Ésta es la historia de una ciudad que perdió la memoria. Olvidó su nacimiento, sus guerras, sus templos y sus mercados. No hubo ni ruinas que contaran su historia.
Puede ser un cuento de ficción y lo podría contar Tijuana, que con solo 129 años de fundada, ha perdido parte de sus huellas en su frenético crecimiento.
Mario Ortiz Villacorta, cronista de la ciudad, no sólo sostiene que hay un gran rezago en el patrimonio cultural, también acusa que no es por accidente.
“Hemos perdido ya, desde hace varios años, algunos edificios, algunos monumentos que debieron haberse conservado. Pero es por falta de criterio y abuso, ignorancia de algunas autoridades, e incluso mala fe”, asienta.
Y aunque hay una larga lista de prospectos con edificios, cerros, sitios y otros, el Instituto de Cultura de Baja California (ICBC), sólo cuenta seis declaratorias de patrimonio cultural: tres de ellas en Tijuana, una en Ensenada, otra en Mexicali, y la última a nivel estado.
En Tijuana el parque Teniente Miguel Guerrero, el primer Palacio Municipal y la exescuela Álvaro Obregón, son patrimonio cultural desde 2014, igual que el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada y la gastronomía regional Bajamed.
La ex Escuela Cuauhtémoc, ahora Casa de la Cultura en la capital, Mexicali, recibió el nombramiento en 2006.
El patrimonio cultural crea identidad y ayuda a una comunidad a entender su presente para proyectar el futuro. Por eso su pérdida y escasez no son poca cosa.
La investigadora del Colegio de la Frontera Norte (Colef), Ana Lilia Nieto Camacho, lo escribió en su artículo Memoria colectiva y patrimonio cultural.
“Una colectividad recuerda a través de conmemoraciones, rituales, paisajes, edificios, obras literarias o estudios históricos, la ‘memoria’ requiere de medios que permitan la transmisión de conocimiento acerca del pasado”, apuntó.
Piedra y polvo
El cronista Ortiz Villacorta enumera entre las pérdidas el llamado Edificio de la 8, el antiguo Toreo, la Puerta México y el Monumento a la Raza.
El primero es el pasaje más fresco en la memoria tijuanense porque el responsable de su destrucción fue el ayuntamiento encabezado, entre 2010 y 2013, por Carlos Bustamante Anchondo.
El 24 de diciembre del 2011 el Cabildo aprobó venderlo, y la demolición empezó por sorpresa la noche del 30 de diciembre para evadir la fuerte oposición ciudadana.
El argumento del empresario-alcalde fue que representaba parte de la “leyenda negra” de la ciudad y era inservible. Tampoco quiso entregarlo al Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC).
Intentó subastar el terreno prometiendo invertir el dinero en “modernizar” la zona centro, pero la presión social ya atropellada logró frenarlo. Su sucesor, el también priista Jorge Astiazarán, recuperó el predio y construyó allí un parque.
Ortiz Villacorta dice que el edificio estaba “en perfecto estado”. Funcionaban allí la primera cárcel municipal y la estación de policía. También la primera estación de bomberos que tuvo que trabajar por días con el equipo en la calle, y hoy sigue sin un lugar propio y adecuado.
Algo similar ocurrió con el antiguo toreo, afirma el cronista, cuando sus propietarios echaron abajo la estructura que estaba por cumplir 70 años.
Aunque era viejo, asienta, la seguridad podía garantizarse retirando sólo la parte alta de la construcción.
Desde ese graderío la población atestiguó grandes corridas, miró torear a Mario Moreno Cantinflas y a Eulalio González Piporro, sin descontar que cobijó dos deportes de los que Tijuana tiene para presumir: boxeo y lucha libre.
“Ni siquiera aceptaron la sugerencia de que conservaran solamente el pórtico, la puerta de entrada (…) fue indignante”, enfatiza.
Ésta es una de las polémicas alrededor de lo que es o puede convertirse en patrimonio cultural.
Sara Vázquez, encargada de despacho en el ICBC Tijuana, dice que la plaza estaba muy deteriorada.
“Levantarlo o preservarlo necesitaría que el gobierno lo expropiara, y en su momento le metiera dinero para poderlo restablecer. Eso no lo podemos hacer, no tenemos como consejo la posibilidad de hacerlo”, afirma.
La Puerta México en la garita internacional, edificio del gobierno federal que simbolizaba un águila con las alas abiertas, fue destruida también de manera apresurada sin importar la defensa ciudadana.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo justificó en favor de modernizar el cruce fronterizo, aunque no quedó nada en su lugar.
No fue la primera vez en la línea internacional. En la primera mitad del siglo pasado estuvo allí el Monumento a la Raza, pero el gobierno federal también lo borró para la memoria colectiva.
“No estorbaba para nada cuando se construyó la Puerta México. Y se eliminaron algunos edificios, entre ellos el de la aduana, que hubo que dinamitar por lo bien construido que estaba”, afirma Ortiz Villacorta.
Y a la poca visión de las autoridades que han reducido a polvo y piedra parte de la historia del municipio, se suma la joven legislación que algunos sugieren modificar.
La Ley de Preservación del Patrimonio Cultural del estado fue publicada en 1995, y en 1999 fue instalado el primer Consejo del Patrimonio Cultural de Baja California.
Compuesto por los tres niveles de gobierno, profesionistas colegiados y el sector académico, es responsable de atender las peticiones de declaratoria que puede iniciar él mismo, un particular o un exhorto del Congreso local.
El gobernador en turno, que preside el Consejo con el ICBC como Secretario Técnico, es responsable de emitir el decreto, y cada municipio tiene una Comisión de preservación.
“No son trámites muy largos. Lo que pasa es que también hay mucha resistencia”, dice la representante del ICBC Tijuana.
La ley dice que con la declaratoria el estado nombrará un administrador, y hay dueños que no están de acuerdo.
Algunos quieren seguir al frente de sus bienes, y otros pretenden venderlos porque ya no son rentables, mientras la tarea del ICBC es preservarlos.
Burros-cebra
Otra controversia fue la declaratoria del ‘Binomio burro-cebra’. Esas carretas tiradas por un burro pintado con rayas negras donde turistas se fotografían con sombrero y sarape en la icónica avenida Revolución.
La declaratoria fue hecha en 2014, pero el grupo Abogados Animalistas argumentó maltrato animal y un tribunal le dio la razón.
La representante del ICBC dice que el Consejo tiene pendiente esa discusión, y advierte que lo mismo puede pasar con la fiesta brava porque hay interés de declararla patrimonio.
“Hay cierto sector que lo ve desde el punto de vista cultural, y hay otro sector que lo ve desde el punto de vista de maltrato a los animales”, comenta.
La conservación del patrimonio cultural es una tema global que cobra fuerza cuando el desarrollo y la modernidad son presentados como el futuro inmediato e ineludible.
El historiador peruano Luis Repetto, en la revista cultural Pensar Iberoamérica, escribe que no hay una visión conciliadora entre los promotores del futuro y los testimonios del pasado.
“Los grupos hegemónicos modernos han mostrado su capacidad de provocar, sin violencia aparente, fenómenos de olvido colectivo”, asienta.
A lo mejor por eso el historiador Mario Ortiz ataja cuando escucha que la ciudad es joven, porque eso mismo hace urgente corregir el camino.
Otra parte de la tarea es que la población haga suyo el patrimonio sin imposición desde los órganos oficiales. Allí hay avance, pero no siempre ha encontrado apoyo.