Para el Ejército Mexicano, la creación de un grupo feminista en la ciudad de Puebla fue motivo de interés para la seguridad pública en 2020, razón por la cual vigilaron de forma exhaustiva las redes sociales de sus integrantes, según revelaron documentos de Guacamaya Leaks, a los cuales tuvo acceso El Sol de Puebla.

A puerta cerrada, el 31 de diciembre de 2020, funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Fiscalía General del Estado (FGE) y del gobierno estatal discutieron la relevancia que el surgimiento de una colectiva dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres tendría para la seguridad regional.

En la Mesa de Coordinación de Seguridad se expusieron las fotografías, nombres y apellidos de ocho jóvenes, presuntamente alumnas y ex alumnas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Esta información fue compartida a los asistentes a través de una presentación en formato digital.

El grupo fue catalogado como “radical” debido a que pretendían “fortalecer el movimiento feminista en el Estado (y) la demanda de la legalización del aborto”.

Las autoridades militares y civiles detectaron que la agrupación de jóvenes buscaba reunirse, en ese entonces, con el propósito de capacitar a sus integrantes y a otras mujeres en cómo “repeler la ‘represión’ por parte de la fuerza pública durante sus movilizaciones y acciones”.

De hecho, distinguieron que las participantes del grupo pretendían enseñar a otras activistas a realizar operaciones en el llamado “bloque negro”.

Según se estableció en el archivo en poder de esta casa editorial, el grupo fue catalogado como “radical”, debido a que, supuestamente, las activistas pretendían “fortalecer el movimiento feminista en el Estado (y) la demanda de la legalización del aborto”

Además, se refirió que el grupo se fundó con base en las influencias de otra agrupación similar, cuyos orígenes vienen del estado de Jalisco. Inclusive, se aseguró que las aportaciones económicas que recibieron provinieron de esta otra colectiva jalisciense, además de la cooperación entre sus integrantes.

También se señaló que la colectiva poblana pretendía proveer alimentos y ropa a personas de escasos recursos económicos, así como a quienes vivían en situación de calle.

A decir de Natalí Hernández Arias, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social A.C. (CAFIS), la “supervisión” de autoridades sobre activistas no sólo es condenable, sino que también reprobable, pues la filtración expone que los recursos de los contribuyentes son utilizados para observar el actuar de jóvenes, quienes sólo buscan promover el cuidado y respeto de sus derechos humanos.

“Es [refutable] que grupos que se organizan para la defensa de sus derechos humanos, específicamente para la defensa de los derechos de las mujeres, sean perseguidos de esta forma, bajo las lógicas de mecanismos de control desde el Estado, en las que se produce una narrativa en la que se nos criminaliza por defender nuestros derechos, una narrativa en la que se infunde miedo a mujeres que se organizan”, declaró con sorpresa en entrevista con esta casa editorial.

Detectan supuesta peligrosidad

Como un punto de relevancia, las autoridades militares y civiles detectaron que, supuestamente, la agrupación de jóvenes buscaba organizar una reunión, en ese entonces, con el propósito de capacitar a sus integrantes y a otras mujeres en cómo “repeler la ‘represión’ por parte de la fuerza pública durante sus movilizaciones y acciones”.

De hecho, distinguieron que las participantes del grupo pretendían enseñar a otras activistas a realizar operaciones en el llamado “bloque negro”, y hasta la elaboración de bombas molotov. Sin embargo, según se constató en el documento obtenido a través de la filtración hecha por Guacamaya, no se logró corroborar ni la fecha ni el lugar del supuesto encuentro con otras mujeres.

Para no invadir la privacidad de las personas señaladas ni poner en riesgo su integridad, el nombre de la agrupación fue omitido por este equipo periodístico. No obstante, es importante señalar que se contactó a una de las personas identificadas como parte de la misma.

