CUERNAVACA. En el segundo día de bloqueos en esta semana por parte de becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, los responsables del programa federal anunciaron que por denuncias anónimas se inició una investigación en contra de las empresas IWET y DyC Jiménez por el manejo irregular del programa, al acumular alrededor de 500 becarios entre ambos centros de trabajo, lo que hace presumir corrupción, aseguraron Daira Vergara, coordinadora federal del programa, y el delegado Hugo Éric Flores, quienes pidieron a los becarios no dejarse manipular políticamente.

Los manifestantes acusan al titular del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar, y a Miguel Ángel Rabadán Castrejón, enlace nacional del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, como los responsables de quitarles la beca al sacar a esas dos empresas.

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No obstante el caos que generaron con las protestas, las autoridades federales aseguraron que mantendrán el diálogo y que ya informaron a los becarios afectados de la situación y que tendrán que buscar otros centros de trabajo para que reciban su apoyo.

La funcionaria federal consideró el caso Morelos como un hecho aislado, pero por el momento estas dos empresas han sido suspendidas y por lo tanto investigadas, "y hoy tienen la oportunidad de integrarse a otro centro de trabajo, y les volvimos a reiterar que ningún joven se va a quedar fuera del programa, que se integren a un centro de trabajo o esperar el resultado de la investigación que se va hacer de manera profunda".

Para el delegado Hugo Éric Flores hay indicios importantes sobre el manejo del programa, y que surgió por denuncias anónimas por lo que se precedió de suspender a estas dos empresas, "no hay direcciones de estas dos empresas, ni forma de comprobar que realmente estos jóvenes están trabajando allí".

Por lo pronto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentará las denuncias penales para que estos hechos sean investigados y en su caso se finquen las responsabilidades correspondientes. Señaló que se desconoce el nombre de los propietarios de las empresas, porque todas se inscribieron en la plataforma del gobierno federal y cada joven eligió el lugar donde podría ser capacitado.

Adelantó que los tres mil 432 centros de trabajo serán investigados en Morelos, que alberga a 33 mil becarios en la entidad, y agregó que esta inspección se hará en toda la república.

En la manifestación que bloqueó la avenida Plan de Ayala, y por primera vez el Paso Exprés, un grupo de jóvenes pertenecientes al programa señalaron, sin presentar pruebas, que se les ha pedido que en lugar de estar afiliados a empresas colaboren con actores políticos o en el partido Morena; si bien no mencionaron desde cuándo ocurre eso, manifestaron que incluso algunos de sus compañeros les han dicho que una vez allí los mandan a realizar encuestas o afiliaciones.