Una historia de ambición por hacerse de una jugosa herencia que les fue negada, se encuentra detrás de la trama de corrupción y fraude que hoy mantiene prófugos a la familia Jenkins, una familia que se negó a renunciar a su riqueza solo para cumplir la última voluntad de su abuelo y creador de toda esa fortuna: William O. Jenkins.
Para entender la historia es necesario contar sobre el origen de William O. Jenkins, un ciudadano americano que nació en Tennessee dentro de una familia sin recursos económicos y murió en Puebla como uno de los empresarios más ricos del país.
La filantropía fue parte fundamental de su vida y en 1954 creó la fundación Mary Street Jenkins, en honor a su esposa fallecida, con el único objetivo de realizar obras de caridad para mejorar el nivel de vida, tanto moral como material, de los habitantes de Puebla.
Es por ello que, marcado por la cultura del esfuerzo, decidió dejar los recursos de la fundación en manos de los poblanos, sin destinar herencia alguna a sus descendientes.
“Siempre ha tenido la firme convicción que en bien de sus hijos, los padres no deben dejarles grandes fortunas como herencia, sino más bien enseñarlos y ayudarlos a trabajar para que ellos mismos ganen lo que necesiten, teniendo la creencia el propio señor testador, que nadie, con capacidad para trabajar, debe gastar dinero que no haya ganado por su propio esfuerzo, y siguiendo este principio manifesta que no es su voluntad dejar a sus hijos riquezas ni fortunas sino más bien ayudarlos a trabajar para que puedan hacer su porvenir con su propio esfuerzo, y declara que es expresa su voluntad no dejar a sus hijos herencia alguna”, indica el testamento que dio origen al escándalo que hoy mantiene envuelto a la familia.
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Hijos y nietos de William O. Jenkins nunca aceptaron la última voluntad de su padre y abuelo, por lo que dieron el primer paso para recuperar lo que creyeron suyo y destituyeron a Guillermo Jenkins de Landa como parte del patronato de la institución en junio de 2013, pues era el único que se oponía al plan de la familia para hacerse del capital de la fundación.
Una vez excluido el único opositor, los Jenkins iniciaron un plan que consistió en cambiar los estatutos de la fundación para permitir el uso de ese capital para donativos y obras de caridad, posteriormente usaron la Fundación Bienestar de Filantropía para “donar” 720 millones de dólares (todo el capital de la fundación original), en un ejercicio de simulación en que participaron tres de los abogados de la familia como representantes legales de ambas fundaciones.
Fue hasta mayo de 2020 cuando la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la ilegalidad de esta operación, una vez que los principales beneficiarios de ese donativo fueron integrantes y socios de la propia familia Jenkins.
Para poder sacar este dinero de su propia fundación, los representantes legales de la familia Jenkins cambiaron el domicilio de la Fundación Bienestar de Filantropía, primero a Barbados y después a Panamá, además de que la convirtieron en una fundación de interés privado para ocultar la identidad de sus beneficiarios, todo esto con la complicidad de funcionarios estatales del sexenio del ex gobernador, hoy fallecido, Rafael Moreno Valle.
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Con el cambio de administración estatal y federal, todo este encubrimiento terminó y la Fiscalía General de la República (FGR) abrió carpetas de investigación que derivaron en órdenes de aprehensión en contra de Guillermo Jenkins Anstead, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins, Roberto Jenkins de Landa, Juan Guillermo Eustace Jenkins, Margarita Jenkins de Landa, Juan Carlos Jenkins de Landa, María Elonia Jenkins de Landa, Manuel Mestre Martínez, Virgilio Rincón Salas, Alejandro González Muñoz y Carlos Román Hernández, que fueron los que orquestaron el fraude.