irapuato, ocurrieron al menos otros seis ataques en el estado.
El primero de ellos ocurrió el cuatro de julio de 2020, en el fraccionamiento Jardines de Celaya, en el municipio celayense, en donde hombres armados asesinaron a una persona dentro de una vivienda que funcionaba como anexo clandestino.
El segundo ataque fue el 23 de octubre de 2020, cuando en el anexo “Fuente de vida”, ubicado en Celaya, cuatro hombres fueron asesinados a balazos dentro de este lugar.
El 19 de enero de 2021, en la colonia España, del municipio de León, un hombre fue asesinado dentro del anexo “Mi primera y última oportunidad” y después se supo que se trataba del dueño de este lugar.
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El 22 de marzo de 2021, cuatro personas fueron asesinadas en un centro de Alcohólicos Anónimos de la comunidad La Purísima, de Apaseo el Grande.
El 11 de abril de 2021, en la colonia Brisas del Pedregal, de León, fue asesinado un hombre a balazos en el interior de una vivienda que funcionaba como anexo, el cual tiempo después fue clausurado.
El más reciente ataque ocurrió el pasado 23 de junio, cuando hombres armados irrumpieron en un anexo ubicado en la colonia Las Trojes, de Celaya, para asesinar a una persona que se encontraba en rehabilitación en ese lugar.
Es decir, nueve personas más fueron asesinadas después del multihomicidio perpetrado en el anexo de Irapuato.
El atacante del cabello azul
La noche del cinco de julio de 2020, la Fiscalía General del Estado informó que había detenido a los tres principales implicados en el asesinato de 27 personas del anexo atacado en Irapuato.
Un día después fue llevada a cabo la audiencia de formulación de imputación por el delito de homicidio doloso, pero en ésta sólo apareció Jesús Emmanuel N., alias El Jordan, el mismo que el 20 de junio de 2020 fue detenido junto con María Eva Ortiz, madre de José Antonio N., alias El Marro, en un operativo llevado a cabo en Celaya.
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Durante la realización de la audiencia, se dio a conocer que los otros dos detenidos estaban en una audiencia ante un juez federal, pues al momento de su captura portaban armas de fuego de grueso calibre.
El Jordan siguió la audiencia desde una oficina del Centro de Readaptación Social de Irapuato, pues por la contingencia sanitaria no se pudo llevar a cabo de manera presencial. Ahí escuchó la formulación de imputación y en la que se le señalaba como presunto coautor de la masacre.
En esa audiencia el representante de la Fiscalía General del Estado presentó 29 indicios para reforzar la acusación de que El Jordan era el presunto coautor de la masacre, pero el más fuerte fue el testimonio de un joven sobreviviente, quien fue el que relató cómo ocurrió el multihomicidio.
En su testimonio dijo que ese miércoles primero de julio, alrededor de las cinco de la tarde, los hombres que estaban internados en ese anexo se encontraban en la parte alta del lugar, pues éste que constaba de dos pisos. Los internos acababan de comer y todos se disponían a ver una película.
Sin embargo, de pronto comenzaron a escuchar golpes en la puerta principal del anexo y posteriormente gritos de las mujeres que estaban en la planta baja.
Acto seguido, se percataron de que habían ingresado tres hombres armados vestidos de negro al anexo, los cuales se dirigían hacia la parte de arriba, donde ellos estaban.
Al llegar al área de dormitorios de la parte alta, los hombres armados obligaron a los varones del anexo a que se pusieran boca abajo. Les preguntaron por una persona de nombre Francisco, a lo que los internos del lugar decían que no lo conocían.
“No está”, dijo uno de los hombres armados por medio de un teléfono, donde otro más les dijo a los internos que si a poco iban a dar su vida por la de ese Francisco que buscaban. Y luego vino la orden: matarlos a todos y entonces vino la masacre.
El testigo relató que los hombres armados caminaron entre los hombres recostados y comenzaron a dispararles, uno a uno; él se hizo el muerto y por eso supo que después de perpetrar el ataque, se fueron hacia la zona donde estaban las mujeres y abajo mataron a Erasmo, el dueño del anexo y quien también fue puesto boca abajo, así como a otros dos hombres que estaban con él.´
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El testimonio del sobreviviente decía que si veía a los atacantes, sí los reconocería, porque cuando estuvieron interrogándolos, se descubrieron el rostro. Uno de los tres agresores fue descrito como delgado, moreno, de boca grande, que tenía tatuajes en cuello, dedos, manos y brazos y quien además traía el cabello pintado de azul y que después fue identificado como Jesús Emmanuel N.; incluso, la vez que fue detenido junto con la madre de El Marro, ese día traía el cabello teñido de azul.
87 balazos para matar a 27
Fueron 87 casquillos percutidos los que se encontraron dentro del anexo “Buscando el camino a mi recuperación”; es decir, fueron 87 los balazos que privaron la vida de 27 personas y que lesionaron a otras seis más durante el ataque perpetrado en la comunidad de Arandas.
Otro testimonio clave fue el de una mujer originaria de Celaya. Ella es esposa del dueño de una barbería donde trabajaba Jesús Emmanuel N. y relató que ese primero de julio, el presunto implicado les dijo por la noche que si lo dejaban quedarse unos días en su casa, a lo que tanto ella como su esposo aceptaron, pues tenían amistad con él, además de que lo conocían por el trabajo.
La misma mujer relató que mientras estuvo en su casa, Jesús Emmanuel N. se tiñó el cabello de negro, pues lo traía pintado de azul; la mujer lo sabía, pues le prestó un traste verde de ella para que pusiera el tinte, objeto que también forma parte de las pruebas.
Sin embargo, ni Jesús Emmanuel ni los otros dos detenidos, de los que poco se supo qué pasó con ellos tras ser vinculados a proceso por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, han sido sentenciados a un año de la masacre que cimbró a Irapuato.
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