GUADALAJARA. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió una amplia recomendación con relación a la crisis en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y solicitó se investigue a quienes entre 2011 y 2015 ordenaron la incineración de cuerpos sin identificar así como la reparación del daño a las familias cuyos cuerpos, ya en fechas más recientes y durante la administración del priista Jorge Aristóteles Sandoval, permanecieron en los llamados Tráileres de la Muerte y sanciones para exfuncionarios involucrados.

Se trata de la recomendación 40/19, que inició en 2018, cuando comenzó el conflicto. El 16 de septiembre de ese año la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco comenzó a tener conocimiento de estos sucesos a través de medios de comunicación y redes sociales, cuando se consignó que por las calles de la zona metropolitana de Guadalajara circuló un tráiler que, en su cámara frigorífica, trasladaba, en condiciones indignas, cadáveres de personas fallecidas no identificadas.

Se informó que tanto la CEDHJ como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantuvieron presencia permanente desde septiembre de 2018 hasta febrero de 2019 y en el proceso, que fue identificado por las autoridades como “contingencia del IJCF”, tanto la Fiscalía General del Estado como Ciencias Forenses precisaron que fueron 444 personas fallecidas no identificadas y no reclamadas las que se acumularon y resguardaron al interior de tres cajas frigoríficas móviles y en las cámaras fijas del propio instituto forense.

La CEDHJ advirtió, por su parte, la acumulación de 605 cuerpos, por lo que inició de oficio 604 quejas (una de ellas contiene la indagatoria de dos personas fallecidas) para investigar y determinar si se garantizaron los derechos post mortem y el trato digno a los cadáveres sin identificar, además del cumplimiento de los protocolos.