En entrevista anónima, la fuente consultada no sólo se deslindó de pertenecer a la colectividad, sino que también defendió desconocer al resto de mujeres apuntadas por las autoridades. Ante ello, aseguró sentirse en riesgo, dado que funcionarios encargados de la seguridad pública la ubicaron erróneamente como un personaje de interés para la sociedad.

Indagan redes sociales de jóvenes

En el documento que fue enviado –a través de un correo encriptado– a cinco destinatarios, entre ellos al titular de la FGE, Gilberto Higuera Bernal; la coordinación de la 25 Zona Militar, así como personal del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (CECSNP), se constató la obtención de información privada de las integrantes del grupo feminista.

No sólo se incluyeron los nombres completos de las mujeres activistas, sino que también fueron plasmadas sus fotografías, y hasta el número telefónico personal de una de ellas.

Del mismo modo, resaltaron que el 9 de diciembre de ese año fue creado un perfil privado desde el cual dio inicio la agrupación. Esto se materializó a través de un canal en la red social Facebook, en el cual se identificaron 42 integrantes. También señalaron el origen de un grupo en WhatsApp, mismo que, aseguraron, era usado para “la comunicación y coordinación de sus actividades entre sus participantes”.

Además, pese a que la colectiva mantenía sus interacciones privadas en ambas redes sociales, las labores de inteligencia permitieron descubrir la agenda diaria de las jóvenes para la primera semana de 2021.

Sin que esa información haya sido suficiente, personal militar y de seguridad pública estatal recabó también los antecedentes de las jóvenes en otras colectivas similares.

Acecho preocupa a activistas

Angustiante, ilógico y condenable, son sólo algunos de los adjetivos que la reconocida activista poblana, Hernández Arias, usó para describir su sorpresa ante la vigilancia de jóvenes feministas en la entidad.

“Es totalmente condenable, es sumamente grave que se tengan estos mecanismos de vigilancia frente a un grupo que, en sí mismo, no debería ser criminalizado o expuesto de esta manera (...) Me parece sumamente delicado y peligroso que se acceda a datos, pues de estas mujeres, y que estos datos puedan estar a disposición de una institución como la Sedena”, argumentó con asombro.

Aunado a ello, hizo hincapié en su rechazo ante la investigación de mujeres jóvenes, pues refiere que los recursos a disposición del Estado mexicano deberían ser usados para impedir que otros grupos, que sí estén enfocados en dañar a la sociedad, sean vigilados.

“Me parece una lógica patriarcal y machista, que se identifique como un grupo de riesgo a estudiantes universitarias y que, al mismo tiempo, no se inviertan los mismos esfuerzos en perseguir grupos delictivos, o a los responsables de feminicidios, o de quienes desaparecen a las mujeres, me parece que no es equiparable (...) Me parece muy fuerte que se inviertan recursos en eso”, reconoció.

Además, declaró que, si bien, el contexto para muchas colectividades feministas en Puebla ha sido adverso debido a la observancia y “cuidado” policial, las filtraciones contenidas en los llamados Guacamaya Leaks prendieron las alertas para quienes defienden con pasión los derechos humanos.

“La seguridad y el autocuidado son un tema central en los movimientos feministas, no sólo por las conductas machistas que cotidianamente se viven, sino por la lógica de criminalización y persecución que han vivido algunas activistas (...) Sin duda esto nos pone un nuevo panorama, repensando que muchas veces la ciudadanía demanda la seguridad al Estado, pero, ¿si es el Estado el que nos está vigilando y criminalizando?”, se cuestionó.

Y aunque la información obtenida por funcionarios federales y estatales se recopiló principalmente a través de redes sociales, Hernández Arias detectó que se infringió la privacidad de las afectadas, dejando aún más dudas sobre el cuidado de la información que autoridades encargadas de la protección ciudadana llevan a cabo.

Por último, insistió en que instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), o su equivalente en Puebla, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH), deben actuar ante las revelaciones proporcionadas por el grupo internacional de hackers; inclusive, al tratarse de un tema de género, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) debe tomar cartas en el asunto.

Nota publicada en El Sol de Puebla