SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. Al menos 250 personas de Santa Martha Chenalhó fueron desplazadas hacia comunidades zapatistas luego de los conflictos que se recrudecieron desde el 29 de septiembre pasado, cuando comenzaron los enfrentamientos, balaceras y quema de viviendas por una disputa por tierras.
El Sol de México publicó en días pasados que el Ejército teme un rearme del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) por rechazo a las megaobras del gobierno federal en el sureste y advirtió que busca el apoyo de movimientos sociales, de acuerdo con documentos filtrados por el grupo Guacamaya.
Puede interesarte: Conflicto agrario deja cuatro muertos en la Mixteca de Oaxaca
Del grupo de desplazados, unos llegaron a la comunidad Atzamilho, otros a la de Polhó y unos más se quedaron escondidos en las montañas. De acuerdo con sus testimonios, hay al menos 15 personas muertas, aunque las autoridades no han dado información oficial ni confirmado el número de fallecidos tras este incidente de violencia. El Ejército intentó ingresar a la comunidad, pero al cierre de la edición no había podido.
Al respecto, José Vázquez Gutiérrez, uno de los representantes de los desplazados, dio a conocer que los agresores quemaron varias casas y asesinaron personas, aunque reconoció que no vieron los cuerpos porque huyeron para evitar ser asesinados por la gente armada.
Explicó que el problema se agudizó el pasado 29 de septiembre, cuando Juan Ruiz salió con su familia para vigilar su cafetal y fue emboscado por provocadores, quienes llegaron, destruyeron todo y quemaron la vivienda. Juan se defendió y debido a ello murió uno de los agresores, por lo que Juan y su familia se refugiaron en la casa de un amigo, la cual queda cerca de su cafetal.
Los habitantes de Santa Martha se organizaron y se armaron desde hace varios años para enfrentar a sus vecinos de Aldama por la disputa de 60 hectáreas de tierra, ubicada entre los límites de ambos lugares, pero gracias a un acuerdo, esas tierras se repartieron hace unos meses entre los dos pueblos: al primero le tocaron 27 hectáreas y media, y al segundo 32.5 hectáreas. Con ese acuerdo, habían cesado las agresiones.
Vázquez Gutiérrez comentó que bajo el acuerdo de asamblea, las tierras que le tocaron a Santa Martha se repartirían sólo entre quienes lucharon con sus armas para ganarlas, pero fue después de éstos acuerdos que comenzaron las diferencias entre los pobladores de esa comunidad.
Lo anterior provocó que alrededor de 70 familias tzotziles se separaran del grupo mayoritario, encabezado por las autoridades del comisariado de Bienes Comunales y que fueran perseguidos, por lo que desde el 29 de septiembre comenzaron las agresiones en la zona.
“Exigimos la presencia del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal en Santa Martha para que cesen las agresiones. Nos salimos por miedo; algunos de los que estamos aquí perdimos nuestras casas, las cuales fueron quemadas, y sabemos que otros pobladores están refugiados en otras comunidades como Atzamilho, en los cerros y en otros municipios de la región”, finalizó Vázquez Gutiérrez.
Polhó es un municipio autónomo perteneciente al municipio oficial de Chenalhó, el cual surgió a finales de 1994, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció su creación y los declaró como territorios rebeldes.
El poblado se localiza en la zona de Los Altos de Chiapas, sobre la carretera San Cristóbal-Pantelhó y se compone de veintiocho comunidades, de las cuales doce son ocupadas por desplazados.
➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo
La organización civil Las Abejas, mediante un comunicado, manifestó su preocupación por los asesinatos, la quema de casas y el desplazamiento forzado de muchas personas en la zona de bienes comunales Manuel Utrilla Santa Martha.
“Desde el Concejo de Las Abejas reprobamos la omisión de los tres niveles de gobierno ante los hechos de violencia pues ellos tenían pleno conocimiento de la situación que existe en Santa Martha y no actuaron oportunamente. Nos indigna que sea una costumbre de los gobiernos actuar cuando ya ha ocurrido una tragedia; la violencia y los desplazamientos forzados no se debe normalizar, pues son violatorios a los derechos humanos y, como tal, deben ser prevenidos, investigados y sancionados quienes las cometen”, señala el comunicado.
