En los últimos cinco años, tres de cada 10 trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM) adscrito a sus estaciones migratorias en el estado de Chihuahua reprobaron las pruebas de control de confianza.
Del total de servidores públicos evaluados en ese periodo, 196 aprobaron y 78 reprobaron para laborar en las tres estaciones migratorias de ese estado, donde un incendio ocurrido el pasado 27 de marzo, en el centro de detención de Ciudad Juárez, ha dejado un saldo de 40 migrantes fallecidos, a quienes no les permitió salir a pesar del fuego.
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El año pasado, 63 de las 68 evaluaciones a los servidores públicos fueron registradas como aprobatorias y sólo cinco desaprobatorias, de acuerdo con datos que reporta esa institución en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Mientras tanto, el organismo adscrito a la Secretaría de Gobernación registra que en 2018, último año de la pasada administración, del total de 22 elementos del INM a los que les fue aplicada esa prueba de confianza en las estaciones migratorias de Ciudad Juárez, Janos y Chihuahua capital, únicamente seis resultaron certificadas y 16 se rechazaron.
Para 2019, primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, de los 26 servidores públicos de esa institución adscritos a Chihuahua a los que se les realizó dicho examen, sólo cinco lo aprobaron y 21 lo reprobaron.
Al año siguiente (2020), la base de datos estadísticos del INM que publica en la PNT, en el apartado “obligaciones específicas” y en la casilla “procesos de control de confianza”, se indica que el total de evaluaciones fue de 59 y que el personal que no aprobó el examen fue de 11, mientras que 48 funcionarios aprobaron los controles.
Ya en 2021, el organismo a cargo de Francisco Garduño Yáñez —quien fue nombrado por el presidente López Obrador para tomar las riendas del INM el 14 de junio de 2019— registra que 99 servidores públicos de esa institución adscritos al estado de Chihuahua presentaron pruebas de control de confianza, de los cuales 74 las aprobaron y 25 las reprobaron.
Apenas el 3 de noviembre, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó en el Informe de la Cuenta Pública de 2021, correspondiente al tercer año de gobierno del presidente morenista, que el INM no cuenta con un sistema institucional de control de confianza para la generación de información confiable.
Según el reporte, a pesar de que el INM tiene un proceso de certificación de su personal, que es encabezado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza, “se detectó que servidores públicos en la plantilla vigente no aprobaron el proceso durante 2021”.
Este diario informó que en ese mismo reporte se establece que hay algunas anomalías en los perfiles del personal del Instituto Nacional de Migración, mientras que sus manuales no están actualizados.
La ASF examinó 102 currículos de funcionarios del instituto y detectó que siete servidores públicos no acreditaron el nivel académico requerido (posgrado), cinco no justificaron los años de experiencia solicitados y uno no demostró el área de estudio solicitada.
Además, en seis casos se reservó la información, contrario a lo previsto por la PNT. Uno de los perfiles reservados corresponde a la Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, cuyo titular no se conoce públicamente.
De acuerdo con el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Migración, referente a la certificación del personal del INM, la evaluación de los servidores públicos de ese ente que estén en servicio activo comprenden exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, de antecedentes y entorno socioeconómico, así como “las (pruebas) que se consideren necesarias de acuerdo con la normativa vigente”.
En la misma normatividad se puntualiza que “las evaluaciones del proceso de certificación se valorarán en conjunto, salvo la toxicológica, que se calificará por separado, por lo que no se le aplicarán las evaluaciones restantes”.
“En el caso de que el evaluado no apruebe el examen toxicológico, quedará excluido de manera inmediata y definitivamente del proceso de certificación, por lo que no se le aplicarán las evaluaciones restantes”, indica el Reglamento del INM.
Otro caso es el de Baja California, donde se ubica una de las estaciones migratorias más grandes del país, la de Tijuana. En 2022, el organismo realizó un total de 123 evaluaciones de confianza a su personal en esa entidad, de las cuales 108 resultaron aprobatorias y 15 rechazadas.
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En 2018, el INM llevó a cabo 78 pruebas de control entre los servidores públicos adscritos en aquel estado, donde sólo 25 tuvieron un resultado satisfactorio y el resto (53 elementos) reprobó las pruebas.
En Chiapas, donde se asienta la estación migratoria de Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala y que también es uno de los centros migratorios más grandes con los que cuenta el INM en territorio nacional, el año pasado se efectuaron un total de 648 pruebas de confianza, de las cuales 607 fueron aprobatorias y 41 rechazadas. En cambio, en 2018 se realizaron 148 evaluaciones de este tipo y sólo 43 servidores públicos las aprobaron.
