TIJUANA. La detención de Octavio Leal, alías Chapito Leal, presunto líder de una célula del Cártel Arellano Félix, provocó que elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, Policía Municipal y Guardia Estatal resguarden las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) por temor represalias.

El presidente municipal, Arturo González Cruz, habló sobre la posibilidad de que haya venganzas: “Esta resguardada, se toma en cuenta cualquier circunstancia de esa naturaleza. Nosotros vamos a tener todas las precauciones necesarias para que pueda hacerse el proceso judicial correspondiente”.

En redes sociales se manejaban supuestos avisos alertando a la población a no transitar cerca de la FGR debido a amenazas de ataques para liberar a Chapito Leal, decían que podía pasar lo que ocurrió en en octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, donde rescataron a un hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

Ayer, el edificio seguía vigilado por policías y soldados, pero ya en menor cantidad de los que se vieron en el transcurso del jueves, tras la persecución y tiroteo registrado durante la captura de Chapito Leal y otras ocho personas quienes entraron a un lote de autos usados para robar tres automóviles.

“Son nueve detenidos por el tipo de delito de orden federal, como era portación de armas de uso exclusivo del Ejército, situación que supera el delito de robo, por lo cual es competencia de la FGR”, aclaró Carlos Alberto Flores, comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI),

Las autoridades ubican a Chapito Leal al menos desde principios de esta década, y saben que desde entonces ha cambiado de bando entre los cárteles de Sinaloa y Tijuana, hoy rivales y hace muchos años aliados en esta frontera.

La primera vez que cayó en manos de las autoridades fue en 2012, pero solo duró tres años en prisión porque un juez lo liberó. En 2017 lo detuvieron otra vez, pero tampoco pudieron mantenerlo en prisión.

Los mensajes en redes sociales, sobre la posibilidad de un supuesto intento de rescate de Octavio Leal de las instalaciones de la FGR provocaron que varios padres de familia acudieran el jueves a las escuelas cercanas por sus hijos y ayer no los llevaron.