Las acciones contra la ampliación de la gubernatura de Baja California de dos a cinco años iniciaron. Ayer, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras el PRD presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable de la ampliación “arbitraria” del mandato.
En entrevista, el munícipe indicó que la controversia es por indebido proceso, por no haber llamado a los ayuntamientos a votar la reforma donde se agregan años al periodo de gobierno, y la calificó como un “albazo legislativo”, una “aberración”.
Sánchez Vázquez afirmó que aunque esta reforma aún no se ha promulgado, están dentro del plazo para interponer su queja, pues lo que ellos impugnan es el proceso legislativo. “Presentamos acción jurídica; como ayuntamientos la Constitución mandata que debemos ser llamados a comparecer y no fue así, de haber sido llamados hubiéramos votado en contra”, dijo.
“Hacemos un llamado a los cuatro ayuntamientos para que se sumen en contra del indebido proceso, porque hay que recalcar que aún falta que el Congreso del estado haga la declaratoria”, refirió.
El alcalde señaló que el acto reclamado es contra el indebido proceso ya que no hubo comisiones, fue un acto avasallador. Los diputados, incluidos del PRI y PAN, avalaron reformar el Artículo Octavo transitorio del Artículo 44 de su ley suprema, a fin de que la gubernatura inicie el 1 de noviembre de 2019 y concluya el 31 de octubre de 2024, y no en 2021.
El Partido Acción Nacional señaló que esta es de las primeras acciones legales para revertir la ampliación de mandato en Baja California, y aunque informó que el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, el pasado viernes también presentó un recurso de impugnación, en la oficina de prensa del presidente municipal no tienen conocimiento del hecho.
Hace unos días el gobernador Francisco Vega anunció que en cuanto le sea notificada la reforma aprobada, además de no promulgarla, interpondrá otra controversia constitucional.
Por su parte, el excandidato del PRD a la gubernatura, Jaime Martínez Veloz, y Ángel Ávila, de la Dirección Nacional Extraordinaria, interpusieron ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos contra quien resulte responsable de la ampliación “arbitraria” del periodo de gobierno de Bonilla; detallaron que la denuncia se sustenta en posibles sobornos a diputados que avalaron la reforma.
En el Senado de la República, la legisladora priista Beatriz Paredes Rangel exigió que la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se pronuncie con claridad sobre el caso de Baja California.
Calificó de ilegal e inadmisible las reformas al marco normativo constitucional, al tiempo que pidió que Sánchez Cordero fije su posición de manera oficial, como ya lo hizo como ministra en retiro.
El secretario general de Gobierno de la entidad, Francisco Rueda Gómez, dijo el domingo pasado estar de acuerdo con su homóloga a nivel federal, Olga Sánchez Cordero, al catalogar de inconstitucional la aprobación del cambio años la gubernatura de Baja California.
Asimismo, señaló que el Gobierno estatal no realizará la publicación de esta reforma, que no ha sido enviada por el Congreso al Ejecutivo. “No vamos a convalidar lo que nosotros consideramos un atentado al Estado de Derecho".
