El gobernador Javier Corral Jurado sentenció que la acción de los delincuentes que incitaron a la violencia en las zona centro-sur no quedará impune.
“En Chihuahua el Estado de derecho no se negocia y actuaremos con todo el peso de la ley”, enfatizó el mandatario al emitir un mensaje a la población de Chihuahua tras los hechos de violencia y vandalismo que se registraron el miércoles tras el inicio de extracción de agua de la presa Francisco I. Madero para inyectarla a la cuenta del río Conchos.
Desde el despacho de Palacio de Gobierno aseguró que los daños en el incendio de inmuebles estatal y federales fueron cuantiosos y en documentos la pérdida es irreparable; por lo que los delincuentes, tengan el carácter que sea, pertenezcan a cualquier partido político u organización, recibirán su castigo, ya que se cuenta con videos de dichos incitadores.
En un mensaje a la población chihuahuense señaló que la Comisión Nacional del Agua se empeña en mantener el conflicto, pues cada vez que están a punto de concretar una solución la dependencia actúa de manera unilateral; el problema es un acumulado histórico de la corrupción endémica que existe en Conagua, que incluso ha llegado a mentirle al presidente Andrés Manuel López Obrador a quien se le ha hecho llegar información inexacta.
Expuso que en el conflicto se aprovechan de la causa justa los que hacen uso irregular e ilegal del agua, por lo que consideró es urgente tomar las medidas necesarias para poner fin al robo de agua mediante aprovechamientos irregulares a lo largo de toda la cuenca del río Conchos.
A la vez dijo que es necesario ponerle fin al robo del agua, con lo cual se están regando superficies no autorizadas ni concesionadas, esos delincuentes también se benefician del conflicto. “Es fundamental ajustar su volumen a las concesiones de usuarios de riego para evitar aprovechamientos excesivos”, dijo.
El mandatario estatal hizo un llamado a todos los actores políticos de los diversos partidos donde se incluye el PAN, PRI y Morena, para que actúen de manera ética, sin estar medrando con un conflicto real que afecta a los campesinos de Chihuahua.
“Varios han sido instigadores de la violencia y destrucción, casualmente orientada a desmantelar e incendiar instalaciones del Gobierno del Estado, que no tiene competencia directa en las decisiones de apertura de las presas”, denunció.
Ante ello dijo que la FGE y la FGR integran diversas carpetas de investigación sobre los actores materiales e intelectuales de los hechos de violencia y vandalismo en los que se destruyó patrimonio estatal y federal.
“No permitiremos que en nombre de ninguna causa, por más legítima o genuina que sea, se afecte el patrimonio del Estado, se violen los derechos de los ciudadanos, se agreda a integrantes de las fuerzas de seguridad, se afecte los intereses de las empresas o las oficinas públicas”, sentenció.
Javier Corral aseguró que la postura de Chihuahua ha sido que la contribución que el estado hace al pago del Tratado de Aguas de 1944 no puede ni debe afectar a los productores ni poner en riesgo la actividad productiva.
Reiteró que Chihuahua nunca se ha opuesto a que México cumpla con esa obligación de carácter internacional, pero que hay formas y tiempos distintos a los que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha determinado para conseguir los dos objetivos.
“Hemos insistido al Gobierno de la República en un manejo adecuado, sensible y respetuoso, de un tema que a los chihuahuenses, habitantes del desierto, nos compromete y nos une a todos como parte de nuestra identidad: la defensa y cuidado del agua”.
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