TUXTLA GUTIÉRREZ. La desaparición del niño Dylan Esaú destapó irregularidades en el proceder de la Fiscalía General de Justicia de Chiapas (FGJ), de las cuales doña Guadalupe González es una víctima indirecta, pues mientras buscaban al pequeño las autoridades rescataron a 23 menores supuestas víctimas de trata, de los cuales, 12 son nietos de la señora Guadalupe.
Fue el pasado 21 de julio, que la Fiscalía encontró a los 23 niños y niñas en una casa en San Cristóbal de las Casas gracias a una denuncia anónima, por la cual fueron detenidas tres mujeres, la hija y nuera de doña Guadalupe y otra más, quienes enfrentan el delito de explotación laboral infantil, sin embargo, se presentaron algunas inconsistencias en las acusaciones de la Fiscalía quien ya había acusado antes a un hombre inocente por el mismo caso.
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Primero, ninguno de los 23 menores estaba reportado como desaparecido, sin embargo, la FGJ sustentó las acusaciones contra las mujeres en el hecho de que al tener la tutela de los menores, el delito de explotación se agrava.
A esto se suma que tanto familiares de los niños como colectivos de apoyo a indígenas han documentado omisiones por parte de la Fiscalía y está utilizando tanto a las mujeres detenidas como a los menores como chivos expiatorios.
Sin embargo, Doña Guadalupe tiene la esperanza de que le regresen a sus nietos y liberen a su hija y nuera. Apenas el pasado lunes, la Fiscalía le devolvió la tutela de cinco de sus nietos, aunque aún le faltan siete de ellos.
El tema de la devolución de los menores se ha complicado, puesto que existen errores en las actas de nacimiento que certifican la identidad de los niños.
Esta situación es muy común, sobre todo en familias indígenas que carecen de documentación o viene mal redactada de origen y además, les es difícil conseguir asesoría para arreglarla.
Chiapas es el estado con más menores de edad en situación laboral. 12.8 por ciento de las niñas, niños y adolescentes en el estado trabajan, según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017 del Inegi, la mayoría de ellos bajo condiciones de explotación, ya sea por bandas delincuenciales o por sus propios padres que los obligan a vender artesanías o laborar en el campo para obtener recursos.
La alta marginación ha sido el pretexto de muchas familias, principalmente indígenas, para justificar el trabajo de los menores como ayuda hacia la familia, según estudios del Colegio de la Frontera Sur.
El estado también adolece de un problema de menores desaparecidos o sustraídos de sus hogares. Tras la localización de Dylan Esaú, tras 44 días de búsqueda, el fiscal general del estado, Jorge Luis Lláven Abarca, informó que tiene 230 casos en lo que va de la presente administración de denuncias de menores desaparecidos.
El fiscal asegura que 90 por ciento de las denuncias tiene que ver con conflictos familiares y de custodia y el otro 10 por ciento se da por ausencias voluntarias, es decir, menores de entre 12 y 17 años que deciden abandonar el hogar.
Sólo hay tres casos ya resueltos, de sustracción de menores, como el de Dylan, que fue sustraído por una mujer que no podía tener hijos, por lo que se llevó al menor.
Doña Guadalupe aún espera que le devuelvan a siete de sus nietos que permanecen bajo la tutela del DIF, junto a los otros 11 menores rescatados el 21 de julio.
En tanto la Fiscalía insiste en mantener presas a sus madres, porque según dice, forzaba a los niños a vender artesanías en San Cristóbal, Doña Guadalupe asegurá que los menores sólo acompañaban a las mujeres mientras éstas vendían.
La Fiscalía de Chiapas es señalada por colectivos y defensores de derechos humanos de encarcelar personas sin cumplir el debido proceso. Las organizaciones Colectiva Cerezas y Melel Xojobal han documentado casos como el de Adolfo N., un hombre que fue detenido y luego murió en prisión acusado del secuestro de Dylan que luego fue encontrado bajo el resguardo de una mujer.
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