Ayer, dos mujeres perdieron la vida en accidentes provocados por transportistas en Veracruz y San Luis Potosí, situación enmarcada en las protestas que choferes de unidades de pasajeros y de carga mantienen en varios puntos del país para exigir mayor seguridad en carreteras y caminos y que se restrinja la circulación de vehículos al servicio de plataformas digitales.
En el ultimo mes han ocurrido al menos cuatro percances viales con pérdida de vidas atribuibles a la imprudencia de choferes del transporte público, la más grave se registró el 11 de octubre en San Juan del Río, Querétaro, cuando un camión de pasajeros, al intentar ganarle el paso a un tren, fue embestido dejando un saldo de nueve personas muertas.
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La imprudencia al volante por parte de este gremio es una contante en todo el territorio nacional.
En Baja California, por ejemplo, la Dirección Municipal de Transporte Público de Tijuana (DMTPT) detuvo mil 41 unidades en octubre por prestar servicio con exceso de pasaje, no tener completa la documentación, prestar el servicio sin concesión, o modificar recorridos.
TAXISTAS DICEN QUE GANARON; SEGOB LOS DESMIENTE
En Ciudad de México, el Movimiento Nacional Taxista (MNT) amenazó a la Secretaría de Gobernación (Segob) que si en 15 días no realiza operativos contra Uber, Cabify y demás plataformas digitales, harán movilizaciones masivas.
La noche del martes los taxistas comunicaron que habían logrado que la Segob implementara operativos en contra del transporte a través de aplicaciones el todos los aeropuertos del país, y que éstos serían llevados a cabo por elementos de la Guardia Nacional.
Ayer, el subsecretario Ricardo Peralta desmintió la versión de los taxistas y afirmó que no existe tal operativo. Sin embargo, el comunicado de la Segob al respecto detalla que sí se pactó la medida.
Por su parte, Uber reconoció la decisión de Ricardo Peralta de no utilizar a la Guardia Nacional contra sus usuarios en los aeropuertos. A través de un comunicado, le empresa señala que el uso de la fuerza pública en operativos en los distintos aeropuertos, representaría una amenaza al derecho de los usuarios de elegir la modalidad de transporte de su elección.