El abogado Gabriel Regino acusó hoy al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de fabricar culpables y promover un “juicio a modo” en el asesinato del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, cometido en Nuevo Laredo, el 13 de enero de 2018.
Informó que uno de los inculpados, David Mejía Bravo, presentó una denuncia de hechos en la que acusa a Natanael Isaí Castelán Iturbe, director general de la Procuraduría del estado, de confabulación para fabricar a los culpables del crimen del periodista y cobrar la recompensa de dos millones de pesos.
En conferencia de prensa, el abogado defensor explicó que en febrero de 2018, cuando se ofreció la recompensa, Castelán Iturbe se comunicó con Juan Carlos Yáñez Osornio, quien había sido su cliente cuando estuvo en reclusión en un penal de Tlaxcala.
Comentó que le propuso el “negocio” de presentar a dos conocidos para hacerlos pasar ante los medios de comunicación como autores del crimen del periodista, con la promesa de que seis días después quedarían en libertad y se repartirían la recompensa de a 500 mil pesos para cada uno.
Juan Carlos Yáñez se comunicó entonces con David Mejía Bravo, a quien conoció en el penal de Tlaxcala y vive en Guadalupe, Zacatecas, y le propuso que se presentara como autor de un crimen y “se le hizo fácil aceptar” y propuso a una segunda persona de nombre Adrián Montes Fernández.
Gabriel Regino añadió que el 15 de marzo de 2018, Juan Carlos Yáñez Osornio se presentó en la Procuraduría de Tamaulipas, donde le tenían preparada una declaración incriminatoria “absurda, irreal”.
En ese momento se movieron “algunos hilos muy poderosos” en el gobierno de Tamaulipas y en la Procuraduría local para incriminar no sólo a los dos “chivos expiatorios”, sino también a tres periodistas ajenos a lo ocurrido, “cuyo único hecho es que uno de ellos le había llamado momentos antes de su muerte” al periodista asesinado.
El abogado sostuvo que la intención de Carlos Cantú Rosas de aspirar a ser presidente municipal de Nuevo Laredo, y el enfrentamiento político que tenía con el gobernador Cabeza de Vaca, originó que se manejara que quien ordenó el homicidio de Carlos Domínguez Rodríguez fue el tío del “candidato rebelde”, Rodolfo Cantú García.
Mencionó que el 20 de marzo de 2018 se libraron sendas órdenes de aprehensión contra todos los mencionados por ese “testigo falso”, y se cobró la recompensa de dos millones de pesos.
Luego, el 24 de marzo, en Nuevo Laredo, fueron detenidos Rodolfo Cantú García, Gabriel Garza Flores, Luis Ignacio Valtierra Hernández y Jesús González Zúñiga; tres días después detuvieron en Zacatecas a David Mejía Bravo y Adrián Montes Fernández.
Estos dos últimos se encontraban en Guadalupe, Zacatecas, en el momento en que ocurrió el asesinato del periodista y “por esa razón, la Procuraduría nunca aportó, durante la investigación, la georeferenciación de los teléfonos de los detenidos”.
La única prueba para incriminarlos a todos fue esta falsa declaración de David Mejía Bravo, acotó Gabriel Regino, quien recalcó que “se tiene que hacer justicia”.
Por ello, pidió la intervención de las instancias competentes a nivel federal para que se investigue el caso de manera imparcial y efectiva; y a las comisiones de derechos humanos, principalmente a la nacional (CNDH), que otorgue medidas de protección inmediatas y suficientes para salvaguardar la vida e integridad de los detenidos.
“Se tiene que hacer justicia, es imposible que en un estado se pretenda hacer una justicia virreinal, de virreinato y de contentillo al emperador en turno”, manifestó, al insistir en que la Procuraduría no cuenta más que con una prueba falsa, lo que quedará demostrado a partir del 31 de julio que inicia el juicio oral.
