MEXICALI. El gobierno de Baja California asumió el control de los automóviles usados importados, conocidos como autos chocolate, a través del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado, el cual fue aprobado ayer por el Congreso local.
Con esta medida, la administración de Jaime Bonilla Valdez será responsable de la operación, administración, censo e identificación de vehículos de procedencia extranjera que se encuentren y circulen en Baja California mediante un pago anual de sus propietarios.
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Esta nueva ley sólo funciona como una identificación vehicular, por lo cual es importante resaltar que el documento que expida y otorgue ese instituto no acredita la estancia legal de la unidad extranjera en el país.
La reforma también declara ilegales a las asociaciones que gestionan amparos para permitir la libre circulación de autos chocolate, para quienes se contemplan penas de tres a nueve años de cárcel.
El Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación será encabezado por el Secretario General de Gobierno, y tendrá tres vocales que serán el Secretario de Hacienda; el de Economía Sustentable y Turismo, así como el titular de movilidad y transporte del estado.
Jaime Bonilla Valdez propuso la creación del instituto por razones de seguridad, ya que de acuerdo con sus cifras, 85 por ciento de los delitos que se cometen en el estado se realizan con vehículos con placas de Estados Unidos, o que se encuentran amparados por organizaciones.
También argumentó cuestiones ambientales, ya que sólo 44 por ciento del millón de vehículos que se encuentran en el padrón vehicular, cumple con la verificación ambiental, por lo que se hace necesario que los autos chocolate también cumplan este requisito.
ABRE LA PUERTA AL CONTRABANDO, ACUSAN
La Unión de Concesionarios de Automóviles Nuevos (UCAN) considera que el gobierno del estado estará legalizando el contrabando de autos al empadronar y dotar de engomado las unidades que circulan sin portar placas oficiales.
La UCAN, dirigida por Alicia Cabrera Ávila, manifestó su rechazo a esta medida que señalan que contraviene al marco jurídico federal.
“Se persigue instituir un mecanismo paralelo que metódicamente será condescendiente con aquellos que violan la ley, sistematizando así un procedimiento que da luz verde y fomenta una constante situación de ilegalidad plasmando con ello un mensaje de impunidad en el país”, dijo la dirigente.
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La organización asegura que el estado está violando los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad en el pago de contribuciones y el cumplimiento de obligaciones aduaneras, además de incentivar el incumplimiento de las disposiciones federales.
“Baja California sólo cuenta con facultades para embargar vehículos ilegales, su obligación es salvaguardar el estado y no violentar la facultad privativa de la Federación al omitir el embargo de vehículos objeto de contrabando”.
La UCAN considera necesaria la intervención de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Hacienda
