La encontraron moribunda entre los zacatales, tenía 73 años, era nahua y vivía en Tetlatzinga, Veracruz donde nació. Experimentó una violación tumultuaria por parte de un grupo de soldados el 25 de febrero de 2007. Murió la madrugada del día siguiente. Ernestina Ascencio Rosario, sus familiares y su pueblo siguen esperando justicia.

Fue un crimen de Estado, señalan las organizaciones que apoyan a la familia, sobre todo, las hijas, de Ernestina.

En 2012, luego de haberse agotado todos los recursos para obtener justicia en México, se hizo una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que nueve años después, mañana 4 de diciembre, realizará una audiencia pública del caso.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Las organizaciones peticionarias explicaron que esa audiencia es fundamental porque la CIDH irá al fondo de la investigación, una cuestión de la mayor importancia. La audiencia será a distancia, pero estarán ahí representantes del gobierno de México, de las organizaciones que apoyan a la familia en el caso e integrantes de esa comisión, que es parte de la Organización de Estados Americanos.

Es el camino, señalan las organizaciones sociales, para determinar la responsabilidad del Estado Mexicano por impericia, impunidad y encubrimiento.

La CIDH tardó cinco años en el examen de la petición. Ya pasaron 13 años desde la violación de Ernestina.

A las dos semanas del crimen se cerró el caso, y al día de hoy, el expediente de las pruebas periciales está incompleto porque fueron borrados los nombres de los responsables de la investigación y por el desistimiento y la decisión política de encubrir a los ejecutores de la violación y asesinato, señalan las defensoras de Ernestina Ascencio Rosario .

“Hoy, por fin, se abre una rendija para juzgar al Estado Mexicano”, sostienen.

Acusan que la causa penal se archivó por decisión del gobierno de Veracruz con el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las periciales, hasta ahora son conocidas parcialmente, años después, gracias a la intervención de la Suprema Corte de Justicia.

Se ha sostenido que se trató de un encubrimiento para dejar impolutos a integrantes del Ejército y la imagen del mismo. El 9 de marzo de 2007, el presidente Felipe Calderón Hinojoza, sentenció que Ernestina “murió de gastritis”.

La petición a la CIDH data de 2012. En 2014 se retomó el análisis del asunto, y finalmente en 2017 lo admitió a examen, gracias a quienes insistieron, tras ires y venires para que se haga justicia. Aquel día, a 100 metros de su casa, Ascencio Rosario se hallaba pastoreando ovejas; a 300 metros había un campamento del 63 batallón de Infantería de la zona militar de El Lencero. Ella murió a las 6:30 horas del día siguiente debido al ataque sexual.

La CIDH aceptó la audiencia pública gracias a la tenacidad de las organizaciones demandantes como: Abogados y Abogadas para la Justicia y los Derechos Humanos, el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara AC, la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) y la casa Kalli Luz Marina. Sus hijas desistieron.

El crimen cobró importancia mediática y desde 2007 a la fecha, vuelve a los medios de vez en vez con narrativas extensas y notas coyunturales. Puede decirse que en principio fue un caso de máxima publicidad; el Ejército había aceptado el crimen de violación, por grupos “contrarios”, o guerrilla, pero se unió a la hipótesis de “muerte natural”, luego del acuerdo de Felipe Calderón con José Luis Soberanes, entonces el titular de la CNDH, para unificar versiones tras una segunda autopsia: muerte natural. Dictamen: no fue violada y tres años después la CNDH calificó este asunto de interés de la opinión pública como un “gran fraude”.

No obstante, durante más de una década, el crimen cometido por elementos castrenses ya fue objeto de múltiples piezas periodísticas, de dos tesis de grado en antropología, análisis del expediente, buscando el contexto de los hechos, en una zona, como la de Zongolica, rodeada de pobreza y abandono, donde las indígenas son víctimas de toda clase de discriminaciones y abusos.

Lo que parece claro es que sí hubo violación, así lo constató la necropsia a cargo del doctor Juan Pablo Mendizábal Pérez realizada la madrugada del 27 de febrero, que fue desestimada inmediatamente y el médico despedido tres años después con una nota de irresponsabilidad y negligencia por haberla llevado a cabo en “un lugar inadecuado” y frente a otras personas, ahí en el hospital regional de Tierra Blanca.

