Las condiciones en las que operan las cárceles municipales de Morelos, sobre todo en lo que hace a las “medidas para salvaguardar la integridad física” de las personas privadas de la libertad y sus “condiciones de estancia digna”, empeoraron de manera generalizada en medio de la pandemia, revela un estudio elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM).
De acuerdo con el documento Supervisión de Centros de Arresto y Retención (SCAR) 2021, de 36 centros de arresto municipal que hay en la entidad, 34 obtuvieron una calificación reprobatoria en el primer rubro, mientras que en el segundo reprobaron 33.
En lo que hace a las “medidas (tomadas) contra Covid-19”, el estudio arrojó que reprobaron 17 centros. El único aspecto donde salieron mejor evaluados fue en el de “debido proceso”, donde sólo dos reprobaron, aunque 12 pasaron ‘de panzazo’.
El 26 de enero el gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco Bravo, al rendir su Tercer Informe de Gobierno, aseguró que “el respeto a los derechos humanos son pilares fundamentales” de su administración.
EL SCAR 2021 es un instrumento de evaluación anual realizado por la CDHM que califica las condiciones de estancia digna, medidas para salvaguardar la integridad física de las personas privadas de la libertad, debido proceso y medidas para atender la emergencia sanitaria por Covid-19 en los centros de arresto de los 36 municipios de la entidad y en los cuatro módulos de reclusión preventiva con los que cuenta la Fiscalía General del Estado (FGE).
Se efectúa a través de tres inspecciones aleatorias realizadas al año por personal de ese organismo a cada un de los centros de arresto y detención evaluados.
En una escala del cero al diez, el centro de arresto municipal de Emiliano Zapata fue el que obtuvo la calificación más alta a nivel general, con 7.17. Fue el único que aprobó de forma aceptable la evaluación hecha por la CDHM.
Doce centros también obtuvieron calificaciones aprobatorias pero pasando casi de panzazo, con puntajes que van de 6.06 a 6.77. Se trata de las cárceles de Tepoztlán, Yautepec, Yecapixtla, Atlatlahucan, Xochitepec, Cuernavaca, Jiutepec, Amacuzac, Mazatepec, Puente de Ixtla, Xoxocotla y Axochiapan.
Los 23 restantes reprobaron la evaluación global. Se trata de los centros de Temoac, Temixco, Tetela del Volcán, Jonacatepec, Ocuituco, Cuautla, Tepalcingo, Huitzilac, Tlayacapan, Zacualpan de Amilpas y Zacatepec, con puntajes de 5.03 a 5.85.
También Totolapan, Jantetelco, Tlaltizapán, Miacatlán, Coatetelco, Jojutla, Ayala, Tlalnepantla y Coatlán del Río, con calificaciones de 4.0 a 4.96.
Los centros de Tetecala, Tlalquiltenango y Hueyapan fueron los peor evaluados con puntajes de 3.89, 3.21 y 0, respectivamente.
La calificación promedio de los 36 centros de arresto y retención municipal fue de 5.31, 0.31 puntos menos respecto al año anterior, lo que indica que las condiciones en estos espacios empeoraron.
“Fue posible apreciar un descenso generalizado en las calificaciones de los municipios y de los centros a cargo de la Fiscalía”, indica el informe de la Comisión.
Por áreas evaluadas, 34 reprobaron en el rubro “medidas para salvaguardar la integridad física” de las personas privadas de la libertad, 33 en “estancia digna”, 17 en “medidas contra Covid-19” y dos en “debido proceso”.
TAMBIÉN LA FISCALÍA ESTATAL
Las condiciones en los cuatro módulos de reclusión preventiva con los que cuenta la Fiscalía General del Estado (FGE) son aún peores. Obtuvieron una calificación global promedio de 4.95, lo que significa un retroceso de 2.16 puntos respecto a su puntaje obtenido en 2020.
La Fiscalía Regional Sur Poniente fue la peor evaluada al lograr apenas 4.09 puntos, seguida de la Fiscalía Regional Oriente que obtuvo 5.15.
Por su parte, la Fiscalía Metropolitana fue evaluada con 5.23 y la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes fue calificada con 5.32.
Con base en los resultados, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos emitió una serie de recomendaciones que exhortó a los municipios y Fiscalía atender.
Entre otras, propuso mejorar las condiciones de higiene y saneamiento al interior de las celdas; garantizar la separación entre hombres, mujeres y personas de la comunidad LGBT+; asegurar una adecuada ventilación, luz natural y artificial en las celdas, y contar con inodoros funcionales en espacios que brinden privacidad a la persona infractora, así como con camas, colchonetas y/o lugares destinados al descanso.
También brindar a los detenidos alimentos y agua de manera suficiente y garantizar que existan rampas de acceso en las entradas y salidas.
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Asimismo, contar con protocolos de actuación contra posibles casos de linchamiento; instalar cámaras de videovigilancia o asegurar su correcto funcionamiento; colocar señalización en materia de protección civil; que haya personal médico suficiente en cada centro y capacitar al personal de seguridad en materia de derechos humanos.
Finalmente, realizar tareas de higiene y sanitización en todas las áreas de los centros; dotar de insumos suficientes para la prevención de contagio de Covid; implementar medidas necesarias para no rebasar 50 por ciento de la capacidad de las celdas y priorizar la imposición de multas y medidas alternativas para reducir el hacinamiento.