Torturas, detenciones extrajudiciales, vejaciones, agresiones sexuales, amenazas, tratos degradantes, robo de dinero y productos, así como fabricación de delitos falsos, son algunas de las prácticas de las que presuntamente echaron mano autoridades de seguridad y justicia de Veracruz en contra de seis trabajadores de un comercio.
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En videos, declaraciones ministeriales y misivas enviadas a distintas instancias estatales, nacionales e internacionales, las víctimas de estos hechos –que se dieron el 19 de junio de 2021 en el municipio de Río Blanco— testificaron sobre las horas de terror que padecieron al interior de la bodega Comercializadora de Abarrotes MAGA, S.A. de C.V.
Del informe de Puesta a Disposición de Personas y Objetos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, se desprende que en el caso con número de oficio PM/1723/2021 participaron los policías ministeriales Johan Iván González, Juan Cándido Zilli, Antonio Flores, José Vicente Martínez, Luis Alfredo Gómez, Fredy Mendiola, Raymundo Prado, Quintin Armando Solano y Manuel Emiliano Ramírez.
Entre las evidencias —de las cuales El Sol de México tiene copia— llama la atención el fragmento de un video donde personal civil armado (presuntamente policías) tortura con saña a uno de los empleados de ese comercio, a quien incluso le colocan una bolsa de plástico en la cabeza con la intención de asfixiarlo.
“A las instalaciones de mi fuente de trabajo llegaron hombres armados, quienes me comenzaron a golpear e insultar, preguntándome por mi patrón, quien en ese momento no se encontraba. Ellos insistían preguntando por él al tiempo que más duro me pegaban, en la cara, en el pecho, en el estómago, en todo el cuerpo. No conformes con ello me pusieron una bolsa en la cabeza, asfixiándome y pegándome en el estómago”, indica el testimonio de una de las víctimas.
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Otras dos víctimas, que son esposos (exiliados en Canadá por miedo a represalias), narraron que uno de esos elementos intentó abusar sexualmente de la mujer, pero que su esposo intervino y “fue golpeado salvajemente”.
“En particular uno de ellos intentó abusar de mí, pues me comenzó a tocar el cuerpo y a jalar la ropa (…) El sujeto quería abusar de mí, al tocar por encima de mi ropa interior mis partes íntimas. Se dio cuenta de que estaba en mi periodo, entonces me aventó al piso. Esa fue la razón por la que desistiría de su pretendido abuso”.
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Los hechos narrados por estas seis víctimas se desarrollaron aproximadamente a las 10:51 horas del 19 de junio del año pasado, cuando hombres armados y encapuchados irrumpieron en el comercio con el argumento de que supuestamente ahí había una persona secuestrada.
Luego cambiaron la versión y pretextaron que habían recibido una llamada anónima de denuncia sobre unos hombres que supuestamente estaban robando cerveza.
Hasta el momento dos trabajadores del negocio están detenidos por delitos de “posesión de armas y sustancias prohibidas” que les fueron fabricados, narran las víctimas.
José Antonio May González, propietario del comercio, ha recurrido a distintas instancias sin que hasta el momento se le haya dado una vía de solución a este asunto.
Las peticiones y denuncias se han dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, al fiscal general Alejandro Gertz Manero, a la Fiscalía General de Veracruz, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El expediente también llegó a la efímera Comisión Especial del Senado de la República para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz, aunque en días recientes la Cámara alta anunció su disolución, por presiones de los senadores de Morena.
En tanto, el gobernador veracruzano, Cuitláhuac García, se burló de la desaparición de la Comisión Especial. “Se les cayó el teatro de la comisión patito”, ironizó.