Al fin, tras muchas pruebas, alegatos, y testimonios la CIDH prepara su análisis de fondo. La audiencia pública del caso todavía es parte del proceso. Durante estos ocho años, desde que se hizo la petición, el Estado Mexicano, ha dicho, reiteradamente, que no son los hechos como lo son.

Este 4 de diciembre la audiencia pública durará hora y media. Estarán las y los representantes de las organizaciones demandantes y, probablemente, por el Estado Mexicano el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, incluso podría asistir la comisionada de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), o alguna representante del Instituto Nacional de las Mujeres.

ARGUMENTO DE LA INFAMIA: TEMÍAN A LA GUERRILLA

De las teorías académicas se desprende que febrero de 2007 era un año difícil. El gobierno mexicano instalaba retenes y piquetes de soldados en una zona donde operaba la guerrilla –un brazo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)-en la sierra de Tezonapa.

Además, el caso fue mediático porque ese año estaba totalmente reconocido el feminicidio en México con la investigación cameral que dejó en claro que los asesinatos de mujeres sucedían en todo el país sólo por ser mujeres y no solamente en Ciudad Juárez, diagnóstico que dio lugar a la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, promulgada casi al mismo tiempo del crimen, y cuando se había sembrado en todo México al Ejército en la famosa guerra contra el narcotráfico.

En el Informe 144/17 de la CIDH relata el hecho de la siguiente manera: la parte peticionaria alega que el Estado es responsable por la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, indígena náhuatl de 73 años, quien el 25 de febrero de 2007 habría sido violada y agredida sexualmente por miembros del 63 Batallón de Infantería del Ejército, que la noche anterior habían instalado un campamento en las cercanías de su hogar. Sus familiares la encontraron gravemente herida a 300 metros del campamento y, antes de perder el conocimiento, identificó a los soldados como sus agresores.

A pesar de diversos intentos, no lograron acceder a centros médicos cercanos y, trascurridas 10 horas, ingresaron al hospital regional de Río Blanco, el cual no contaba con traductores. Ernestina Ascencio falleció la madrugada del 26 de febrero debido a las graves lesiones que incluían “múltiples desgarros en las regiones vaginal y anal”, que fueron confirmadas en la necropsia realizada por el hospital en conjunto con la ginecóloga de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz.

Marisa Belausteguigoitia –antropóloga feminista- escribió en Debate Feminista en 2007 que el atropello sexual a esta mujer indígena fue una sumatoria de su posición deficitaria (mujer, indígena, pobre, vieja, vinculación de su comunidad con movimientos de autonomía cultural, monolingüe) y ha logrado ir mostrando capa por capa, nivel tras nivel, la profunda impunidad de nuestro sistema jurídico y la desatención, descuido y corrupción de nuestros servidores públicos, sobre todo si se trata de la defensa de los derechos humanos de sujetos marginales.

La periodista Blanche Petrich, en abril de 2007, hizo un extenso retrato de Ernestina Ascencio Rosario. “La señora Ascencio enviudó muy joven. Julio, su primogénito, tenía apenas 11 años y Marta, la menor, era una nena de pecho. Sacó adelante a sus cinco hijos con maíz, frijol y a veces papas. Julio y ella sembraban y cosechaban, hacían sillas, urdían la lana de sus ovejas y hacían mantas y cotones para venderlos. En su mísero cuarto de piso de tierra quedaron, en un rincón, unas cestas llenas de mazorcas. Tuvo 28 nietos. Llegó a tener 25 ovejas y a llevarlas a pastar caminando cuatro kilómetros diarios cada día después de tomar café en casa de su hija Marta. A mediodía la esperaba Carmen, su otra hija, para compartir con ella la frugal comida“.

Carlos Montalvo Martínez, en su tesis para maestría: Ma techcahuacan cualli “¡Qué nos dejen bien, qué nos dejen libres, qué nos dejen vivir!” El conflicto intercultural en el caso Ernestina Ascencio Rosario, cuenta lo que sucedió tras su muerte: “Las señoras pedían a las comunidades, mediante el altavoz, correr a palos a los soldados. Los líderes de la región, como el expresidente municipal Javier Pérez Pascuala pusieron en la balanza la decisión y actuaron. El objetivo fue calmar a la gente.

Era un problema que debía resolver el gobierno de Veracruz”. Esperaron a Fidel Herrera, gobernador del Estado, quien personalmente calmó la sed de justicia al comprometerse de resolver el caso.