Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Familia, de Derechos Humanos y de Salud y Asistencia Social, aprobaron el dictamen que contempla reformas al Código Penal y la Ley de Salud, que establece una temporalidad de hasta 13 semanas para la Interrupción Legal del Embarazo y no 14 como en un principio proponía Morena.
La diputada del PAS Viridiana Camacho Millán, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, no votó el dictamen, ya que su bancada había presentado una reserva para la temporalidad en la interrupción del embarazo, debido a que ellos proponen que sea hasta las doce semanas.
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La propuesta establece crear el delito de interrupción forzada del embarazo sin consentimiento, es decir, se propone para el responsable de una interrupción forzada del embarazo una pena de seis a veinte años de prisión cuando la mujer gestante no haya sido consultada para practicarte una aborto, y para los médicos de ocho a veinte años de prisión si con la interrupción del embarazo se produce además la pérdida de la aptitud o capacidad reproductiva de la víctima.
Igualmente, se propone que los hospitales públicos y privados puedan proporcionar el servicio de interrupción de embarazo en condiciones de calidad y salubridad que garanticen la dignidad humana de las gestantes a solicitud de la interesada, además, los hospitales públicos tendrán la obligación de proporcionar el servicio de manera gratuita.
En el dictamen se establece que los médicos, podrán aplicar la objeción de conciencia, cuando la interrupción del embarazo sea contraria a sus creencias religiosas, siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida de la mujer gestante.
El diputado del PAS, Gene René Bojórquez dijo que todavía hay posturas que no varían en los diferentes partidos, como el suyo que se pronuncia hasta las 12 semanas de gestación, con un sustento jurídico y científico.
“Todavía se está haciendo un análisis minucioso en el tema de la temporalidad, más que nada es lo que está a discusión”, dijo
El diputado del PRI, Luis Javier de la Rocha advirtió que para legislar este tema, primero se debió tomar en cuenta los espacios que hay para atender a estas mujeres con el fin de que puedan ser espacios seguros y una atención integral.
“Para legislar en el tema el Derecho a la vida se debe garantizar infraestructura y presupuesto para atender a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.”, indicó
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Agregó que también se debe contar con personal especializado para acompañar a la mujer en un tema que se considera delicado, que reciban antes de tomar una decisión, terapia psicología, asesoría médica y una vez practicado el aborto, tener un seguimiento que les permita no sentirse solas.
Nota publicada en El Sol de Sinaloa
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